Justicia acogió recurso de mujer nacida fruto de una
violación, que exigió poder disponer de su testimonio. Este logro fue apurado
por la iniciativa Desclasificación Popular, que alertó que la propia Ley Valech
contiene una fisura que permite romper con secreto impuesto por gobierno de
Ricardo Lagos.
En histórico fallo dado a conocer el 22 de diciembre, la
Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección presentada por
Fabiola Valenzuela Valladares, ordenando al Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) entregar sus testimonios y archivos relativos a las torturas
recibidas, cuando se encontraba en el vientre de su madre Rosaura Valladares
Yáñez, que le habían sido denegados por este organismo.
Cabe consignar que a Rosaura fue víctima de violaciones
individuales, grupales y sistemáticas cuando tenía 15 años, mientras estaba
detenida en recintos militares de Linares. Fruto de una de estas violaciones,
nació Fabiola el 28 de junio de 1975. Y es ella quien pide que se sepan los
luctuosos hechos que ambas vivieron.
El INDH rechazó entregarle a Fabiola Valenzuela los
testimonios de su madre, pese a que en el artículo 15 de la Ley 19.992 “Ley
Valech” se señala expresamente que:
Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna
persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo
señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho
personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones
y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a
terceros por voluntad propia.
Y es justamente este último aspecto el que tuvo en cuenta la
Novena Sala del Tribunal de Alzada –integrada por los ministros Pilar Aguayo,
Jorge Norambuena y la abogada (i) Paola Herrera– para acoger en forma unánime
(causa rol 91155-2015), la acción cautelar, en contra de la decisión del INDH
que le denegó acceso a los antecedentes de calificación, madre de la
recurrente.
Así lo señala el fallo de la Corte:
“Que la interpretación literal de esta disposición obliga a
concluir que el secreto en ella establecido no es absoluto, toda vez que ella
misma establece expresamente la excepción en favor de los titulares de los
documentos, informes, declaraciones y testimonios materia del secreto”.
La Corte subrayó lo contradictorio que resultaba que el INDH
denegara esta información, “mientras la propia recurrida -Lorena Fries- ha
manifestado en el informe anual que elabora dicho organismo la necesidad de
pedir a los poderes del Estado garantizar el acceso a la información,
solicitando eliminar la cláusula de secreto en la Ley 19.992 si las víctimas
así lo deciden para los fines que los tribunales de justicia tengan acceso a
dichos antecedentes”.
Para no dejar espacio a dudas, la Resolución añade: “Por
consiguiente, la negativa del organismo recurrido de proporcionar a la señora
Valenzuela Valladares los antecedentes por ella solicitados se aparta de la
normativa contenida en la Ley 19.992, al no considerar que la recurrente se
encuentra favorecida con la excepción expresamente establecida en su favor en
el artículo 15 de dicho cuerpo legal, resultando, además, carente de
justificación razonable”.
“Esta negativa –continúa la sentencia- afecta el derecho de
propiedad de dicha recurrente pues la priva de antecedentes e información de la
que es titular y, por lo tanto, le pertenecen, y que le son necesarios para
hacerlos valer en sede judicial, como anuncia el recurso, para los fines
reparatorios establecidos en nuestra legislación”.
Es de resaltar que tras esta determinación, el INDH no
tendrá más excusas para negar la información cuando esta sea solicitada por
víctimas de torturas incluidas en los informes Valech, o sus familiares
directos.
De todos modos, la abogada Fries ya expresó –según consigna
Diario Universidad de Chile en nota de miércoles 23- que no apelará a la
resolución: “Estamos en línea con lo que ha decidido el tribunal”.
Recapitulando
La existencia del secreto de la identidad de los torturadores
de la dictadura militar centró el debate de los derechos humanos este año que
termina.
Dicho secreto fue establecido en la ley 19.992, de 2004, que
fija la reparación que recibirán los presos políticos y torturados, calificados
como tales por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida
como “Comisión Valech”, en honor al sacerdote Sergio Valech, quien la presidió.
