Reflexión Presidente Colegio de Profesores
Cada cierto tiempo nos informamos que un profesor o profesora ha sido agredido (a) por un alumno o apoderado, pero al parecer esto ya constituye una verdadera cultura de la impunidad, y se ha integrado como un hecho que ya no llama mayormente la atención en la convivencia escolar.
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Una profesora ha sido mechoneada y golpeada por apoderada en la sala de clases en la Escuela ubicada en el sector de Parralito, acto que reviste la mayor gravedad y que por lo mismo no puede quedar impune. Estas agresiones, paradojalmente presentes en las instituciones educacionales, cuya misión es precisamente el ennoblecimiento de las personas, constituyen un atentado deplorable contra la dignidad tanto de los agredidos como de los agresores. La imagen del profesor ante sus alumnos tiene un peso demasiado importante y decisivo en su formación, destruirla es destruir la imagen de todos los profesores. La víctima se ve afectada fuertemente en su autoestima, un profesor arrinconado de esta forma, difícilmente podrá cumplir con la inmensa cantidad de funciones y roles que se le asignan día a día. La minimización de la autoridad docente, que ha venido sistemáticamente perdiendo atribuciones y poder, para transferírselo mediante iniciativas legales a los alumnos o sus apoderados. Un ataque a un profesor (a) genera una conmoción que afecta indudablemente a toda la escuela.
El profesor debe tener autonomía como profesional, lo que está fuera de toda duda, y esto significa tener poder para organizar , conducir y desarrollar el proceso educativo y tomar decisiones .La agresión psicológica y verbal están presentes en la gran mayoría de los establecimientos , los insultos y ofensas a los profesores ya son casi una forma normal de trato por parte de los estudiantes o apoderados, y esto no constituye una falta para quienes elaboran las leyes o políticas educativas, más bien las ignoran , le bajan el perfil y lo que es más grave, califican de represión cualquier acción contra los agresores. En muchas escuelas hay un ambiente de impunidad producto de una legislación garantista que facilita las agresiones a un profesorado debilitado, sin mayor defensa legal. Es entendible, y puede ser natural, que jóvenes adolescentes realicen actos con el propósito de sobrepasar los límites, porque son propios de quienes aún exploran el mundo de las relaciones sociales y que aspiran a desafiar las normas establecidas. Pero es necesario entender que existen límites también. Impedir que se tomen mediadas drásticas frente a atropellos es ser cómplice de un ilícito. Si hay una legislación que prohíbe tomar estas medidas, entonces los legisladores también son cómplices, hasta el momento, no hay mayor reflexión sobre esta grave situación que está creciendo, que afecta a los colegios y a la educación chilena. Más bien hay un profundo, largo e indebido silencio y se deja a la escuela agobiada, desprotegida y sin capacidad de reacción, que asuma toda la responsabilidad por ellos. Las escuelas ya están agobiadas de tanto control, de tanto reglamento, en cuyo cumplimiento y vigilancia deben gastar la mayor parte de su tiempo y de sus energías para no ser sancionadas, mientras que por otro lado la propia ley empoderar a los alumnos, de tal manera que el bullying ahora se está revirtiendo hacia los profesores y los directores. Entre los docentes se ha producido una resignación y una aceptación de que estos son hechos normales en la vida de la escuela, porque la legislación lo permite y los legisladores también,.
Ya no es posible que las autoridades sigan dando la espalda a estos hechos que están afectando decididamente la labor educativa. Es urgente que tomen las medidas legales y administrativas adecuadas para erradicar esta situación aunque tenga algunos costos que no nos gustan, y hacer de las escuelas lugares protegidos de la violencia en todas sus formas, de modo que la vida cotidiana sea un ejemplo de convivencia, donde sean los valores los que predominen y conduzcan a la vida diaria y no el amedrentamiento, de lo contrario, se está incubando la formación de un ciudadano agresor.
Dario Quezada Silva
Presidente Colegio de Profesores/San Carlos

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