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Funa a ministra de Ciencias: Corte de Valdivia declara inadmisible querella del Ministerio de Seguridad Pública



Valdivia, 8 de mayo de 2026 – En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la ampliación de la querella presentada por el Ministerio de Seguridad Pública en la causa por el atentado contra la autoridad ocurrido el 8 de abril en el campus Isla Teja de la Universidad Austral.La Primera Sala del tribunal –integrada por los ministros Juan Ignacio Correa Rosado, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Soledad Orellana Pino– acogió el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública y declaró inadmisible la acción del Ministerio, al concluir que este carece de legitimación activa para querellarse al amparo de la Ley de Seguridad del Estado.Los jueces sostuvieron que la legitimación del querellante debe examinarse precisamente en la etapa de admisibilidad de la querella, conforme al artículo 114 e) del Código Procesal Penal. “No corresponde postergar este debate para una etapa procesal posterior”, enfatizó el fallo.Según la resolución, la Ley sobre Seguridad del Estado y sus modificaciones (particularmente la Ley N°21.730) mantienen expresamente en el Ministerio del Interior la facultad de interponer este tipo de querellas, sin otorgársela al Ministerio de Seguridad Pública. Los ministros destacaron que esta distribución de atribuciones es coherente con el rol del Interior en el gobierno político y local del territorio, tanto a nivel nacional como regional.El tribunal subrayó además los principios que rigen el proceso penal chileno tras la Reforma Procesal Penal: la preeminencia del Ministerio Público como titular de la acción penal pública y la necesidad de evitar la proliferación indiscriminada de querellas que puedan afectar la igualdad de armas entre las partes.Con este fallo, se declara inadmisible la ampliación de querella presentada por el Ministerio de Seguridad Pública el 22 de abril de 2026 en el Juzgado de Garantía de Valdivia. La decisión se adoptó sin costas.El caso sigue abierto por el delito de atentado contra la autoridad, pero la participación del Ministerio de Seguridad Pública como querellante ha sido descartada por la Corte de Valdivia.

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