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Afuncaj Bio Bio alerta: Ley de Reconstrucción de Kast amenaza programas sociales y el acceso a la justicia

Afuncaj Bio Bio alerta: Ley de Reconstrucción de Kast amenaza programas sociales y el acceso a la justicia

 

Dirigentes de las Corporaciones de Asistencia Judicial del sur del país advirtieron que la iniciativa del Gobierno podría provocar millonarios recortes fiscales, despidos en el sector público y un grave debilitamiento de programas que protegen a niñas, niños y adolescentes garantizando derechos fundamentales a la ciudadanía.

 

En medio de la discusión legislativa del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, diversos gremios y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por los eventuales efectos que la iniciativa podría generar sobre las finanzas públicas, el empleo estatal y la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales.

 


La propuesta contempla una disminución significativa en la recaudación fiscal, estimada en cerca de US$4.500 millones anuales, debido principalmente a la reducción del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23% y a la reintegración total del sistema tributario. Según distintos análisis, esta menor recaudación obligaría al Ejecutivo a aplicar importantes recortes presupuestarios para compensar la caída de ingresos.

 

Al respecto, el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, Enrique Águila, advirtió que de concretarse estas reducciones del gasto público podrían verse seriamente afectados programas esenciales de atención social.

 

“Podrían producirse desvinculaciones, congelamiento de contrataciones y un debilitamiento institucional que impactaría directamente en la atención de las personas más vulnerables”, señaló.

 

El representante gremial, quien además integra el programa Mi Abogado, encargado de la representación judicial de niñas, niños y adolescentes, enfatizó que una disminución de recursos en este tipo de instituciones podría tener consecuencias graves.

 

“Reducir los recursos destinados a programas que protegen a la infancia puede lesionar de manera irreversible un derecho consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile”, afirmó el también abogado.

 

Si bien Águila reconoce que el proyecto incorpora algunas herramientas que podrían contribuir a la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes y a la reactivación del empleo, sostuvo que el debate legislativo debe corregir aquellos aspectos que, a su juicio, consolidan privilegios tributarios y debilitan el rol del Estado en beneficio de los sectores de mayores ingresos.

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