Caso Julia Chuñil: detención de hijos y exyerno abre crisis de confianza en la investigación

La madrugada de este miércoles marcó un punto de inflexión en el caso de Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche, campesina y defensora del territorio, desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. Tras más de un año de investigación, Carabineros de Chile y la Fiscalía Regional de Los Ríos detuvieron a tres de sus hijos y a un exyerno, imputándoles participación directa en su asesinato.

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastias Bastidas. A los tres hijos se les imputará el delito de parricidio, mientras que al exyerno se le formalizará por homicidio calificado, con la agravante de alevosía. Además, los cuatro enfrentarán cargos por robo con violencia e intimidación en contra de un adulto mayor de 90 años.

El operativo, ejecutado de manera simultánea en Máfil y Temuco, movilizó a más de un centenar de efectivos policiales de distintas especialidades. Según confirmó la fiscal regional Tatiana Esquivel, los detenidos serán puestos a disposición del tribunal para su control de detención y posterior formalización durante esta jornada.

Un despliegue que indigna a la familia

Lejos de traer alivio, las detenciones provocaron una reacción de indignación y profunda desconfianza por parte de la familia de Julia Chuñil y de organizaciones sociales y de derechos humanos que han acompañado el caso desde su inicio.

En una declaración pública difundida este 14 de enero, la familia cuestionó con dureza la desproporción del operativo policial: mientras la búsqueda de Julia durante más de un año movilizó, en el mejor de los casos, a no más de 50 personas, la detención de sus familiares se realizó —según denuncian— con un despliegue que alcanzó hasta 500 efectivos.

“La desproporción grotesca revela prioridades invertidas: recursos masivos para criminalizar a los suyos, pero abandono y mínima diligencia para encontrarla con vida cuando más se necesitaba”, señala el comunicado.

Acusaciones de sesgo y criminalización

El eje más delicado de la declaración apunta a la línea investigativa de la Fiscalía, a la que la familia acusa de haber centrado desde el inicio sus esfuerzos casi exclusivamente en el entorno familiar, desestimando otras hipótesis que, aseguran, fueron planteadas reiteradamente por comunidades mapuche, organizaciones de derechos humanos y por la propia familia.

“La formalización de una investigación no equivale a culpabilidad”, subrayan, recordando que la presunción de inocencia es un pilar del Estado de Derecho, especialmente en un caso atravesado por filtraciones, estigmatización mediática y posibles irregularidades procesales.

La familia va más allá y plantea una sospecha grave: que la investigación esté orientada a construir un relato conveniente antes que a esclarecer los hechos con imparcialidad, criminalizando a los sectores más vulnerables y evitando responsabilidades de mayor peso estructural o político.

Julia Chuñil: más que una víctima

Julia Chuñil Catricura no era una persona anónima. Era madre, abuela, campesina y reconocida defensora del territorio y de la naturaleza. Su desaparición y posterior confirmación de fallecimiento se inscriben en un contexto más amplio de conflictividad territorial, desigualdad estructural y desprotección de comunidades rurales e indígenas.

Por eso, para su familia y organizaciones adherentes, el riesgo hoy es doble: que no se haga justicia real y que su memoria sea instrumentalizada para justificar arbitrariedades institucionales.

Exigencias urgentes

En su declaración, la familia exige:

Transparencia absoluta y acceso total de la defensa a todos los antecedentes.

Respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Una investigación imparcial, sin hipótesis privilegiadas.

El cese de narrativas mediáticas que prejuzgan culpabilidades.

Explicaciones claras sobre la desproporción del despliegue policial.

“No callaremos”, concluye el comunicado. “Seguiremos exigiendo verdad y justicia real para Julia, sin permitir que su memoria sea utilizada para encubrir fallas sistémicas”.

Un caso que interpela al Estado

Más allá de lo que determinen los tribunales en las próximas semanas, el caso Julia Chuñil ya dejó una herida abierta: la desconfianza profunda de una familia y de amplios sectores sociales frente a una investigación que, a sus ojos, llega tarde, mal y con una violencia institucional que contrasta brutalmente con la pasividad inicial del Estado.

En un país marcado por la criminalización histórica de comunidades mapuche y por una larga lista de investigaciones fallidas o sesgadas, lo ocurrido en Máfil no es solo un caso policial. Es una prueba de fuego para el sistema de justicia chileno y su capacidad de investigar sin prejuicios, sin montajes y sin revictimizar a quienes ya han perdido demasiado.

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