Tribunal envía a prisión preventiva a Joaquín Lavín León por fraude al fisco y tráfico de influencias
El momento exacto en que Joaquin Lavin León se va esposado a prisión preventiva. pic.twitter.com/D6885dPoez
— Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) May 8, 2026
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, tras una extensa audiencia de formalización en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción y fraude vinculados al uso de recursos públicos.
La decisión fue adoptada por el juez Daniel Urrutia, quien dio por acreditados los delitos imputados por el Ministerio Público contra el exparlamentario, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
En el caso de Arnaldo Domínguez, exasesor de confianza de Lavín León, también se consideraron acreditados delitos de cohecho, infracción electoral y delito tributario.
“Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) la libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad”, sostuvo el magistrado al decretar la medida cautelar más gravosa para ambos imputados.
El tribunal fijó además un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.
La imagen del exdiputado saliendo esposado del tribunal marcó un fuerte impacto político para uno de los apellidos históricamente más influyentes de la centroderecha chilena
La causa es encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, que sostiene que los hechos investigados no corresponden a irregularidades aisladas, sino a un esquema sistemático de utilización indebida de recursos públicos con fines personales y electorales.
Según el Ministerio Público, el eventual perjuicio fiscal asciende a 104 millones de pesos.
La fiscal Constanza Encina solicitó la prisión preventiva tanto para Lavín León como para Domínguez, petición que también fue respaldada por el Consejo de Defensa del Estado.
Uno de los elementos centrales de la investigación se relaciona con la utilización de facturas ideológicamente falsas presentadas ante el Congreso Nacional como supuestos gastos operacionales.
De acuerdo con antecedentes de la causa, esos recursos habrían sido utilizados para saldar deudas derivadas de campañas políticas ligadas al entorno del entonces diputado.
Facturas falsas y campañas de la UDI
La investigación reveló además antecedentes sobre pagos vinculados a la imprenta MMG, empresa ubicada en Santiago Centro que habría prestado servicios de propaganda electoral a diversos candidatos de la UDI.
Según testimonios incorporados a la carpeta investigativa, la imprenta era utilizada regularmente por candidatos gremialistas para producción de material de campaña.
El problema surgió cuando, a fines de 2021, Joaquín Lavín León mantenía deudas pendientes con la empresa por trabajos asociados a campañas de constituyentes y concejales cercanos políticamente a él.
Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen figuras mediáticas como el cantante Miguelo y el exintegrante de “Sábado Gigante”, Horacio Saavedra.
El dueño de la imprenta declaró ante la fiscalía que, tras no obtener respuesta respecto al pago de servicios adeudados —que ascendían a más de 8,8 millones de pesos—, advirtieron que iniciarían acciones judiciales.
Según la tesis de la fiscalía, fue en ese contexto cuando comenzaron a presentarse facturas falsas ante el Congreso para justificar supuestos gastos operacionales inexistentes y obtener reembolsos con fondos públicos.
Caída política de un apellido emblemático
La formalización representa un golpe político significativo para Joaquín Lavín León, quien durante años fue visto como parte de la renovación generacional de uno de los clanes políticos más relevantes de la derecha chilena.
El exdiputado enfrentó la audiencia ya sin fuero parlamentario y tras haber renunciado a la UDI, partido donde desarrolló gran parte de su trayectoria política.
La investigación se suma además al complejo escenario judicial y político que rodea a su entorno familiar, particularmente tras las causas que han involucrado a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Mientras la defensa insiste en que las irregularidades corresponden a errores administrativos y descarta la existencia de delitos, la fiscalía sostiene que existen antecedentes suficientes para acreditar una estructura destinada al desvío de recursos públicos.
La decisión del tribunal de decretar prisión preventiva profundiza así uno de los casos de corrupción política más delicados que enfrenta actualmente la centroderecha chilena.
Fuente: Radio Bío Bío y redacción del Clarín
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