El citado artículo 15 de esa normativa afirma que “son
secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas
ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”. Agrega que la
reserva “se mantendrá durante el plazo de 50 años, periodo en que los
antecedentes quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”. Esta
entidad traspasó dicha responsabilidad al INDH.
Además de expresar que quienes infrinjan este secreto serán
castigados con penas establecidas en el Código Penal, dicho artículo establece
que ni siquiera los jueces podrán acceder a la información proporcionada por
las cerca de 40 mil víctimas de torturas, reconocidas como tales por el Estado.
Como justificación de esta medida, el presidente Ricardo
Lagos Escobar (2000-2006) adujo que su fin era proteger la “dignidad de las
víctimas”. Y así lo reafirmó el pasado 15 de julio durante una entrevista con
Canal 13 que ofreció en medio de una creciente polémica respecto de esta
materia. Citó el testimonio de una mujer –que no identificó– quien le habría
señalado: “Me vejaron y no quiero que mis nietos se enteren de esto, hasta que
yo muera”.
Lagos acotó que fue esa mujer la que le pidió que se
decretara un secreto de 50 años respecto de sus testimonios. Y que él accedió a
dicho pedido. Lo contradictorio de esto, es que los nombres e incluso los Rut
de los torturados que fueron catalogados como tales, aparecen al final del
Informe Valech, por tanto, no hay tal protección de la intimidad. Las únicas
identidades que se mantuvieron en secreto fueron las de los torturadores.
Además hay que señalar que al momento de brindar los testimonios
las víctimas nunca fueron informadas que estos quedarían en secreto por 50
años, lo que constituye un engaño que magnifica el daño provocado por la
prisión y la tortura.
Existen otras versiones que explican por qué Lagos impuso el
secreto de los 50 años. En reportaje La verdad de la Comisión Valech, publicado
el 2 de agosto en el sitio de Radio Villa Francia (RVF), se expresa que cuando
terminaba el trabajo de la Comisión Valech, el gobierno de Lagos “coordinó
reuniones con el alto mando del Ejército” puesto que los resultados de dicho
ente despertaron gran preocupación en el Ejército.
La nota asegura que la tensión se disipó luego de que el
gobierno aseguró al Ejército que “la Comisión Valech saldría a la luz pero que
ésta no abriría procesos judiciales ni comenzaría una cacería de brujas“.
En 2004 la Comisión Valech culminó su labor calificando a 28
mil 459 personas como víctimas de torturas. En 2010, luego de la promulgación
de la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se instaló una
nueva entidad calificadora, la Comisión Valech II, la que incorporó cerca de 10
mil torturados a los registros oficiales, completándose una cifra de 38 mil 254
personas como reconocidas víctimas de este flagelo.
Los torturados por la dictadura fueron recompensados por el
Estado con pensiones que, al momento de ser anunciada la Comisión Valech I (11
de noviembre de 2003), fueron definidas como “austeras” por el presidente
Lagos. Su bajo monto, inferior a los 200 dólares, ha estado en el centro de la
polémica luego que en abril de este año una huelga de hambre que se fue
extendiendo por todo Chile, y que duró 40 días, dejó al descubierto la
miserable realidad socioeconómica que sufren los exprisioneros políticos y torturados
por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En la actualidad toda la documentación de las comisiones
Valech se encuentra en una bodega del Museo de la Memoria.
Desclasificación popular
El tema del secreto de las declaraciones de los torturados
comenzó a tener repercusiones en marzo de 2014. Entonces el sitio de memoria
Londres 38 comenzó la campaña “No más archivos secretos”.
El manifiesto fundacional de esta campaña, a la que se
unieron decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, expresa:
“El secreto es antidemocrático y entorpece los procesos de verdad y justicia,
perpetuando la impunidad de los culpables”.
El pasado 30 de julio, durante una reunión sostenida en el
Palacio de La Moneda, la célebre activista de los derechos humanos, Carmen
Gloria Quintana, planteó a la presidenta Michel Bachelet la necesidad de acabar
con el secreto de los Informe Valech. Según expresó Quintana al finalizar la
reunión, Bachelet se comprometió a “estudiar” esta y otras medidas.
