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La Corte Internacional de Derechos Humanos acaba de condenar a Chile por aplicar la Ley Antiterrorista a:

Aniceto Norín Catrimán, Pascual Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Víctor Ancalaf Llaupe y Patricia Troncoso Robles.

La Corte determina que estas 8 personas han sido víctimas del Estado Chileno y ordena su libertad en un plazo de 6 meses, junto a indemnizaciones. Determina que fue violado el derecho de presunción de inocencia y debido proceso.

Se les acusó en su momento de quema de pastizales, lo que no sería una conducta terrorista, sino un delito común, a lo que habría que agregar que no se demostró fehacientemente que esas personas eran las responsables, se les condenó más bien por ser los dirigentes. Fueron condenados a entre 5 y 10 años de prisión.

Creo que la aplicación de estas leyes desproporcionadas, la persecución, la generalización, los allanamientos permanentes a las familias mapuches, ha hecho germinar en los que eran niños y ahora son adultos, un rechazo muy comprensible al Estado Chileno.

No hay que extrañarse entonces que lejos de las conductas más bien de protesta de estas 8 personas, años después otros grupos, otras personas, más radicales, reivindiquen acciones violentas y planteen un especie de limpieza étnica, inaceptable por cierto, contra los no mapuche en ciertos territorios. Ahora ya no hay sólo mapuche muertos, por lo que no sólo el Estado Chileno tiene las manos con sangre, ahora hay que sumar el asesinato de los Lucksinger, de origen Suizo y es muy triste que algunos dirigentes mapuche no hayan salido a condenar esos crímenes.

Gobierno tras gobierno, han echado bencina al conflicto, castigando protestas con 10 años de cárcel, allanando 300 casas para buscar a una persona, vulnerando a gente inocente.

Por eso no es de extrañarse que los niños que han tenido que "dormir con zapatos por si allanan la casa" no vean en el Estado Chileno más que a una entidad que no los quiere, no respeta sus derechos y los violenta reiteradamente, por ser mapuche.

Este fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que condena al Estado Chileno por estas prácticas, nos da a todos la oportunidad de un nuevo trato, de respeto, de "aceptar al otro como un legítimo otro".

Debemos exigir dos cosas:

1.- AL ESTADO CHILENO: la libertad inmediata de estas personas, la modificación de la Ley Antiterrorista y el reintegro de las tierras quitadas de forma espúrea. El Estado Chileno no es el Gobierno, sino todos nosotros, incluidas las organizaciones mapuche que también eligen al gobierno. Todas las personas tenemos poder y la responsabilidad que viene con él.

2.- A LAS ORGANIZACIONES: una condena sin matices a la violencia, venga de donde venga, a las muertes, sean de quien sean y a las posturas racistas de cualquier especie, incluidas las que promueven una limpieza étnica en sectores de la Araucanía o una expulsión de las personas que no son mapuche, porque eso también es racismo y no tiene nada que ver con recuperar tierras.
Por Nolberto Manuel Flores Munoz

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