Semana de agitación en contra de la Ley Antitomas

“Son gente fresca”, de esa manera se refirió Alfonzo Muñoz Aravena, militante del Partido Socialista y actual alcalde de El Tabo, a las familias desalojadas a comienzos del mes de septiembre de una ocupación de terreno del sector Las Cruces. El desalojo contó con la fuerza policial, que reprimió a las personas expulsándolas de sus casas, y violentando a un hombre de 64 años, por su parte máquinas de la municipalidad demolieron las viviendas.

Pero la actitud del alcalde socialista es una actitud transversal de los sectores de poder, ya que todas estas iniciativas se enmarcan dentro del proyecto de ley 14.015-25, impulsado por los senadores derechistas Felipe Kast (Evopoli), Marcela Sabat (RN) y Ena Von Baer (UDI) y que lleva por nombre “Ley de Usurpación de Terrenos”, aunque conocida ya popularmente como la “Ley Antitomas” o “Ley Maldita”.

En lo formal, el objetivo de este proyecto de ley sería “Disuadir y castigar a quienes ocupan terreno o inmueble ajeno” modificando con este fin el Código Penal sancionando con penas de privación de libertad el delito de usurpación y extendiendo el tiempo de flagrancia, para que se haga más largo el plazo que tiene la policía para detener a quienes recién se han tomado un terreno y/o infraestructura, que actualmente es un periodo de 12 horas.

Sin embargo en la práctica el objetivo de esta ley responde a la necesidad por parte de las familias ricas de Chile de controlar las recuperaciones territoriales del Territorio Mapuche. Con la misma severidad se intenta abarcar también las tomas de terreno del campo y la ciudad, o las ocupaciones de edificios educativos e instituciones a modo de protesta.

La “Ley Antitomas” es una forma más cruel de perseguir a las y los pobres que habitan el territorio conocido como Chile.

Si bien las autoridades intentan retratar el conflicto y la supuesta necesidad de endurecimiento de los castigos como una problemática entre privados o pequeños propietarios desprotegidos, la realidad es mucho más compleja que eso: A comienzos del año 2021 la ONG Un TECHO PARA CHILE presentó los resultados del Catastro de Campamentos 2020-2021. En el informe se graficó que para el mes de Marzo de 2021 81.643 familias estaban viviendo en los 969 campamentos a lo largo del territorio, la cifra más alta desde 1996, una cifra que se mantuvo relativamente sostenida hasta el año 2014, pero que comenzó a aumentar vertiginosamente hasta dispararse el año 2019:

Comparando los datos del catastro de la ONG con los registros del MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO del año 2019, las nuevas cifras muestran que ha aumentado en un 73,5% la cantidad de familias viviendo en un Campamento, y a su vez ha aumentado en un 20,8% la cantidad de ocupaciones de terreno. De las regiones con más familias que se han ido a vivir en estas condiciones de emergencia, destacan en el norte Arica y Parinacota, ahí la cifra se ha multiplicado en un 243,5%. En el centro del país está la Región Metropolitana con un aumento del 224,55% y la Araucanía en el sur marcando 325,38%.

Lo terrible es que estas cifras no son números, son cantidades de familias que han tenido que dejar arriendos o les han expulsado del hogar donde vivían de allegados, para vivir en un lugar sin luz eléctrica ni agua en muchas ocasiones, confiando en que el tiempo les permitirá acceder a mejores condiciones de vida y cumplir ese tan lejano sueño para nuestras generaciones actuales: el de la casa propia.

La ley anti tomas es una Ley Maldita, ya que criminaliza aún más la pobreza, ataca el síntoma y no el problema, fortalece la especulación inmobiliaria y la tenencia sin uso de propiedades y tierras. Empobrece, quita empatía y hace que el Estado no se haga responsable de la enorme desigualdad que existe en Chile, el oasis neoliberal, territorio en donde les pobres han sido los más golpeados por la Pandemia.

Con esta ley aprobada, cada persona que intente solucionar su problema habitacional, o incluso ocupar su escuela o universidad para reclamar mejores condiciones, corre el riesgo de ser encarcelada: al igual que las muchas presas políticas que actualmente se encuentran privadas de libertad.

La “gente floja” que acusa este nefasto alcalde, son personas que por uno u otro motivo están intentando conquistar mejores condiciones de vida para ellas y sus familias: son personas nacionales y extranjeras, y todas apuestan por otras formas de vida, pues su tierra es donde sus hijes comen el pan y tienen un techo donde dormir.

Infórmate y activa contra la Ley Antitomas.

Diego Ernesto Fernández Gajardo