Multan a empresa de R. Martínez por robo de agua en El Carmen

$70 millones deberá cancelar al fisco sociedad agrícola que integra el desaforado parlamentario.

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“Es un fallo de la Corte Suprema y frente a esta última instancia solo hay que acatar y cumplir con la resolución”, dijo Ignacio Martínez Labbé, administrador y representante legal de la empresa familiar Sociedad Agrícola y Forestal Rosauro Martínez y Compañía Limitada, al referirse al fallo del máximo tribunal del país que ratificó un dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago que sancionó a esa compañía agrícola por extracción ilegal de aguas en el fundo “Los Mañíos” (500 hectáreas), localizado en la comuna de El Carmen. 

 

El desaforado diputado chillanejo Rosauro Martínez Labbé (RN), es uno de los socios de la empresa, la cual además fue multada a cancelar 100 UTA (Unidades Tributarias Anuales) por reiteradas infracciones al artículo 171 del Código de Aguas, e incumplir los procedimientos y omitir la solicitud de permisos para construir un tranque que desvió las aguas del estero “El Quemado”. Ello, perjudicó el riego agrícola en predios adyacentes, cuyos propietarios denunciaron en 2009 a la familia Martínez ante la Dirección General de Aguas (DGA). 

 

“Los tribunales de justicia han ratificado las multas que aplicó en su momento la DGA a esta sociedad agrícola. Se determinó que había un  ilícito por obras no autorizadas de un acumulador de aguas (muro de 8 metros de altura) que desvió ilegalmente recursos hídricos de un estero. La multa alcanza cerca de $70 millones”, puntualizó el seremi de Obras Públicas René Carvajal (PS). 

 

El monto a cancelar por la familia Martínez será cobrado por la Tesorería General de la República en beneficio del Fisco. 

“Ahora procede, y lo que parece prudente es que la empresa sancionada devuelva el cauce natural y elimine todas las obras que acumulan agua indebidamente. Si eso no ocurre, los particulares tendrán potestad para ejercer acciones legales ante las instancias que correspondan para exigir la demolición de las obras”, agregó Carvajal, quien advirtió que ante eventuales denuncias de la persistencia del ilícito, la DGA fiscalizará en terreno y dispondrá de nuevas acciones para exigir el cumplimiento de la resolución judicial. 

 

“La sociedad lleva el nombre de mi padre, todo lo que tiene que ver con administración, proyectos y decisiones recae en uno de mis hermanos”, argumentó en 2011, el diputado Rosauro Martínez, luego que el agricultor Nelson Quilodrán, realizara una segunda denuncia ante la DGA. 

 

SUPREMA Y SENTENCIA POR DESAFUERO

En tanto, la Corte Suprema dio a conocer el  fallo unánime de los 16 ministros que ratificaron (el viernes pasado) el desafuero decretado a mediados de mayo por la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra del parlamentario por su presunta participación en el homicidio calificado de tres miristas, cuando era capitán de Ejército, en Remeco Alto (Los Ríos), en 1981. 

 

En los alegatos previos, el defensor Fernando Saenger solicitó anular todo el proceso seguido en contra del parlamentario, aludiendo a que la ministra de la Corte de Valdivia, Ruby Alvear, se había declarado implicada al subrogar y decretar diligencias en reemplazo de la ministra en visita Emma Díaz. “(...) el motivo de nulidad por quebrantamiento del debido proceso de ley invocado por la defensa, no comparece en los términos alegados (...) las providencias previas que (...)  aparecen suscritas por la ministra Alvear carecen de la trascendencia necesaria para dar pábulo a una eventual invalidación de las mismas, por no haber referido ninguna a la cuestión de fondo esencial a ser resuelta: el acogimiento o el rechazo del desafuero”, precisa el fallo de la Suprema. 

 

Tras conocer el detalle del fallo, la abogada querellante, Magdalena Garcés, adelantó que pedirá a la ministra Díaz, ampliar el desafuero en contra de Martínez, por la muerte de otros dos miristas (René Bravo  y Julio  Riffo)  detenidos en Nalalhue, y posteriormente asesinados en Neltume, en 1981.