Eduardo Hernández N. “Notarías de Puerto Montt y Castro son un obstáculo a la democracia”

Queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la falta de voluntad de notarios y notarias de las comunas de Puerto Montt y Castro para facilitar el proceso de inscripción del partido político MAS del Sur, al negarnos la posibilidad de designar un funcionario que tramite la legalización de las fichas de inscripción de manera expedita.

Realizamos la solicitud a las notarías de Puerto Montt y Castro para que nos faciliten un ministro de fe para la inscripción del partido y la respuesta ha sido categórica: quienes quieran legalizar su ficha de adhesión, deben sacar número de atención por conducto regular, sin dar ninguna posibilidad de abrir una sala para el procedimiento, en circunstancia que las notarias están atochadas, con rangos de espera en promedio de entre dos, tres o más horas, por lo que quienes trabajan o estudian y efectivamente quieren militar en este nuevo partido político, no cuentan con el tiempo necesario para esperar estos horarios.

Entendemos la neurosis de algunos notarios producto del caso firmas, pero estos no se pueden terminar convirtiendo en un obstáculo a la democracia. Es por eso, que nuestro presidente nacional, el senador Alejandro Navarro, presentará un proyecto de ley que exija a las notarías, una vez publicado en el Diario Oficial la constitución de un nuevo partido político, deban designar un funcionario de uso exclusivo para la legalización de las fichas de militancia y así tengan la obligación de facilitar las condiciones necesarias para la inscripción de un nuevo conglomerado.

Aunque vemos difícil que los bloques predominantes voten a favor este proyecto de ley, ya que se afecta su poder futuro, creemos que la ciudadanía organizada, los movimientos sociales y sindicales, han entendido que la política es la herramienta para transformar el país, por lo que es necesario facilitar a nuevos partidos el proceso de inscripción, las notarías no pueden ser un obstáculo para la democracia o guardianes de la democracia protegida instaurada por la Constitución de Pinochet.