Senador Navarro “Centro Piaget lucra a costa de la dignidad de jóvenes humildes y defraudando al Estado”

• A primera hora de esta mañana, la toma del Centro de Estudios y de Integración Laboral fue desalojada por personal de Carabineros, dejando un saldo de 13 detenidos. Navarro comentó que “si esto significa que el Centro vuelva a regular sus funciones, nosotros nos opondremos”.
• A su vez, señaló: “Hay quienes insisten en hacer de la educación un negocio”, agregando que “vamos dilucidar el real porqué de que pese a denuncias y fiscalización el Mineduc no haya tomado medidas”.

Su molestia por la “indigna situación que han tenido que pasar decenas de jóvenes de los cerros de Talcahuano y sus familias al enterarse de que el centro de capacitación y validación de Estudios Piaget de Talcahuano, los tenía registrados ante el Ministerio de Educación como discapacitados mentales para poder cobrar una subvención de 150 mil pesos mensuales por cada uno de ellos”, manifestó el senador Alejandro Navarro quien ha dado su respaldo a los jóvenes afectados que exigen una respuesta y una solución de parte de las autoridades de gobierno.

El parlamentario del MAS dijo que “este es el hecho de la mayor gravedad, abusivo y delictual que he conocido en materia de subvenciones que muestra la vulnerabilidad del sistema educacional y sus controles ante los inescrupulosos que utilizan la libertad de enseñanza solo para defraudar al Estado. Es inaceptable saber que este centro declaraba una matrícula de 250 jóvenes con problemas mentales, cuando en realidad nunca ha tenido más de 70 alumnos y hay cursos hasta con solo un estudiante”.

Navarro dijo que “estamos estudiando las acciones legales ante esta situación y que presentaremos la próxima semana, en la que el Centro ha desarrollado una publicidad engañosa. Creemos que hay fraude al Fisco, por lo que la vía penal sería ante la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado; asimismo una demanda civil por indemnización por daño moral”.

Y continuó: “Por cierto, hay que apresurar la investigación que lleva adelante hoy la Superintendencia de Educación y se fijen a los responsables de este ilícito. Y, muy importante, se asegure que los estudiantes afectados, que son perfectamente sanos y a los que han hecho aparecer con discapacidad mental, puedan cumplir como se debe integrados a un centro educativo que les asegure terminar el año, como corresponde, pues el centro Piaget no estaba en condiciones ni de capacitarlos ni de nivelarlos en sus estudios”.

“Lo que ocurrió en este centro de Talcahuano -agregó- obliga a una fiscalización nacional, toda vez que el único incentivo perverso para hacer aparecer a jóvenes normales como deficientes mentales es la subvención de 150 mil pesos que este centro recibía mensualmente por cada estudiante. Esto no puede volver a ocurrir. El centro debe ser intervenido y deben revisarse también los nombres y antecedentes de los profesionales y sicólogos que validaban las fichas de los jóvenes haciéndolos aparecer con discapacidad mental temporal. Hay que saber quiénes fueron los profesionales que se prestaron para cometer este delito, que es fraude al fisco”.

El legislador enfatizó que “resulta particularmente indignante saber que a los jóvenes reales que asistían a este centro se les hacia ir en la mañana y en la tarde, y que entre las rutinas estaba la de hacerlos memorizar nombres y RUN distintos a los propios, y verificar que muchos de ellos nunca ha asistido a ningún taller. La nueva directora ha intentado mejorar esta situación, pero es un tema estructural, pues está desde hace dos años todo armado para cometer el fraude, obteniendo un beneficio para un objetivo que no se cumple”.

Navarro indicó que “en todo caso, nos preocupa que la Dirección Provincial de Educación, que tiene estos antecedentes desde hace dos años, cuando se denunciaron formalmente estas irregularidades, y hasta hace poco no haya adoptado ningún curso de acción que impidiera que esto siguiera ocurriendo. Queremos saber por qué las autoridades no tomaron decisiones, cuando existe constancia de que tras la denuncia se realizaron las fiscalizaciones pertinentes, sin que nada cambiara”.

El parlamentario señaló que “hay antecedentes adicionales que también nos preocupa aclarar. Primero, porque según nos ha informado la propia autoridad educacional el giro único y exclusivo del centro es la atención de jóvenes con discapacidad mental. Estamos haciendo gestiones también para saber quién es el sostenedor real, porque se han presentado algunas personas que no son las mismas que figuran como sostenedores oficiales y, como si eso no fuera ya bastante, queremos certeza respecto de quienes son los propietarios del terreno y de la infraestructura que ocupa el centro, porque nos dicen que eventualmente pertenecen o habrían pertenecido al Serviu”.

Finalmente, Navarro sostuvo que “con razón, por todo esto, los jóvenes y sus familias utilizan la toma del centro, exigiendo solución de parte de autoridades. Es por eso que denunciaremos esta presunta apropiación ilegal de recursos públicos que los inescrupulosos a cargo de este establecimiento hacían falsificando documentos y la realidad de jóvenes humildes de los cerros de Talcahuano que hoy son los principales afectados”.