El precio y sus silencios
Por Alan Sepúlveda Rodríguez
- Académico de
Administración Pública Universidad Central sede Región de Coquimbo
El alza de los
combustibles no es un accidente ni una simple decisión del
Gobierno. Es la expresión de una economía que no
controla su energía y de un Estado que, ante límites fiscales, deja de
amortiguar el shock. Más que subir precios, comienza a revelar su costo real.
La discusión se ha
reducido a si el gobierno debió evitar el alza, pero esa pregunta es
superficial. El problema no es el precio en sí, sino quién absorbe sus efectos.
En una economía dependiente, el MEPCO no elimina el shock, decide si lo paga el
Estado o se traslada a los hogares.
Más que un instrumento
técnico, el MEPCO funciona como un dispositivo político de contención. No
elimina las alzas, las administra, suaviza su impacto, reduce el malestar
inmediato y preserva legitimidad. Pero al hacerlo, posterga el conflicto sin
alterar la dependencia que lo origina.
El ajuste reciente marca
un punto de inflexión. El Estado reduce su capacidad de amortiguar el alza y
acelera el traspaso del costo hacia los hogares. No es solo un cambio técnico,
es una decisión que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la contención del
impacto inmediato.
Chile importa la
totalidad de sus combustibles, por lo que no define sus precios, solo
administra sus efectos. Esta vulnerabilidad no es coyuntural, responde a una
inserción periférica sin estrategia energética, donde la dependencia limita la
capacidad real del Estado para intervenir.
La controversia sobre la
“caja fiscal” revela algo más profundo que una disputa de cifras. No existe una
única lectura de la situación del Estado, sino recortes construidos desde
distintos momentos y criterios. En ese marco, la apelación a la estrechez fiscal
no es solo un diagnóstico técnico, es también una forma de ordenar las
decisiones posibles. La capacidad estatal no se agota en la liquidez inmediata;
incluye endeudamiento, credibilidad y decisión política. El punto, entonces, no
es si hay o no recursos, sino qué se considera un uso legítimo de ellos.
Más que perfeccionar
mecanismos de estabilización, lo que falta es una estrategia energética de
largo plazo. Sin ella, el Estado solo administra shocks.
El problema no es cuánto
sube la bencina, sino cómo se distribuyen sus costos y qué rol asume el Estado
frente a ellos. Mientras el debate siga reducido a cifras, se elude la pregunta
de fondo. ¿Qué modelo económico sostenemos? y ¿Qué tipo de Estado estamos dispuestos a construir ante
crisis que no controlamos?
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