“Tener que pagar 7 millones de pesos para denunciar corrupción electoral, es proteger la corrupción” Afirmó el Senador Navarro

Parlamentario indicó que “el Tribunal Electoral termina anulando la posibilidad de la denuncia, cuando obliga a los electores honestos a que deban pagar millonarias sumas por denunciar a quienes se corrompen”.

“Lo dije durante la discusión de la ley, el Servel es un perro sin dientes, con pocas facultades, y hoy se demuestra que estábamos en lo cierto”, agregó.

Manifestando que, “claramente, va a haber que revisar la ley de las reclamaciones al Tribunal Electoral”, el senador Alejandro Navarro se refirió a la resolución de dicha entidad, tras la denuncia por acarreo en la comuna de Trehuaco, y que requirió a quienes hicieron la denuncia a desembolsar $6.700.000, para mostrar la información en un medio de comunicación ya definido de la Región del Biobío.

El parlamentario explicó que “en todos los casos, y particularmente en situaciones como esta, donde gente ha trasladado su domicilio para incidir en la elección de la comuna sin vivir, sin trabajar, sin tener ningún vínculo con ella, pagar 7 millones de pesos por hacer una denuncia para que se cumpla la ley es un despropósito”.

“Pues la exigencia del tribunal termina anulando la posibilidad de la denuncia. La gente, si tiene que pagar estos montos no va a informar de los hechos, y por tanto, ocurrirá que quienes cometan faltas administrativas o delitos, efectivamente los harán sin consecuencias, pues nadie se va a atrever a denunciar”, enfatizó.

Cristian Quiroz, Consejero Regional, y quien se hizo parte de la denuncia, señaló por su parte que, “es un hecho curioso y no solo anecdótico, sino que fundamentalmente indignante. Es una vulneración a la democracia el que personas ajenas a una comuna pretendan resolver y decidir los destinos de la misma, en este caso Trehuaco”.

Agregando que, “debemos también hacer un llamado de atención, pues lo que ocurre hoy aquí es más común de lo que creemos, fundamentalmente en las comunas rurales. No puede ser que personas ajenas a una localidad, decidan el destino, el crecimiento, el desarrollo de una zona, solo con el afán de favorecer electoralmente a un candidato determinado”.

“Este tipo de prácticas de corrupción son inaceptables”, prosiguió, “por lo que debemos asegurar los mecanismos de control ciudadano y jurídico que permitan evitar este tipo de situaciones a futuro. Aquí se ha podido demostrar que hay un conjunto de personas, que estando inscritas en los padrones electorales de Trehuaco, no tienen ningún vínculo con la comuna, esto significa que no residen, no estudian, no trabajan en ella y por el contrario, en otros sistemas de información público, como en el sistema de salud, impuestos internos, el Serviu, etc., aparecen registrados con domicilios diferentes”.

Para Quiroz, “nos parece inaceptable. Trehuaco debe ser para la gente que ahí vive, trabaja, estudia, en definitiva, a quienes hacen de la comuna lo que es. Por tanto, yo quiero valorar por un lado el trabajo de este grupo de estudiantes y profesionales comprometidos con el desarrollo de su territorio, quienes han logrado establecer este conjunto de eventuales irregularidades, con el permanente‎ compromiso de Fernando Chandía de poder transparentar el padrón electoral”, añadió.

El aludido, candidato a la alcaldía en la próxima elección, señaló que, “el día 14, cuando salió el padrón auditado, nos dimos cuenta junto a un grupo de ciudadanos de Trehuaco, quienes hace muchos años se han dado cuenta del acarreo, que este año había ocurrido nuevamente”.

“La diferencia es que en esta ocasión, se han organizado y han decidido denunciar, puesto me han dicho que quizás por aquella razón es que yo no he sido electo. Llegamos a la conclusión, junto a muchos estudiantes de derecho que están a punto de egresar, que hay 611 personas que están inscritas pero no son de la comuna, con notario en terreno”, explicó Chandía.

“Y el problema”, adicionó, “es que los propios habitantes pagamos, entre todos, el dinero para esta denuncia; los 6 millones 700 mil, que nos dejan endeudados, pese a que nosotros no queremos sanción, sino que los aludidos vuelvan a votar en sus comunas de origen y que decidan por las autoridades que les corresponden”.

“Pues lamentablemente, somos la comuna más pobre de la región y estamos dentro de las más pobres del país, debido a las administraciones que han existido, sobretodo por un padrón adulterado gracias al acarreo electoral; mientras las otras comunas de la región siguen creciendo, nosotros nos seguimos hundiendo gracias a las personas que vienen a decidir por nosotros, cuando son de otra parte”, sentenció Fernando Chandía.

Alejandro Navarro prosiguió: “hay que revisar la ley, ampliar los plazos y particularmente revisar la exigencia que se publique en un medio regional, pues este es un monto que inhibe y hace que la ley no se cumpla. Nadie va a denunciar, si es que se tiene que desembolsar de su bolsillo un monto como este”.

“Aquí se ha hecho un esfuerzo pero nuestra tarea es revisar la ley. Durante la discusión de la ley del Servel advertí que estábamos creando un Servicio Electoral como un perrito sin dientes, sin olfato, que tenía pocas facultades; hoy los hechos demuestran que estábamos en lo cierto”.

“Se requiere una contraloría electoral, independiente, autónoma y no un director del Servel designado por la presidenta, por lo que espero que esta sea la última vez que alguien tenga que pagar por hacer una denuncia para que la ley se cumpla”, añadió.

El presidente de la Comisión de DDHH finalizó diciendo que “debe haber una modificación de la ley del tribunal electoral, es decir, los plazos y particularmente la obligación de publicar en un medio particular. Creo que en los medios electrónicos o en cualquier medio regional, es factible, pues estos montos son inalcanzables”.

“Los 7 millones de pesos por denunciar la corrupción son sin duda un despropósito”, sentenció.