La Coordinadora Ambiental Ñuble
Sustentable y Libre de Contaminación y
las organizaciones ambientales que suscriben, vemos con preocupación que el
Estado chileno a través del Ministerio de Obras Públicas insiste en su política
de construcción de grandes embalses en Ñuble y con el pretexto del progreso y
del bien común, pasa por encima de los intereses de comunidades a las que debiera proteger. Esta
política ha sido intensificada por el actual gobierno que pretende que estos
proyectos obtengan sus resoluciones de calificación ambiental (RCA) con mucha
celeridad, cayendo en inconsistencias entre los datos publicado por el MOP y el
proyecto presentado al SEA, lo que
demuestra el alto grado de improvisación, poca rigurosidad y voluntarismo con
que se aborda el tema, como también genera confusión y desconfianza en la
opinión pública y en las comunidades afectadas.
El proyecto Embalse Zapallar, en proceso
de calificación ambiental en el SEA Ñuble, desde septiembre de este año, está
proyectado para asegurar el riego de 44.630 hectáreas e incorporar otras 10 mil hectáreas en San Ignacio y El
Carmen. Para ello pretende embalsar las aguas invernales del río
Diguillín, impactando territorio de las comunas
de Pinto, San Ignacio y El Carmen.
Diversas organizaciones socioambientales
de El Carmen, San Ignacio y Pinto han levantado su voz oponiéndose a la
construcción de este embalse, debido a los impactos negativos que provocará en
el valle Zapallar, como son la inundación de cientos de hectáreas, la pérdida
de flora nativa y del hábitat de la fauna, y lo que es más importante, implicará
expropiaciones de terrenos y viviendas, y obligará a la erradicación y relocalización de muchas
familias, que aún no han sido
notificadas. Se estima en 1.577,94
hectáreas el área de emplazamiento y afectación del medio hídrico (área de
inundación y obras asociadas). Además, parte de la superficie de inundación estará en
al interior de la Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de
Chillán-Laguna del Laja.
Entregamos nuestra solidaridad a las familias que se verán afectadas por este proyecto y comprometemos
nuestro apoyo a las organizaciones que están
reaccionando y expresando su rechazo al conocer los detalles de este embalse y sus
obras anexas. Al igual que lo expresamos respecto al proyecto Punilla, es
necesario transparentar cuál es el verdadero propósito de este proyecto. Entre los afluentes del río Diguillín se
considera también el Canal Laja-Diguillín (con una capacidad de 40m3/seg) cuyos
derechos de aprovechamiento aún no están constituidos y siguen en la condición
de volumen de agua reservada del fisco, dentro de la Laguna del Laja. Se
suponía que el canal Laja-Diguillín beneficiaría a 60 mil has., pero es de
público conocimiento que existe un conflicto entre la DOH (Dirección de Obras
Hidráulicas) y ENDESA por el uso de las aguas de la Laguna del Laja que no ha permitido
llegar a esa cifra, para sortear ese obstáculo este gobierno prefiere hacer una
inversión de 212,5 millones de dólares, para la construcción de un embalse para
54.630 has.
Creemos que antes de realizar una
inversión de esa envergadura y provocar un impacto tan significativo en el río Diguillín,
en el valle Zapallar y en su gente, el gobierno debe aclarar y resolver la
situación del Canal Laja Diguillín.
Al igual que en el Punilla, no nos
oponemos a que los agricultores mejoren su seguridad de riego, pero exigimos la
búsqueda de soluciones que no hipotequen el territorio cordillerano y que
respeten el equilibrio ecológico; así también exigimos total transparencia con
las comunidades que se verán afectadas; que se sepa realmente quiénes serán los beneficiados
y por qué se necesita un embalse, cuando se suponía que el canal Laja-Diguillín
mejoraría el riego a 60 mil hectáreas prácticamente en la misma zona geográfica.
Tradicionalmente este tipo de embalses
benefician mayoritariamente a las grandes empresas agrícolas y a sus
monocultivos y no a pequeños agricultores ni a las comunidades rurales, muchas
de las cuales carecen de agua y deben ser abastecidas por camiones aljibes.
Finalmente expresamos nuestro rechazo a que el agua se siga considerando
como un bien que se transa en el mercado
y que se vende al mejor postor. La ciudadanía mayoritariamente se pronunció el
25 de octubre para cambiar el actual sistema y para que el agua sea un bien
común, con rango constitucional, que asegure a todos los chilenos su libre
acceso.
Chillán, 6 de
noviembre de 2020
Adhieren a esta
declaración:
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1.- Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable y Libre de Contaminación |
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1.-
Somos Diguillín, Movimiento Social por la Defensa del Diguillín |
2.-
Comité Unión Diguillín (Afectado por embalse Zapallar) |
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3.- Diguillín Libre |
4.-
Huella del Diguillín |
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6.-
Asociación Parque Juan Schleyer |
7.-
Comité Ambiental Comuna Chillan Viejo |
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8.-
Movimiento Social en defensa del rio Ñuble, Ñuble Libre |
9.- Asociación
Defensas del Entorno Ecológico y Patrimonial Sector Poniente Rio Ñuble, ADEEP |
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10.-
Comité Borde Costero Colmuyao |
11.-Todos
Somos Cobquecura, TSC |
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12.-
Agrupación Socio Ambiental Chillan, ASACH |
13.-
Pemuco sin Termoeléctricas |
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14.- Defensa Ambiental ONG |
15. - MODATIMA |
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Su articulo de opinión, porque no se le puede llamar reportaje o nota periodística, parte con una confusión infantil, el embalse Zapallar no es para 54.630 hectáreas, sino para 10 mil. Las aéreas de riego son todas nuevas y mayoritariamente corresponden a pequeños agricultores que viven en una de las comunas mas pobres del país, donde no hay industrias que generen empleo y donde la agricultura es una de las pocas alternativas. Las familias afectadas con el área de inundación, para las cuales se hará un plan de mitigación, no superan las 30 y los beneficiaros con el nuevo riego, que no son grandes industrias ni monocultivadores, son cerca de 2000, como lo señala el estudio ambiental. Es bueno que exista preocupación por lo ambiental... pero sin mentiras.
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