- El parlamentario advirtió de la eliminación de correos, oficios y documentos del gobierno en ministerios y servicios públicos. Medida que calificó como “una ‘política de tierra arrasada’”.
- De acuerdo a Navarro, la alerta fue entregada por el futuro ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, quien indicó la existencia de un decreto que pone fin a mantener los archivos públicos.
- El parlamentario se reunirá de urgencia con contralor general de la República, Ramiro Mendoza. Posteriormente se dirigirá a La Moneda para pedir explicaciones a los ministros salientes del Interior, Andrés Chadwick y a la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. “Aquí hay una diferencia entre salir y huir”, señaló.
Imagen: gov.cl |
Junto con opinar que “toda la maquinaria presidencial ha estado durante estos últimos 90 días destinada a preparar las condiciones del regreso de Piñera a La Moneda”, el senador y presidente nacional del MAS, Alejandro Navarro, aseguró que “ese abuso del presidencialismo, que ha dado paso al Piñerismo, que inaugura obras que tendrá que construir y financiar el gobierno de la Nueva Mayoría, lo que busca es instaurar la silla musical Bachelet – Piñera, Bachelet – Piñera”. Y reveló la polémica: “Lo más grave es que el diseño contempla también dinamitar los ministerios y los servicios públicos a través de un decreto que establece borrar todos los correos institucionales, de manera escondida y clandestina”, sostuvo Navarro.
Según el congresista del MAS, “en enero se levantó la restricción de no eliminar información, ello mediante un decreto. En consecuencia, los correos institucionales, documentos y oficios que forman parte de la historia de la gestión administrativa de las instituciones públicas sí pueden ser borrados, y esto podría ocurrir en todos los servicios y ministerios”.
“Es un hecho gravísimo”, exclamó el senador. Y lo definió así: “Esto equivale a que se realice una fogón con los papeles. Pero en este caso es como si fuera una hoguera digital”. A lo que Navarro se preguntó: “¿Esto está operando ahora? ¿O se tocará la tecla ‘suprimir’ al último minuto, junto con apagar la luz en los ministerios y servicios públicos, antes de que asuma la Presidenta Bachelet?”
Por eso es que el líder del MAS anunció: “Denunciaremos la legalidad de esta situación ante la Contraloría General de la República, y recurriremos a una investigación con un organismo externo a fin de poder recuperar la información perdida. Porque si la hoguera digital se efectuase, complicaría a los ministerios y servicios públicos; se deja en una difícil y precaria condición a los nuevos ministros. Y así, se caería el mito de una transición perfecta, transparente, ordenada, responsable y republicana”.
Y continuó: “Ha sido el próximo secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, quien nos ha informado de esta situación a los presidentes de los partidos políticos. Y como el gobierno de la Nueva Mayoría aún no asume y los ministros aún no son ministros, son los diputados en ejercicio los que tienen la facultad de fiscalización y somos los senadores en ejercicio los que tenemos la obligación de denunciar estos hechos. Por eso es que advierto: aquí podríamos estar ante el peor atentado a la transparencia pública que conociéramos desde el regreso a la democracia”.
Además de hablar con el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, el senador Alejandro Navarro adelantó: “Vamos a exigir una respuesta inmediata del ministro del Interior, Andrés Chadwick y de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, al respecto. Esto, porque, reitero, puede ser es lo más grave que le puede ocurrir a la democracia después de la dictadura de Pinochet. Ya no se trata si son correos personales o institucionales, puesto que aquí no habrá ningún tipo de correos. No habrá historia, porque se borrará”.
“Se vulneran principios de transparencia
y escrituración de actos administrativos”
Para argumentar su postura, Navarro se refirió a la Ley 19.880 que Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado:
Artículo 5º. Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.
En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación.
Ante esto, el senador Alejandro Navarro, comentó: “Los correos no son actos administrativos, pero pueden contener los fundamentos, pueden ser procedimientos de elaboración o dictación o medio del registros de las decisiones que condujeron a los mismos. Borrar información indiscriminadamente atenta contra el registro de la historia del acto, y mutilar las carpetas administrativas del procedimiento de dictación del mismo. Por ende, dejaría a los actos como decisiones arbitrarias o caprichosas, al borrarse las razones de su dictación o los motivos de fondo de su redacción final”·, aseveró.
Y asimismo manifestó: “Esta acción de hoguera digital puede no tan solo empañar, sino desvirtuar el traspaso de gobierno. Es más, este gobierno de derecha se va con la ‘política de tierra arrasada’. Espero que la eliminación de información no llegue a ser realidad. Nos preocupa que se haya levantado esa prohibición a comienzo de año. Por consiguiente, lo que buscamos esclarecer es: ¿quién dio la orden?, ¿de dónde emanó?, ¿quién es el pirómano digital que borra antecedentes?”.
Y finalizó Navarro asegurando que “tengo a mi equipo jurídico de cabeza trabajando, porque creo que la decisión de eliminar información de gestión de gobierno no solo es una medida antidemocrática, sino que también es un delito”.
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