Allanamiento a la libertad de Expresión

A las siete de la mañana de ayer jueves de 22 enero, en un operativo policial que incluyó el cierre de varias cuadras a la redonda y el forzamiento de puertas, fue allanada la junta de vecinos en la que funcionaba desde hace dos años la radio comunitaria La Victoria, en la comuna del mismo nombre, llevándose todos sus equipos de transmisión.

La supuesta ilegalidad cometida por los pobladores que operaban la radioemisora, era transmitir sin una concesión otorgada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, según establece el artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, cuerpo normativo impuesto mediante decreto supremo por la dictadura militar -y hasta la fecha no reformado-, que faculta la incautación, multa y cárcel para todos aquellos que operen dichos equipos sin concesión o faciliten infraestructura para su funcionamiento. Disposiciones que de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, constituye una criminalización de la transmisión sin licencia, en abierta vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al respecto, cabe destacar que en abril de 2010 el parlamento aprobó la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, publicada en el Diario Oficial como ley de la República el 04 de mayo del mismo año. Sin embargo, a casi cinco años de su promulgación las autoridades aún no han evacuado el reglamento que permite su adecuada aplicación, contando para ello de un plazo de seis meses, ni ha abierto concursos de concesión para garantizar el acceso igualitario a estos servicios. Rezago que expone a abierta indefección a radioemisoras que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión, como es el caso de Radio La Victoria.

Condenamos este grave atropello a la libertad de expresión y, del mismo modo en que exigimos una asamblea constituyente para nueva constitución, alentamos a que estos enclaves de la dictadura que permiten la persecución de las ideas sean derogados, a fin de garantizar el derecho a la comunicación de la ciudadanía.

Asimismo, exigimos que se tramite una ley marco que permita democratizar las comunicaciones en Chile, considerando -como han hecho otros países de la región- espacios porcentuales equivalentes para medios públicos, privados y sin fin de lucro o comunitarios, en uno de los países con la mayor concentración en la propiedad de medios de comunicación, garantizándose así una diversidad de actores y una democracia plena. Puesto que como bien advierten los Principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los monopolios y oligopolios “conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”

Paulina Acevedo Menanteau, periodista y comunicadora en derechos humanos