El nuevo “gobierno de emergencia” comenzó con un plan que mezcla recortes sociales, rebajas tributarias y un debate incómodo sobre Punta Peuco.
El nuevo gobierno de José Antonio Kast se ha definido a sí mismo como un “gobierno de emergencia”. La idea es simple: Chile estaría enfrentando una crisis tan profunda que justificaría decisiones rápidas, duras y –según el propio Presidente– incluso impopulares. Pero cuando se observan las primeras medidas del Ejecutivo, surge una pregunta inevitable: ¿emergencia para quién?
El primer gran proyecto del gobierno, llamado “Reconstrucción Nacional”, contempla más de 40 medidas destinadas –según La Moneda– a ordenar las cuentas fiscales y reactivar la economía. Entre ellas aparecen ajustes a la gratuidad universitaria y el fortalecimiento del cobro de las deudas del CAE, medidas que impactan directamente a estudiantes y familias que dependen del financiamiento público para acceder a la educación superior.
Hasta ahí podría discutirse como una opción política.
El problema aparece cuando se observa el cuadro completo.
Porque mientras el gobierno anuncia recortes inevitables y “medidas impopulares”, el mismo proyecto propone rebajar gradualmente el impuesto corporativo desde el 27% al 23%, con el argumento de incentivar la inversión.
Es decir, el diagnóstico oficial dice que el Estado tiene menos recursos.
Pero la receta incluye recaudar menos.
La ecuación parece sencilla: austeridad para las políticas públicas, alivio tributario para los grandes contribuyentes.
En otras palabras, una reconstrucción bastante selectiva.
La ironía es evidente.
Se pide responsabilidad fiscal a los estudiantes endeudados, mientras se ofrecen rebajas tributarias a quienes concentran la mayor parte de la riqueza. Si eso es austeridad, entonces es bastante curiosa: una austeridad dura para abajo, generosa para arriba.
Pero el inicio del gobierno no ha estado marcado solo por tensiones económicas. También por señales políticas inquietantes. En paralelo al discurso de mano dura contra el delito, el Ejecutivo ha respaldado el debate sobre conmutación de penas para reos de edad avanzada, iniciativa que podría permitir que condenados cumplan sus penas en sus casas en lugar de la cárcel.
La discusión inevitablemente vuelve a poner en el centro a internos condenados por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco, lo que ha abierto un nuevo conflicto político.
Un gobierno que promete firmeza frente al crimen termina relativizando las condenas de quienes cometieron algunos de los delitos más graves de la historia reciente del país.
La contradicción es brutal.
En apenas una semana, el llamado “gobierno de emergencia” ya dejó claras sus prioridades: recortes en derechos sociales, rebajas tributarias para los más ricos y señales ambiguas frente a la justicia en materia de derechos humanos. Quizás por eso el nombre del proyecto resulta tan revelador. Porque lo que el gobierno llama reconstrucción empieza a parecerse cada vez más a otra cosa. A una restauración.
Una restauración donde el Estado se retira de los derechos sociales, pero aparece generoso cuando se trata de aliviar impuestos al poder económico.
Una restauración donde la austeridad siempre se aplica a los mismos, mientras otros reciben alivio.
Si este es el punto de partida del llamado “gobierno de emergencia”, entonces la verdadera emergencia no parece ser la del país.
La verdadera emergencia parece ser restaurar un Chile donde algunos vuelven a ganar privilegios… y muchos vuelven a perder derechos.
Porque cuando una “reconstrucción” reduce derechos sociales y baja impuestos a los más ricos, deja de ser reconstrucción.
Se llama restauración.
Y eso no es reconstrucción.
Es retroceso.
Foto principal: Prensa Presidencia.
Por Patricio Medina Johnson. El autor es economista y Magíster en Governance of Risk and Resources, Heidelberg University. Expresidente de la FEUSACH.
Santiago, 17 de marzo de 2026
Por Crónica Digital.
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