Bachelet prometió en campaña abordar esta materia, tal como
se expresa en su programa de gobierno: “Revisaremos lo referido a los archivos
judiciales de las violaciones a los derechos humanos que tienen un periodo de
50 años para que puedan poder ser conocidos y revisados”. Sin embargo, nada de
esto se ha concretado.
Sin duda que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones
constituye un triunfo colosal para la campaña de Desclasificación Popular
liderada por el artista visual Francisco Papas Fritas (www.desclasificaciónpopular.cl).
Esta iniciativa partió en marzo de este año con un trabajo
de investigación en el que participó –entre otros- el periodista Víctor Herrero
–autor de la premiada biografía desclasificada de Agustín Edwards Eastman
(Debate, 2015) y se basaba en levantar un proyecto de investigación con la
finalidad de encontrar la mejor forma de desclasificar el informe Valech. Como parte de dicho trabajó se realizó una
nueva lectura de la ley 19.992, proceso en el que se identificó lo señalado al
final del artículo 15 y que permite a las víctimas y sus familiares disponer de
sus testimonios y carpetas adjuntas.
Posteriormente se suma la Coordinadora de Santiago de Ex
Presas y Presos Políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionario
–M.I.R–generando en conjunto un proyecto en constante desarrollo que une lo
político, artístico y legal, para lograr la desclasificación colectiva.
Según relató a El Ciudadano Papas Fritas, como parte de esta
iniciativa, el lunes 28 de septiembre doce ex Presos Políticos del MIR
acudieron al INDH, ocasión en la que entregaron una carta solicitando que sus
testimonios y carpetas. El 16 de noviembre –sin que previamente hayan recibido
una respuesta formal- estos ex presos acudieron nuevamente al INDH -juntos a
sus abogados Pamela Sánchez y Fernando Zegers-. Allí fueron recibidos por la
asesora de Fríes, Ximena Zavala. En el encuentro participaron también las ya
citadas Fabiola Valenzuela y su abogada Paz Becerra.
El INDH, presionado por las acciones judiciales de Fabiola
Valenzuela, le entregó en esa ocasión su testimonio más no las carpetas que lo
complementan. A los doce ex PP del MIR se les dijo que fueran el miércoles 18
de noviembre, porque ese día se les entregaría su testimonio. “Pero esto no se
concretó dejándolos sin una negativa formal a estas doce personas, lo que
impide interponer un recurso de protección contra el INDH”, según expresó Papas
Fritas.
En la entrevista, Papas Fritas expresó “que cada ex presa o
preso político puede disponer libremente de sus carpetas y lo que declaró en la
Comisión Valech I, haciendo valer este derecho y exigiendo al Estado de Chile
que su testimonio pueda romper el plazo de los 50 años de secreto a los que ha
sido condenado”.
En relación con lo determinado recientemente por la Corte de
Santiago, Papas Fritas se mostró muy feliz “ya que usaron el mecanismo del
manual que entregamos, eso nos hace pensar que nuestros esfuerzos fueron
realizado de buena manera”.
Complementa señalando que para que Fabiola Valenzuela –que
estuvo representada por los abogados Paz Becerra y Álvaro Aburto- pudiera
conseguir su testimonio “tuvo que recibir la negativa del INDH, y justamente
nosotros hemos postulado que si el INDH se negaba había que poner un recurso de
protección”.
Papas Fritas se mostró grandemente agradecido con el triunfo
alcanzado por Fabiola y sus abogados “pues al ganar el recurso, la Corte le da
el derecho de las carpetas adjuntas que califican el testimonio, es decir, las
pruebas que necesitamos que los y las Ex P.P. retiren para hacer el mapeo y
desclasificar -antes de los 50 años- para los fines de verdad y justicia”.
