¡Verdad y justicia para Julia Chuñil!

Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, sostenemos nuestra más profunda preocupación ante la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche de 72 años, ocurrida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, y en medio de la exposición de nuevos antecedentes que se han hecho públicos desde el 30 de septiembre.

Manifestamos en reiteradas oportunidades, que resulta inaceptable que, tras tantos meses, no se conociera aún el paradero de Julia, lo que constituye una grave vulneración de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y una evidente desprotección a defensores y defensoras ambientales.

Hemos acompañado la exigencia de justicia, desde las organizaciones de derechos humanos y los movimientos socioambientales, así como solidarizamos con la familia de Julia Chuñil, que han vivido una serie de irregularidades en la investigación, hasta el punto de acompañar sus denuncias frente a la intimidación y el acoso que ha vivido desde la desaparición de su madre y abuela.

Recordamos que la desaparición de Julia se enmarca en un contexto de violencia estructural hacia las mujeres indígenas y defensoras del territorio y los pueblos originarios, lo que exige un compromiso real de la institucionalidad para la protección, verdad, reparación y no repetición. Entre tanto, en este caso, se otorgaron medidas cautelares por parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pero lamentablemente el Estado no ha sido capaz de garantizar justicia, y ha persistido la discriminación y el racismo.

La última instancia a la que acudimos fue al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, al cual le presentamos un informe, de manera colectiva junto a otras organizaciones sociales, exponiendo también el estado del caso de Julia Chuñil. Durante el examen, la ministra de Desarrollo Social y Familiar en Chile, Javiera Toro, evitó responder con claridad sobre casos de desapariciones forzadas en democracia, consultas indígenas no vinculantes y los impactos ambientales del modelo extractivista. Luego, el 26 de septiembre, dicho Comité, alertó sobre la falta de reconocimiento constitucional de derechos a pueblos indígenas, la prolongación de estados de emergencia y amenazas a defensores, así como señaló que existen desigualdades persistentes, entre otras observaciones que realizó al Estado chileno.

Nos sumamos a las reiteradas exigencias por una investigación sin retrasos ni discriminación, en donde el Ministerio Público deje de atrás los comportamientos irregulares, para investigar de forma transparente, seria y con la mayor premura, entendiendo que se trata de la vida de una mujer mapuche defensora de derechos humanos y ambientales.

Así, consideramos que la desaparición de Julia Chuñil, y su vida, dedicada al cuidado de la tierra y la comunidad, nos llama a seguir luchando por un país donde quienes defienden la naturaleza puedan vivir libres de violencia, y en este sentido las organizaciones sociales y los pueblos debemos continuar la movilización hasta conseguir justicia.

El Estado de Chile tiene el deber de garantizar la vida de defensores/as ambientales y comunidades indígenas. Salvaguardar su integridad no solo es un compromiso jurídico, sino también una responsabilidad ética con la democracia, la justicia ambiental y la dignidad de los pueblos.

Comunicaciones OLCA

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales