Organizaciones cuestionan proyecto de ley de biodiversidad y su avance sin haber concluido consulta indígena

· Señalan que carece de una perspectiva de derechos humanos y de directrices internacionales, desconoce la relación existente entre conservación de la biodiversidad y los sistemas vida tradicionales de comunidades locales e indígenas, así como sus formas de gobernanza de áreas protegidas.

· Además, consideran que no se hace cargo de los impactos que tiene el modelo de desarrollo extractivista sobre la biodiversidad, ni de la sobreposición de áreas protegidas con tierras y territorios indígenas.

Por Paulina Acevedo

El Observatorio Ciudadano y el Consorcio TICCA, junto a un conjunto de organizaciones y comunidades indígenas de distintos territorios a lo largo del país, dieron a conocer mediante declaración pública sus reparos a la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual adolece de “serias limitaciones desde la perspectiva de los derechos humanos, así como desde la perspectiva de las directrices internacionales de conservación”, afirman.

Constatan, además, que el proyecto “desconoce la estrecha relación que existe entre la conservación de la diversidad biológica y los sistemas de vida tradicionales de muchas comunidades locales y pueblos indígenas” y que “no se hace cargo de las causas de impactos a la Biodiversidad, derivado de un modelo de desarrollo que se basa en la extracción y explotación de recursos naturales”.

Afirman también que la iniciativa fue ingresada a tramitación legislativa “sin un proceso previo de consulta a los pueblos indígenas, consulta que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT constituye un deber del Estado cuando se adoptan medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, como es el caso de esta iniciativa legal”.

Cabe destacar que las comunidades y organizaciones indígenas han manifestado, no solo a lo largo del proceso de consulta iniciado por el gobierno, sino también con anterioridad a este, en favor de que “las iniciativas de conservación de biodiversidad públicas y privadas sean realizadas con respeto a sus derechos, y que se establezcan mecanismos para reconocer y apoyar las iniciativas de conservación indígena”. Considerando que el ingreso de indicaciones por parte del gobierno, antes de que concluya dicho proceso de consulta, atenta con los principios de buena fe que deben orientarla.

Ya que “la decisión del MMA de avanzar en la discusión del proyecto de ley y discutir indicaciones, aun cuando el proceso de consulta indígena no haya concluido, rompe el clima de confianza y respeto mutuos que deben primar en un proceso de consulta de buena fe en una materia tan importante para los pueblos indígenas como lo es la conservación de la biodiversidad en sus tierras y territorios”.

Por lo mismo, piden a la Comisión de Medio Ambiente del Senado suspender el análisis del proyecto de Ley mientras no sean presentadas las conclusiones del proceso de consulta a los pueblos indígenas, y el Ministerio de Medio Ambiente incorpore en sus indicaciones los resultados de este proceso, como una demostración de buena fe y cumplimiento del Convenio 169. Asimismo, solicitan que “en las próximas etapas de la tramitación de este proyecto de ley analizarán sus contenidos, abrir un espacio para escuchar a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y recoger sus propuestas sobre la materia”.