La iniciativa también es conocida como nueva ley del mono.
Con 100 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que permite la regularización de viviendas de autoconstrucción, edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social, y viviendas emplazadas en la zona de catástrofe del 27 de febrero de 2010.
“Este proyecto beneficiará a miles de familias quienes podrán regularizar sus viviendas ante las Direcciones de Obras Municipales y postular a diversos programas del Ministerio de Vivienda, como ampliaciones, mejoramientos habitacionales, subsidios térmicos, entre otros”, explicó la diputada Carvajal.
Respecto a las viviendas, se otorga un plazo de tres años para regularizar las construcciones de hasta 90 m2 -con avalúos de 1.000 UF- sin recepción definitiva total o parcial, ubicadas en zonas urbanas o rurales, siempre que hayan sido construidas antes de esta ley y que no se encuentren en áreas de riesgo o protección.
La parlamentaria agregó que “también deben tener instalaciones básicas como electricidad, agua potable, alcantarillado y gas. El procedimiento se llevará a cabo mediante una solicitud ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, adjuntando una declaración simple del propietario donde señale el dominio del inmueble, un croquis de ubicación y un plano a escala realizado por un arquitecto o profesional competente”.
El mismo plazo de tres años se otorga para la regularización de edificaciones destinadas a microempresas o a equipamiento social. La superficie total edificada tiene que ser inferior o igual a 250 m2 en el caso de microempresas o a 400m2 si es equipamiento social.
Finalmente, este proyecto aborda la regularización de aquellas viviendas financiadas con subsidios otorgados para atender la catástrofe del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010. En estos casos, los respectivos Serviu podrán, en el plazo de dos años, obtener para el propietario el respectivo permiso de edificación y la recepción definitiva en forma simultánea, cumpliendo los requisitos.
La iniciativa terminó su tramitación en el Congreso y fue despachada al Ejecutivo para su promulgación.
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