DECLARACIÓN EN RECHAZO A RESOLUCIÓN N°162 DEL 9 DE ABRIL DE MINAGRI SOBRE SEMILLA TRADICIONAL

 Como Red de Acción en Plaguicidas, RAP Chile, y como personas, comunidades y organizaciones que estamos por la defensa de la semilla, rechazamos la resolución sobre Semilla Tradicional publicada en el Diario Oficial por el Ministerio de Agricultura del Gobierno del presidente Gabriel Boric por las siguientes razones:

1.- El intercambio de semilla está en el ámbito legal del derecho consuetudinario, que expresa los usos y costumbres de la sociedad como una norma no escrita. La resolución se refiere al derecho consuetudinario con el término "el principio de primacía de la realidad" (considerando N°11) y atenta contra ese derecho al regular los trafkintu. Los intercambios de semilla son una práctica ancestral de los pueblos originarios que en las últimas décadas se ha ido extendiendo a sectores más amplios del mundo rural y urbano. Esta resolución que los limita, no consideró una consulta pública del proyecto de resolución que hubiese permitido la participación informada y organizada de representantes de pueblos originarios y del vasto universo de quienes hoy trabajan en la recuperación de la semilla y el impulso a la agroecología en comunidades, o en huertas rurales y urbanas. Además, es una medida que contrasta con las recientes disposiciones sobre participación ciudadana en la implementación del Tratado de Escazú en Chile. Los intercambios de semilla son la base de la soberanía alimentaria y constituyen un derecho reconocido por el Estado de Chile al firmar en 2018 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Campesinos y Campesinas y personas que trabajan la tierra. El punto 19, letra d de esa declaración afirma el “derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha”.

La mejor protección de la semilla tradicional es cultivarlas, reproducirlas, intercambiarlas libre y solidariamente y en armonía con la naturaleza. Pero en el lenguaje del Estado y las semilleras agrupadas en ANPROS, “proteger” es registrar, certificar, y privatizar este patrimonio colectivo y público. El gobierno actual, que se hace llamar ecológico y feminista, se ha puesto una vez más en contra de prácticas destinadas a preservar la bio diversidad y diversidad cultural y contra las mujeres campesinas y de pueblos originarios, pues ellas han estado a la cabeza del movimiento de defensa de la semilla en Chile y el mundo.

 2.- El oficio de las guardadoras de semillas, la realización de los trafkintu, aynis o intercambios de semilla y los procesos autónomos de recuperación de la semilla, han detenido en parte el acelerado riesgo de extinción de la semilla antigua y la pérdida del patrimonio genético de los territorios y la biodiversidad. Ello ocurre en medio de una sistemática y agresiva campaña del Estado, de las empresas semilleras y de las corporaciones transnacionales de la alimentación, para reemplazar esta semilla por variedades industriales y/o manipuladas genéticamente, entregando a la pequeña agricultura familiar campesina el llamado “paquete tecnológico”, que incluye semillas “mejoradas”, plaguicidas altamente peligrosos y fertilizantes químicos dañinos para la salud y el ambiente.

3.- En los trafkintu, la semilla se reconoce y valora como el fin y el inicio de la vida. No hay dinero de por medio, sólo intercambio de semillas y saberes, y por tanto, resguardo de la identidad y las historias locales asociadas a la espiritualidad, la cultura, las comidas tradicionales y las yerbas medicinales. Esta resolución, por el contrario, busca más bien cercenar nuestros derechos porque para la industria, la semilla es una mercancía por registrar, debe tener dueños, y la monopolizan  las empresas semilleras agrupadas en la Asociación Nacional de Productores de Semillas ANPROS, presidida por J. Ignacio Salazar (Director comercial de Bayer/Monsanto para Chile y Sudamérica), junto, entre otras, a las trasnacionales agroquímicas y de alimentación, Corteva, Syngenta, Bayer, BASF; a Semillas Baer y a la corporación privada Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, ligada al Estado. ANPROS participó en la Mesa Público-Privada que elaboró esta resolución junto a ODEPA y otros.

4.- El gobierno del presidente Gabriel Boric cita como fundamento de esta resolución la Ley Marco de Cambio Climático. Pero esa ley (artículos 17 y 34) exige participación para cada una de las medidas que busquen atajar el cambio climático.

El Estado no debiera interferir en el cultivo y el libre intercambio de la semilla tradicional pues esta semilla tiene capacidad de adaptación a la crisis climática, gracias a su memoria ancestral, una propiedad que le permite enfrentar condiciones como la sequía o los cambios de temperatura. Y su riqueza genética hace que no necesite manipulación de su ADN laboratorio o agrotóxicos como el cancerígeno glifosato, para hacerla “tolerante” a la sequía u otras condiciones.

