Después de esta aprobación, la política debe ser tramitada en la Secretaría General de la Presidencia para consideración de la firma del Presidente de la República.
El Consejo de Subsecretarios y Subsecretarias de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) aprobó la nueva Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria 2026–2036, un instrumento estratégico que refuerza el compromiso del Estado de Chile con la protección de la salud de las personas, los derechos de los consumidores y la competitividad del sector agroalimentario.
La aprobación del Consejo se concretó en la sesión realizada el 22 de diciembre, en dependencias del Ministerio de Agricultura, instancia presidida por el Subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, y que contó con la participación de autoridades de los ministerios y servicios con competencias en inocuidad y calidad alimentaria. A la reunión asistieron la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli; el representante de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Pino; la Subsecretaria Subrogante de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Beatriz von Loebenstein; el Subsecretario Subrogante de Pesca y Acuicultura, Javier Rivera; el representante del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Sebastián García; y el Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, Dionisio Faulbaum. Asimismo, participaron como observadores la Directora del Instituto de Salud Pública, Catterina Ferreccio; Subdirector de Inocuidad y Certificación de Sernapesca, Héctor Escobar ; y el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, Óscar Camacho.
Durante la sesión, el Subsecretario de Agricultura destacó la relevancia de la política como una herramienta concreta para fortalecer el sistema alimentario nacional. “Esta política no es solo un marco conceptual, sino una orientación práctica para mejorar cómo el Estado previene riesgos, protege la salud de las personas y fortalece la confianza en los alimentos que se producen y consumen en Chile. Hablamos de sistemas de control más preventivos, de mejor trazabilidad frente a alertas sanitarias y de apoyar al sector productivo para que cumpla estándares cada vez más exigentes, especialmente en los mercados internacionales”, señaló Alan Espinoza.
La nueva Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria establece un compromiso del Estado para abordar, de manera integral y multisectorial, los desafíos actuales y futuros en esta materia. Su enfoque sistémico promueve una mayor coordinación entre las instituciones públicas, el sector productivo, la academia y la ciudadanía, incorporando principios como, la ciencia como base de la toma de decisiones en inocuidad, el enfoque preventivo basado en riesgos alimentarios, la responsabilidad compartida, y la mirada de “Una sola salud”, que reconoce la interrelación entre la salud humana, animal, vegetal y el medio ambiente.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, Dionisio Faulbaum, valoró la aprobación de la política como un hito institucional. “ACHIPIA cumple 20 años coordinando el sistema nacional de inocuidad alimentaria. La aprobación de esta política representa un avance significativo, porque entrega una visión común de largo plazo y sienta las bases para una institucionalidad más articulada, moderna y preventiva, centrada en la protección de la salud y en el fortalecimiento del sector agroalimentario”, afirmó.
El Seremi de Agricultura de Ñuble, Antonio Arriagada destacó el aporte en la región, “En Ñuble, esta política se aterriza con acciones concretas a través de ACHIPIA: Inocuídate en la Escuela, que instala cultura de inocuidad desde la infancia, y el proyecto de cooperación Chile–México para el fortalecimiento de mujeres hortaliceras, que eleva capacidades y buenas prácticas en la Agricultura Familiar Campesina. Nuestro compromiso es seguir articulando a los servicios del agro y a los actores territoriales para avanzar en alimentos más seguros, mayor confianza ciudadana y más oportunidades para los productores y productoras.”
La política proyecta su acción para la próxima década, con énfasis en fortalecer la capacidad del país para anticipar riesgos de inocuidad, enfrentar desafíos emergentes que puedan afectar la inocuidad, como es el cambio climático, avanzar en trazabilidad y control del fraude alimentario, modernizar la red de laboratorios, fortalecer la formación continua de las personas que trabajan en inocuidad y promover una mayor participación de las regiones en la toma de decisiones.
Después de esta aprobación, la política debe ser tramitada en la Secretaría General de la Presidencia para consideración de la firma del Presidente de la República.
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