Finalmente Papas Fritas hizo un llamado “a que cada expresa
y expreso político, exija al Estado su testimonio para realizar una
desclasificación de los torturadores, cómplices y violadores de los derechos
humanos. El objetivo de esta desclasificación es entregar estos datos para las
investigaciones judiciales y hacer un relato histórico de la resistencia a la
Dictadura Cívico-Militar”.
Fotos: Jorge Rosales
Francisco Marín
El Ciudadano
MI APOYO CATEGÓRICO A TODO EL MOVIMIENTO DE LOS EX - PRESOS POLÍTICOS EN CHILE QUE SE ENCUENTRAN EN HUELGA DE HAMBRE.
ResponderEliminar¿Por qué aún no hay solución, qué hace falta, quién puede decidir, qué debemos hacer, a dónde vamos, con quién hablamos, quiénes nos apoyan, cuantos somos, que queremos? Todo esto ya está dicho y hecho de muchas maneras. Y entonces… pero aún sin solución.
La fatídica dictadura ocurrió el 11 de septiembre de 1973, han pasado más de 40 años desde entonces y aún hoy 2 de mayo de 2015, las víctimas siguen luchando por sus ideales de justicia y para que se les reconozcan sus derechos que la razón, que la memoria histórica, los acuerdos internacionales, los expertos juristas y la verdad de los hechos les avalan.
Es increíble que haya que luchar de infinitas maneras, en disímiles instancias nacionales e internacionales, en diferentes momentos históricos y en tantas circunstancias durante tantos años y años, por unos hechos evidentemente ocurridos y una verdad innegable (golpe de estado, víctimas, campos de concentración y dictadura); porque casi siempre son sólo las víctimas y unos pocos congruentes que solidarizan con ellos, los que reclaman para que se haga justicia, porque se respeten los derechos de las personas y por mantener la verdad actualizada de una evidencia histórica acaecida en un país o lugar determinado, como es hoy en Chile.
No se trata de complejos de culpa para los responsables, ni tampoco de actitudes resentidas para los martirizados, porque lo que ocurre en una dictadura es que hay víctimas y victimarios. A USTED que niega la historia; usted que mira para otro lado en su sociedad; usted que se avergüenza que su país haya tenido una dictadura; usted que nunca vio ni estuvo en un centro de tortura o un campo de concentración, ni siquiera para visitar a los desafortunados; usted que nunca buscó por las madrugadas entre los muertos por la avenidas y calles en las primeras semanas y meses de la dictadura a un familiar o vecino que nunca regresó a su casa, usted que nunca llevo en sus brazos a un amigo muerto a la casa de sus padres; usted que nunca supo de la falta de libertad individual; usted que ni antes ni ahora le interesa saber de la violación de los derechos humanos, de la tortura y del asesinato de sus conciudadanos, de sus amigos, de sus parientes y familiares. A todos USTEDES les pido perdón por involucrarlos en este tema y tener que seguir denunciando una tragedia ocurrida a las víctimas, que hoy, a pesar de su edad, mantienen todavía encendida la antorcha que guían los pasos de cada uno de ellos hacia la luz de la dignidad humana. Sólo les pido comprensión y entiendan que hay heridas abiertas, porque hay esposas que aún buscan en la burocracia a sus maridos desaparecidos, porque hay madres que mantienen la cama con una foto esperando que regrese su hijo, porque hay muchos seres queridos que se quedaron para siempre sin el abrazo, sin el beso, sin las buenas noches y sin el cuento o cancioncita antes de dormirse porque su madre nunca regresó. A USTED le digo que entiendo su posición porque es DIFICIL y/o IMPOSIBLE entender algo tan doloroso y de horror como ser detenido-desaparecido, situado en un centro de tortura y luego en un campo de concentración.
Cuando alguien me pregunta como estoy, digo que estoy bien y como siempre hago algunas cosas cotidianas, pero nunca dejo de soñar con una vida y un mundo mejor. Un gran abrazo para todos.
Rubén Eleazar.
Septiembre 2013. Actualizado 02.05.2015