Con stand juventudes por “Una Nueva Mayoría” informaremos sobre primarias

A las 10 horas de hoy jueves 6 de junio, en el paseo peatonal de Concepción, calles Aníbal Pinto con Barros Arana, las juventudes del MAS, PC, PPD y PS que conformamos el Pacto Nueva Mayoría estaremos orientando a los ciudadanos de la Región del Biobío a participar en unas primarias para Michelle, este 30 de junio.

En la jornada estaremos repartiendo información para motivar al electorado a que el 30 de junio no se queden en sus casas y vayan a votar por la próxima Presidenta de Chile: Michelle Bachelet.

Tal como lo explicitamos en nuestros ejes programáticos, somos de la convicción de:

Cambios constitucionales y políticos para profundizar la democracia. Chile necesita una Nueva Constitución y ugn nuevo marco político y constitucional, que supere el origen ilegitimo del actual Constitución, dotando a las instituciones del país de una nueva normativa que recree y fortalezca el vínculo democrático entre los/as ciudadanos/as, el Estado y sus instituciones. Especialmente, re‐caracterizando constitucionalmente un Estado alternativo a la subsidiariedad, dotándonos de un sistema electoral proporcional, de derechos a voto de los chilenos en el extranjero, de gobiernos regionales electos por votación universal, de iniciativa de ley ciudadana y plebiscitos vinculantes. Abordando problemáticas como igualdad de género, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y derechos y libertades ciudadanas y personales.

Consagración de los Derechos Sociales y la necesidad de una efectiva Reforma Tributaria. La sociedad chilena ha explicitado su deseo de contar con el resguardo, seguridad y dignidad en la satisfacción de sus derechos fundamentales. Por ello, es prioritario asegurar, la existencia y fortalecimiento de una educación pública, en todos los niveles, gratuita y de calidad que no discrimine según el origen social de los estudiantes, en concordancia con los documentos de educación aprobados por el conjunto de la oposición. De una salud pública universal con acceso oportuno y de calidad, garantizada en todos los niveles (ampliación efectiva de atención primaria, servicios de urgencia y AUGE) y con un sistema de financiamiento solidario suficiente de copago. De una pensión mínima garantizada al término de la vida laboral, lo que conlleva una profunda revisión del Sistema de Pensiones (AFP), visualizando un sistema de capitalización de carácter solidario y mixto (individual, empleador y Estado). De una política de vivienda social con estándares de habitabilidad garantizados, poniendo énfasis en el incremento de los controles y la fiscalización del uso del suelo y de las empresas inmobiliarias. Con especial atención en el diseño e integración de la ciudad y con criterios de equidad territorial. El aseguramiento de los derechos sociales contribuye a alcanzar una integral calidad de vida, siendo garantía para dicho propósito la reconstrucción y fortalecimiento del sistema público, haciendo posible que el crecimiento económico y sus beneficios sean una meta con impacto equitativo para todos los chilenos y chilenas. Lo anterior, hace indispensable la realización de una Reforma Tributaria real y efectiva, teniendo como base el acuerdo de la oposición en Documento de Reforma Tributaria, de abril del año 2012. Dicha reforma debe sustentarse en el principio que quienes tienen más o perciben mayores ingresos, aporten más a los recursos fiscales necesarios para solventar el gasto social.

Reformas Laborales para un Chile más justo e igualitario. Chile necesita un Nuevo Código del Trabajo y una revisión profunda de la actual legislación laboral. El principal origen de la desigualdad social se encuentra en los bajos salarios y el empleo precario, consecuencia directa de los débiles recursos y herramientas con que cuentan los trabajadores/as y las organizaciones sindicales para incrementar la participación de los primeros en la distribución de la riqueza nacional. Por ello, es importante desplegar esfuerzos para fortalecer las organizaciones y la sindicalización de los/as trabajadores/as, fortalecer la negociación colectiva y el derecho a huelga, el fin al multi‐rut y determinar un nuevo método y criterios para el reajuste y fijación en el tiempo del sueldo mínimo. Abordando constitucionalmente la igualdad de remuneración de mujeres y hombres que desempeñan igual cargo o función y otorgando reconocimiento al trabajo no remunerado; revisando la situación y los derechos laborales de los funcionarios /as públicos/as y, asegurando el cumplimento de la normativa laboral por parte del Estado.

Un nuevo Estado para un nuevo modelo de desarrollo económico y social. La organización del Estado de Chile debe pensarse desde la responsabilidad social y la solidaridad colectiva, buscando mediante el incremento de sus atribuciones y competencias, favorecer la superación del abuso, de la desigualdad, la disminución de las injusticias y de un desarrollo productivo con tecnologías avanzadas, valor agregado, productividad y empleo de calidad. Se trata de proponer y construir un nuevo modelo de desarrollo que considere una nueva estrategia, orientada a la industrialización y productividad con valor agregado, a dotar al Estado de la capacidad de emprendimiento productivo, de producción de servicios y a la creación de una empresa nacional de energía. Considerando para ello, una nueva definición del rol del Estado en la economía y en la redistribución de los ingresos nacionales, fortaleciendo las empresas estatales y mixtas y caracterizando el Estado solidario y responsable como alternativa a la subsidiariedad. El nuevo modelo de desarrollo nos obliga revisar las trabas que impiden al Estado resolver conflictos productivos o participar en asuntos que están mal regulados, fortaleciendo su capacidad regulatoria. Exige una política pública orientada al desarrollo nacional de las ciencias, la investigación, el conocimiento y la innovación, a la protección y estímulo de MIPYME, a la aplicación de medidas contra la concentración económica, a la regulación del mercado y a la fiscalización y protección de los derechos de los trabajadores/as y los consumidores. Al ejercicio pleno de la soberanía económica sobre sus recursos renovables y no renovables, tales como recursos mineros, pesqueros, hídricos, forestales y energéticos. Y a una política que dando continuidad a la apertura económica y comercial a todos los países del mundo, fortalezca las relaciones económicas, sociales y políticas con los países de América Latina y el Caribe.

Políticas para el desarrollo regional, la equidad territorial, la sustentabilidad y la protección medioambiental. Es necesario que la nueva estrategia de desarrollo para el país sea depositaria de las expectativas ciudadanas de desarrollo colectivo e individual para todas las regiones y comunas del país, velando por un crecimiento y productividad sustentable, respeto por el medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad local. Considerando una modernización del Estado que apunte a una estrategia de desarrollo económico y social para las regiones del país, junto a un pacto de cohesión territorial entre el nivel central del Estado, las regiones y comunas, orientado a cautelar que todos los territorios de Chile puedan desarrollarse en el máximo de su potencialidad y que ninguno se vea marginalizado. Es prioritario abordar un proceso de descentralización y estímulo a la capacidad productiva en regiones y municipios, con especial atención en regiones extremas. Buscando el traspaso de competencias desde el nivel central al nivel regional en materias de fomento productivo para el desarrollo territorial y propiciando una producción y explotación sustentable de los recursos naturales y del medio ambiente. El nuevo modelo de desarrollo en el plano regional y local conlleva un desarrollo económico con equidad territorial y resguardo del patrimonio y las identidades locales, junto a la generación de energías e integración energética sostenible en el tiempo y armónica con el medio ambiente. Asimismo, en el ámbito regional asumimos como prioritario fortalecer los gobiernos regionales y municipales, avanzando desde la descentralización en la elección de autoridades y administración de presupuestos, junto a una nueva ley de rentas municipales.