El presidente Gabriel Boric defiende en su Cuenta Pública la reforma a permisos sectoriales para agilizar inversiones, pero organizaciones como Defendamos Patagonia y la experta Pamela Poo la tildan de 'desregulación ambiental'. Critican la falta de soluciones a conflictos históricos y advierten retrocesos en derechos socioambientales, desde salares hasta la industria salmonera.
Presidente Boric promete celeridad en inversiones con reforma a permisos sectoriales, pero ambientalistas alertan sobre desregulación
El presidente Gabriel Boric destacó durante su Cuenta Pública del 1 de junio la reforma a los permisos sectoriales como un avance clave para el crecimiento económico. Señaló que esta medida, sin bajar los estándares regulatorios, permitirá agilizar las inversiones. Sin embargo, organizaciones ambientalistas rechazaron el proyecto, argumentando que bajo el discurso de simplificación se esconde un riesgo de desregulación ambiental.
Desde el sur de Chile, Defendamos Patagonia expresó su frustración en redes sociales, afirmando que el Gobierno no aborda los problemas históricos socioambientales. La organización criticó la falta de soluciones para la industria forestal, los impactos de la minería en el norte, los daños de la salmonicultura en el sur y la persistencia de zonas de sacrificio. Además, acusaron al presidente de respaldar retrocesos en derechos ambientales.
La organización agregó que la llamada “ley de permisología” o como denominan: "ley de motosierra ambiental" y la explotación de salares para la industria del litio representan graves vulneraciones al derecho a un medioambiente libre de contaminación. También cuestionaron el modelo extractivo del hidrógeno en Magallanes, señalando que prioriza intereses económicos sobre la protección ecológica.
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“Desregulación ambiental”
Por su parte, la politóloga y directora de Fundación Ecosur, Pamela Poo, calificó la reforma como un paso hacia la desregulación. Advirtió que muchos proyectos podrían eludir evaluaciones ambientales rigurosas y que el sistema operará con silencio administrativo automático, sin una fiscalización adecuada ni participación ciudadana.
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Poo también criticó la política del litio, denunciando la destrucción de salares y el aumento de la producción en el Salar de Atacama, a pesar de su deterioro ecológico. Cuestionó la falta de coherencia en un contexto de precios bajos del mineral y daños ambientales irreversibles.
Sobre los anuncios ambientales del Gobierno, la experta señaló que son insuficientes. Destacó la ausencia de políticas concretas para enfrentar la crisis climática, como medidas de adaptación o restauración, y advirtió que los compromisos de descarbonización podrían verse debilitados por la reducción de estándares.
Poo cerró con un llamado a estar atentos, subrayando que las promesas del Gobierno vienen con letra pequeña y no responden a la urgencia de la crisis ecológica. Su postura refleja el malestar de sectores que esperaban un giro más decidido hacia la sostenibilidad.
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