Portuarios denuncian perder beneficios Fonasa y costear de su bolsillo tratamientos que deberían asumir mutuales

  En la ocasión Navarro anunciará los motivos por los que se restará a asistir a la inauguración del “Memorial 27F”, encabezado por el Presidente Piñera en Concepción.

·         Hasta las oficinas del director regional de la zona centro sur de Fonasa, Arturo San Martín, concurrirán el senador del MAS junto a los voceros de la Unión Portuaria del Biobío, “puesto que ahora, los portuarios que recibieron sus pensiones de gracia se están viendo imposibilitados de comprar bonos Fonasa, quedando en calidad de indigentes, cuando de principio, deben ser las mutuales las encargadas de cubrir los gastos de sus tratamientos y enfermedades profesionales, como dolencias en columnas y rodillas producto del trabajo pesado”, afirmó Navarro.

·         Asimismo, indicó: “Le solicitaremos a Arturo San Martín se  cree una Junta Médica especial de Fonasa que revise todos los accidentes laborales y enfermedades profesionales que son rechazados por las mutuales y la superintendencia de Seguridad Social y que son derivados al Fondo Nacional de Salud FONASA, las que claramente son fruto del trabajo pesado y que el sistema público está costeando como curativas".

 

Las protestas de los trabajadores portuarios de la Región del Biobío que a fines de marzo de este año paralizaron obras en solidaridad y exigencia de la reincorporación de trabajadores y dirigentes despedidos en Antofagasta trajeron millonarias pérdidas al país. Esta vez, indicó el senador Alejandro Navarro, “advertimos que si portuarios de Talcahuano, San Vicente, Penco, Lirquén, Coronel y San Antonio, que dejaron de recibir beneficios de Fonasa al recibir pensiones de gracia, producto del desgaste físico, no son cambiados de tramo, lo que habrá será una paralización y mucho peor que la de marzo de este año”.

 

Navarro comentó: “El 16 y 17 de mayo de 2013, aquellos portuarios que por razones de edad y salud, tras desempeñarse en labores declaradas como trabajo pesado, hoy se encuentran enfermos de su espalda, columna y brazos, han tenido que dejar de trabajar de por vida, se adjudicaron pensiones de gracia de $248.000”. Lo desfavorable, según señaló el Senador del MAS, es que “FONASA ha tenido que hacerse cargo de la atención de estas enfermedades profesionales, en circunstancias de que por ley, son las mutuales quienes deben asumir los costos de esos tratamientos, lo que claramente no corresponde”.

 

Y detalló que “peor aún, estos trabajadores se encuentran actualmente como cotizantes letra D, lo que implica que al momento de asistir al sistema de salud público, tienen que cancelar con sus propios recursos, en circunstancia que están pensionados”. Ante lo cual, le indicarán al director regional de Fonasa, Arturo San Martín, “es necesario que FONASA regularice la situación de los portuarios que comenzaron a recibir pensión de gracia puedan seguir comprando bonos y que las mutuales asuman los costos de sus enfermedades profesionales”, manifestó.

 

Otro punto que de acuerdo al congresista de la Región del Biobío es relevante explicitar es que “los portuarios que recibieron su pensión de gracia, no han recibido ningún peso por indemnización por años de servicio, siendo que muchos de ellos entregaron más de 40 años de su vida al trabajo en el puerto”. En ese plano, Navarro planteará: “Redactaremos un proyecto de ley que permita a los trabajadores hacer un retiro programado de sus fondos de pensión o en su defecto se les entreguen sus fondos, para que así puedan emprender algún negocio para solventar su economía familiar”.

 

Aprovechando la cita con el director de Fonasa, Navarro le recordará a la autoridad que “a principio de este año, bajo el contexto de que las mutuales no reconocen las enfermedades profesionales y accidentes laborales, es que se le traspasaron esos gastos a las isapres; en particular fueron cerca de dos mil millones de pesos a Más Vida”. A lo que adelantó: “Le solicitaremos a Arturo San Martín, entonces, que al igual que a los portuarios, se revisen todas las calificaciones que las mutuales como la Superintendencia de Seguridad Social han rechazado como laborales y que el sistema público ha debido costear como curativas", señaló.