Junto con Lorena Jardúa, se imputaron además a otras tres peronas por haber colaborado con el delito de fraude electoral.
La fiscal Patricia Suazo, de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía de Chillán, presentó ante el Juzgado de Garantía de San Carlos la acusación en contra de cuatro imputados por el delito de incitar u organizar a electores a proporcionar domicilio electoral falso, contemplado en la ley 20.568, que modifica la ley 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Para Lorena Jardúa y Marcia Ortiz, en su calidad de autoras del mencionado hecho ilícito, la Fiscalía pide 4 años de presidio, multa de 20 UTM, y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.
Respecto de Juan Carlos Parada, el órgano persecutor penal solicita la sanción de 800 días de presidio, multa de 15 UTM y la inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.
En cuanto a Ariel Torres, la Fiscalía aspira a que se le apliquen dos penas de 300 días de presidio, y siete años y un día de inhabilitación para el desempeño de cargos y oficios públicos.
Los hechos
En el documento que contiene la acusación presentada por la fiscal Patricia Suazo, se describen dos hechos ilícitos. En el primero de ellos se señala que durante los primeros meses de 2012, el imputado Juan Carlos Parada, quien se presentaría como candidato a concejal de San Fabián de Alico, se comunicó con electores domiciliados en Paso Ancho Sur, de la comuna de San Carlos, donde les correspondía ejercer su derecho a sufragio, incitándolos para que cambiaran su domicilio electoral a San Fabián de Alico, con conocimiento de que ninguno de ellos residía en esta última comuna, para que votaran por él y por la candidata a alcaldesa Lorena Jardúa.
La Fiscalía sostiene que el imputado Ariel Torres prestó colaboración para que se concretara el mencionado cambio, trasladando en un vehículo a electores hasta la junta inscriptora de la comuna cordillerana, donde realizaron el trámite.
El segundo hecho ilícito se refiere a que en mayo de 2012 personas residentes en la localidad de Junquillo y San Manuel de Verquico, de la comuna de San Carlos, mudaron su domicilio electoral a San Fabián de Alico, incitados y organizados por las imputadas Marcia Ortiz y Lorena Jardúa Campos. La primera se desempeñaba en ese tiempo como directora de la DIDECO en la Municipalidad de Yungay, y la segunda como asistente social de la Gobernación de Ñuble, y a la vez candidata a alcaldesa San Fabián de Alico.
Al igual que en el primer caso, la Fiscalía adjudica a Ariel Torres, cónyuge de Lorena Jardúa, haber colaborado y acompañado en las acciones que concluyeron con el cambio de domicilio de los electores.
Fuente : Ladiscusión.cl
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