Es urgente hacer frente a la violencia del modelo forestal industrial y los incendios forestales catastróficos

Según el informe “Catastro Nacional de Tierras derivadas de la Reforma Agraria” del año 2003, la industria forestal chilena se funda en las tierras de la ex-CORA, ocupando principalmente las tierras de las familias campesinas e indígenas. Se puede afirmar entonces, que el actual modelo forestal industrial, fue uno de los sectores productivos más beneficiados con el proceso de contrarreforma agraria, llevada a cabo por la dictadura cívico militar y que se desató sin ningún contrapeso después del golpe de Estado perpetrado el año 1973, por la derecha política de nuestro país.

Es ampliamente conocido que uno de los principales ideólogos del modelo forestal industrial actual fue Fernando Leniz, ex ministro de economía del dictador Pinochet, quien siempre estuvo ligado al negocio de la industria y las plantaciones forestales, cuyo legado es reconocido y defendido hasta nuestros días por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). Otro “personaje” que tuvo relevancia en la implantación y expansión del actual modelo forestal industrial, fue el ex yerno del dictador, Julio Ponce Lerou, quien, una vez impuesto como director de la CONAF después del golpe, facilitó la implementación del pago de las bonificaciones a las plantaciones forestales establecidas en el DL N°701, que siguió vigente en los gobiernos democráticos hasta el año 2013.

Desde sus inicios el modelo forestal se gestó bajo extrema violencia contra las familias campesinas e indígenas, que sufrieron violaciones de lesa humanidad incluyendo torturas, encarcelamiento, desaparición, secuestro, asesinato, exilio en el proceso de despojo de sus tierras y el desplazamiento forzado de miles de familias, lo que ha sido ratificado por organismos internacionales de derechos humanos.

La implantación forzada de este modelo forestal industrial tuvo como una de sus principales consecuencias la extrema concentración de la propiedad de la tierra en manos privadas. Solo en la región del Bío-Bío hay 900 mil has. plantadas con pinos y eucaliptos, en manos de los dos grupos económicos dominantes (Matte-CMPC y Angelini - Forestal ARAUCO). En esos extensos territorios no existe posibilidad alguna de participación de los habitantes en el destino, ocupación y actividades que allí se desarrollan. Esto muestra, con toda su crudeza, la dictadura del capital en la propiedad de la tierra.

La violencia con la que se origina el modelo forestal industrial, se manifiesta y mantiene a través del tiempo hasta nuestros días, ahora con los incendios forestales catastróficos.

Durante las fiestas de año nuevo, del año 2012 un gran incendio forestal se generó y propagó en la región del Biobío afectando a las comunas de Quillón, Florida, San Rosendo, Bulnes y la comuna de Ranquil. En ese siniestro 224 familias, en su mayoría de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) perdieron sus viviendas y se quemaron 28.000 ha de campos, incluyendo plantaciones forestales de las grandes empresas y terrenos de la pequeña propiedad agrícola.

Poco después, el 12 de abril de 2014 en Valparaíso, se desata otro incendio provocando una tragedia de gran envergadura donde fueros siniestradas 2900 viviendas y se perdieron15 vidas humanas.

También se mantiene muy viva en nuestra memoria, la catástrofe del año 2017 que afectó a varias regiones del país, en especial el incendio forestal que se inició el 26 de enero de 2017 en la región del Maule y que arrasó con la Villa Santa Olga, donde se quemaron más de mil viviendas.

Así, con este lamentable registro llegamos hasta este año 2023, donde seguimos engrosando la lista de catástrofes provocadas por los incendios forestales. Aunque la temporada aún no termina y aún se combate para controlar un número importante de incendios forestales en la zona centro sur del país, ya van 434.797 has. quemadas (al 16-02-2023); 1.504 viviendas destruidas; 7.041 damnificados; y 25 personas fallecidas.

El daño económico y material para las familias campesinas e indígenas producido por los incendios forestales es incalculable, las pérdidas culturales son irreparables y no hay médico que pueda sanar el daño emocional y espiritual. A ello, se suma el gran impacto que ha tenido esta industria tanto en el establecimiento, como en la cosecha de las plantaciones forestales de especies introducidas, la disminución de los bosques nativos, la pérdida de diversidad biológica, la contaminación de los suelos y las aguas, entre otras.

Ante la trágica situación que afecta a miles de familias campesinas e indígenas, que se ve agudizada por los incendios forestales, respaldamos las palabras de Presidente de la República, Gabriel Boric, en relación a que es necesario fortalecer la regulación de la industria forestal y sus plantaciones.  Compartimos y reafirmamos además lo expresado por el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien señaló que la verdadera víctima de esta tragedia es el país.

Como organización campesina e indígena, hacemos un llamado al Gobierno, al Parlamento, a los diversos actores y representantes de sociedad organizada, así como también a la sociedad en general a participar y generar una amplia unidad nacional, que permita avanzar con urgencia, al menos en los siguientes aspectos:

Reconocer los errores que nos han llevado a la situación actual y tomar las medidas necesarias para reparar los daños causados a la naturaleza, así como a las personas y sus comunidades, corrigiendo las leyes para transformar este sector económico con un enfoque de sustentabilidad que considere la economía, la sociedad, identidad cultura y el medio ambiente.

Iniciar urgentemente un proceso de diálogo con todos los actores involucrados para generar una nueva ley de bosques nativos, que proteja el agua, la fauna y flora nacional, dando paso a un nuevo sistema de desarrollo, económico, cultural, social, político y con pleno reconocimiento a los territorios de los pueblos originarios.

Implementar nuevos estudios públicos de los microclimas y recalificación de suelos con la participación de organismos confiables, no influenciables por grupos económicos interesados. 

Avanzar en la formulación y aprobación de una ley de desarrollo rural, con amplia participación de las organizaciones campesinas y territoriales.

Fortalecer las facultades y competencias públicas para la formulación e implementación de Planos Reguladores y de Ordenamiento Territorial en todas las comunas y regiones, con procesos que incluyan debates informados, participativos, democráticos y con mirada a largo plazo.

Generar normas e instrumentos para regular la exagerada concentración de la tenencia de las tierras forestales.

Desde el año 1989 las Organizaciones Campesinas hemos venido planteando que la Reforma Agraria es un proceso inconcluso, por ello, postulamos que las miles de hectáreas de tierras usurpadas durante la dictadura militar (gran parte de ellas en manos de la industria forestal), deben ser devueltas a las familias que trabajan la tierra. Se debe, además, dar pasos concretos en la dirección de un nuevo modelo productivo, fundado en el principio de la soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable, respetando como piso mínimo el Convenio N°169 (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en la Zonas Rurales (ONU). Confiamos que una nueva constitución permitirá avanzar con más fortalezas hacia un país solidario y sustentable que ponga fin a tanta injusticia y desigualdad y que cuente con instituciones públicas y privadas respetuosas de las normativas y las leyes que la democracia y la participación generen.

Confederación Nacional Sindical Campesina, del Agro y Pueblos Originarios 

RANQUIL