Navarro denunciará al Ministerio Público millonario fraude al fisco de las mutuales

Senador Alejandro Navarro dijo que “las mutuales abusan de los trabajadores rechazando sus licencias médicas y tratamientos teniendo que el Estado desembolsar 90 mil millones de pesos al año”.

Hora: 12:00 horas

Día: jueves 23 de julio

Lugar: Oficina de Fonasa - Monjitas N° 665, Santiago

Hasta las oficinas de Fonasa en Santiago llegará el senador del MAS Alejandro Navarro para reunirse con su directora nacional Jeanette Vega, esto con el fin de informar que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público por el millonario fraude al fisco por parte de las mutuales. Esto sustentado en que “no todas las licencias que asume el sistema público de salud son a causa de enfermedades de origen común, sino que muchas corresponden a enfermedades profesionales o accidentes del trabajo, que deberían asumir las mutuales”.

Navarro explicó “tal como señaló la directora de Fonasa, durante el año 2014 el sistema público tramitó 3.053.000 licencias médicas, de las cuales 540 mil correspondieron a licencias de origen laboral que el sistema público asumió como curativas producto del rechazo de la mutual y la superintendencia de Seguridad Social, debiendo el Fisco desembolsar más de $90 mil millones”, exclamó el parlamentario.

El parlamentario dijo que “esta situación la venimos denunciado en reiteradas ocasiones. Prueba de esto, es que con fecha 14 de enero de 2013, casi dos mil millones de pesos fueron devueltos por las mutuales a la isapre MasVida, por concepto de licencias médicas que la isapre pagó por prestaciones, que en realidad correspondían a accidentes del trabajo que habían sufrido trabajadores y trabajadoras beneficiarios de la ley 16.744[i]”.

“Es así como el 24 de octubre de 2013 solicitamos al director de Fonasa de ese entonces, Arturo San Martín, se cree una Junta Médica especial de Fonasa que revise todos las licencias de accidentes laborales y enfermedades profesionales que son rechazados por las mutuales y la superintendencia de Seguridad Social, y que son derivados al sistema público, sin que se tomasen medidas ante nuestra denuncia[ii]”, indicó el legislador.

Eventuales delitos

Respecto a los eventuales delitos que se configurarían el parlamentario sostuvo que “si funcionarios y autoridades determinadas de la Superintendencia de Seguridad Social, que deberán ser identificadas en el curso de la investigación, a sabiendas, desechan las apelaciones o reclamaciones de los trabajadores que solicitan la recalificación de sus accidentes de origen laboral o enfermedades profesionales, impidiendo que opere el seguro de accidentes de la Ley 16.744, por lo que quedan de cargo del Fisco, se configuraría el delito contemplado en el Art. 239 inc. 1 del Código Penal que dispone: ‘El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo’”.

“Si funcionarios de las mutuales de seguridad niegan la calificación laboral de los accidentes de origen laboral o enfermedades profesionales, a efectos de que las mutuales no paguen los seguros, se configuraría el delito contemplado en el Art. 473 del Código Penal: “El que defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engaño que no se halle expresado en los artículos anteriores de este párrafo, será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos y multas de once a veinte unidades tributarias mensuales”.

El origen de este fenómeno

El senador Navarro señaló que “en múltiples ocasiones, advertimos el origen de este fenómeno, que se origina a través de incentivos perversos; ya que si un accidente no es calificado como laboral por la mutual o la Superintendencia de Seguridad Social, o no es denunciado como tal, disminuye la tasa de accidentabilidad de la empresa, por tanto, al ser estas menos riesgosas, permite que la prima que cobra la mutual al empleador, para efectos del seguro laboral, mantenga o disminuya su valor”.

Esta situación es la que a juicio de Navarro “le permite a las mutuales lucir cifras, como las de la mutual Asociación Chilena de Seguridad (AChS), que se jactan de haber bajado la tasa de accidentabilidad de sus empresas al 4%.

Y prosiguió “además con lo anterior, al no brindar atención a trabajadores beneficiarios de la ley 16.744, las mutualidades generan las condiciones necesarias para atender a particulares y lucrar. Esto, ya que mediante el decreto ley 1819 (promulgado en Dictadura), artículo 29, ‘las mutualidades quedan facultadas para extender la atención médica a particulares cuando estén en condiciones para ello, sin desmedro de las funciones y obligaciones que les encomienden o imponen la legislación que les es aplicable, sus reglamentos o estatutos’”.

“Con esto, las mutuales han podido aumentar sus ganancias hasta en un 153%, las que luego retiran a través de sociedades espejos, al igual que las universidades privadas. A modo de ejemplo, la ACHS con casi 50% de participación en el “mercado de las mutuales”, tiene participación en una serie de sociedades anónimas; entre estas podemos encontrar el Laboratorio Bionet con un 33.33%, Sorema S.A con 75%, Sorema del sur S.A con un 30%, Sorema del norte S.A con un 30% Imágenes 2001 S.A con el 34%, SMI Concepción S.A con el 20%, SRM Concepcion S.A con el 10.64%, SMMN Concepción S.A con un 20%, SMI S.A con un 22.2%, SMI Temuco S.A 49.14%, Esachs 99%, CEM HTS 99.99%, entre tantas otras”.

Navarro recordó que “ya por el año 2011, Ciper advertía sobre el imperio de negocios que la ACHS creó con las cotizaciones de los trabajadores[iii]. Pero lo que faltó investigar fueron las consecuencias que este perverso sistema trae al sistema público, la pregunta era ¿quién paga? Fonasa, ¿cuánto?, más de 90 mil millones al año”.

Para el líder del MAS “es así como las mutuales, entidades que fueron creadas para prevenir y resguardar a los trabajadores en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales, desvirtuaron el espíritu de la ley 16.744 la que fuese promulgada el año1968, en el Gobierno de Eduardo Frei Montalba, convirtiéndose hoy en una máquina de defraudar el Estado”.

Rol de la Superintedencia de Seguridad Social

A juicio del senador Navarro “esta situación no compete sólo a las mutuales. La Superintendencia de Seguridad Social también juega un rol como organismo fiscalizador. La Suseso, es el organismo estatal encargado a revisar todas las apelaciones y reclamaciones cuando la mutual rechaza una licencia médica laboral. Cabe señalar que de cada 10 apelaciones presentadas ante la Suseso, 7 son rechazadas”.

El parlamentario indicó que “un dato a la causa es que el año 2005, el sindicato de la ACHS (SNTACHS), realizó una presentación a la SUSESO, dirigida en ese entonces por el Sr. Javier Fuenzalida Santander donde se solicitó fiscalizar la creación de la ESACHS, empresa que según las propias palabras del presidente del sindicato de la ACHS de la época, don Víctor Quijada esta “desnaturalizando” la ley 16.744, ante lo cual la Suseso no fiscalizó. Lo particular de esto, es que Javier Fuenzalida Santander pasó de la Superintedencia de Seguridad Social directo a la gerencia de RRHH de la AChS, en una muestra más de la vinculación política-dinero que también se da en las superintendencias”.

Finalmente Navarro señaló que “como legisladores, también tenemos un deber. Por una parte, la Cámara de Diputados debe dar origen a una Comisión Investigadora, para lo cual hemos hecho entrega de todos estos antecedentes al ex presidente de la comisión de Trabajo, diputado Tucapel Jiménez. Así como también debemos ponernos a disposición de la ministra de salud para legislar por recuperar las mutuales para los trabajadores y resguardar su derecho a la seguridad social”.