5.- La resolución limita la cantidad de semillas a intercambiar (Artículo 2). Ello es coincidente con el propósito de seguir reemplazando la semilla tradicional por semillas “mejoradas”, híbridas o transgénicas. Esto vulnera el derecho de igualdad ante la ley de quienes hoy trabajan en la recuperación de la semilla. La industria semillera, no está sujeta a ninguna restricción respecto de sus volúmenes de comercialización.  Además, perjudicando a las huerteras, esta resolución excluye de los intercambios las semillas de polinización libre, de catálogos antiguos, hoy de dominio público (semillas criollas de hortalizas y verduras como por ejemplo habas, arvejas, tomates, porotos, zanahorias, etc.) y contradice el objetivo “Hambre Cero” de la Agenda 2030 también citada por el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, firmante del documento. La disposición vulnera el derecho a la soberanía alimentaria y no toma en cuenta que los cultivos con semilla antigua o tradicional aportan al sustento de los hogares y las economías populares, ya que comprar la verdura en los  supermercados es más caro. Igualmente, este tipo de cultivos contribuyen a la salud de las familias por su aporte de alimentos nutritivos y sanos, producidos sin usar plaguicidas y fertilizantes químicos. 

6.- La segunda vulneración de la igualdad ante la ley de esta resolución, es la creación de un registro de guardadoras, exponiendo sus identidades y sus cultivos de semillas tradicionales a la voracidad empresarial (artículos 3 y 4).  Para tener un “carnet” de guardadora se debe entregar el nombre completo, fono o correo, tipo de variedad resguardada y ubicación de los cultivos. Por el contrario, los servicios del Estado no publican información sobre la ubicación exacta de los semilleros transgénicos ni los datos de sus propietarios. En 2009, RAP-Chile recurriendo a la Ley de Transparencia, demoró 3 años en obtener  el fallo del CPLT (Consejo por la Transparencia) que ordenaba al SAG entregar esa información, debido a la negativa de las empresas semilleras, que buscaron amparo en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

La creación del registro de guardadoras, por ahora voluntario, discrimina y promueve divisiones arbitrarias entre comunidades campesinas y guardadores de semillas y permite augurar que más adelante sólo las guardadoras con carnet (registro) podrán seguir desarrollando esta práctica ancestral. Además, las huerteras que reproducen semillas tradicionales y que tienen otros ingresos para su sobrevida, en el campo o la ciudad, de acuerdo con esta resolución, también están excluidas del “permiso” de participar en los intercambios de semillas.

Existen semillas tradicionales aun no descritas y que se espera sean recuperadas en el futuro, por tanto, de acuerdo con uno de los objetivos mencionado en la resolución, existe la amenaza de que sean apropiadas por la empresa privada y/o que el INIA con fines del mejoramiento genético y/o para contribuir a la supuesta seguridad alimentaria global haga entrega de esa semilla a bancos internacionales de semillas.

7. Esta resolución exprés, no menciona algo evidente; está implementando un tratado comercial, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), con el convenio UPOV 91 de privatización de la semilla, sin pasar por el congreso ni instancia alguna participativa a nivel nacional, regional ni comunal. Siempre supimos que aprobar el TPP y ahora, firmar el tratado Chile- Unión Europea era favorecer a la industria semillera y a transnacionales como es el caso de Bayer/Monsanto, fortaleciendo el monopolio de la semilla, a costa de las campesinas y campesinos y de la soberanía alimentaria. La resolución menciona también el plan oficial 2022 sobre Resguardo de Semillas y Razas para la Soberanía Alimentaria  que avanzaba en esta misma dirección: poner a las semillas a disposición de las empresas y organismos ligados al Estado en vez de apoyar la recuperación de la semilla tradicional para devolverlas a manos de las comunidades y guardadoras que históricamente las conservaron y compartieron de buena fe con organismos del Estado, sin que su contribución a los bancos de semilla fuera reconocida.

Por todo lo anterior, llamamos a las organizaciones, colectivos y defensores de la semilla a:

-          Rechazar esta resolución, vigilando su posible implementación en los territorios.

-          Analizar críticamente los proyectos relacionado con el tema convocados por INDAP, FIA, ODEPA, así como de INIA y universidades.

-          Exigir que las empresas contaminantes digan dónde están sus cultivos, (nombre completo, fono o correo, especie, variedad y ubicación).

-          Difundir la importancia de sembrar con semilla antigua en las huertas

-          Apoyar recursos legales de impugnación de esta resolución

-          Realizar intercambios de semillas con mecanismos adecuados.

-          Reforzar en las escuelas la educación sobre la semilla tradicional

-          Fortalecer los mercados locales y redes de abastecimiento directo campo-ciudad

-          Trabajar en red para poder producir con semillas tradicionales

-           Multiplicar los cultivos agroecológicos para producir alimentos sanos, libres de plaguicidas  y transgénicos. 

Por Lucía Sepúlveda Ruiz