Los trabajadores de ocho plantas de procesos de la región agrupados en FESIP, manifestaron su total rechazo a una nueva votación que los perjudica directamente: acortar los permisos de operación de las empresas pesqueras de 20 a 10 años.
· Además, están atentos a la próxima visita del nuevo ministro de Economía, Álvaro García a la zona. Pese a solicitar audiencia, aún no han podido ser escuchados por la máxima autoridad del ramo, quien solo se ha reunido formalmente con el sector artesanal.
Talcahuano, 06 octubre de 2025.- “Biobío ha sido históricamente el corazón industrial de la pesca en Chile, nada menos que la capital mundial del Jurel. Si se debilita esta actividad, se golpea directamente a miles de familias que dependen de esta actividad que ha dado sustento digno, especialmente a mujeres jefas de hogar en nuestras plantas”, manifestó Juana Silva, presidenta de FESIP Biobío.
la Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Plantas de Proceso de la Industria Pesquera del Biobío (FESIP) señalaron su profunda preocupación frente a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que, según dirigentes del sector, podrían debilitar de manera significativa la toda la actividad pesquera industrial y poner en riesgo miles de empleos directos e indirectos en la región.
Desde la Federación señalan que las reformas propuestas —entre ellas, la reducción de los plazos de operación de los permisos industriales y la eventual aplicación de subastas para acceder a cuotas de pesca— generan un escenario de incertidumbre laboral y desincentivo a la inversión productiva.
Uno de los puntos más sensibles para los trabajadores es la disminución de la duración de los permisos industriales, que pasarían de 20 a 10 años. A juicio de la federación, esta medida afecta la estabilidad y la planificación de largo plazo, tanto de las empresas como de los empleos que sustentan la economía local.
“Nuestro llamado al ministro García, ya que nos enteramos que estará en nuestra región, es a que estas políticas se construyan con diálogo social real, donde se escuche a los trabajadores y se proteja la actividad productiva del Biobío. Sin participación, cualquier reforma corre el riesgo de ser injusta y desequilibrada”, enfatizó.
La Federación reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones equilibradas que promuevan la sustentabilidad ambiental, la equidad social y la continuidad del empleo industrial en la región.

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