Más de 21 mil personas exigen que se liquide definitivamente el DL 701 sobre fomento forestal en Chile

A través de una campaña en internet que ha reunido este 30 de enero cerca de 21 mil firmas y cuya meta es de 30 mil, se está exigiendo el fin de todo subsidio de plantaciones en monocultivo forestal y particularmente que se liquide el Decreto Ley 701, instrumento fáctico creado desde la dictadura militar para beneficiar a un oligopolio multimillonario con el propósito de que no tengan gastos en la plantación de árboles en monocultivo de especies exóticas como el pino y el eucaliptus, siendo el estado quien les subsidió por decenas de años dichos costos, recibiendo miles de millones de pesos para expandirse en el centro sur de Chile con monocultivos, zonas que han enfrentado graves secuelas a causa de esto, como crisis hídrica, mega incendios, plagas, empobrecimiento, donde las empresas continúan cobrando seguros de incendios y el estado sigue fomentando plantaciones en sectores campesinos.

Si bien este instrumento no se ha prorrogado, se mantiene un proyecto de ley en el Congreso de la República desde el 2015 tendiente a buscar su vigencia por tres años más, sin embargo, las denuncias de corrupción y la colusión del papel han hecho que se quede en status quo, pero solapadamente igual se le ha asignado recursos, según fuentes oficiales “por deudas de arrastre”.

A su vez, Matte y Angelini (oligopolio forestal) no tan solo han recibido sendos subsidios por este decreto platas fiscales para costos de plantaciones y producción, también el estado destina hasta el día de hoy miles de millones de pesos para sus intereses, a través de: investigación científica en universidades públicas, brigadistas Conaf para apagar sus incendios, fuerzas públicas para resguardar sus predios, mejoras viales ante la destrucción de caminos causada por alto tráfico de camiones que llevan las cosechas, anexos de tierras de campesinos y comunidades a sus intereses, distribución miles de litros de agua a zonas con crisis hídrica ubicadas en las de mayor concentración forestal, desarrollo de biotecnología para mejorar especies más resistentes a los cambios climáticos como zonas cordilleranas o para mayor succión de napas subterráneas. A esto se agrega la mantención de instituciones públicas a su haber como INFOR, como también estudios de mercados y acuerdos comerciales para mejorar sus exportaciones. Este saqueo estatal no puede seguir.

Asimismo, la nueva ofensiva estado empresa es el de buscar incentivar la introducción de estas especies en sectores campesinos y comunitarios, varias promovidas por instancias como CorpAraucanía, siendo las propias empresas las que regulan los precios del mercado y quienes a la postre compran sus cosechas, en definitiva, anexan a sus intereses tierras de pequeños propietarios.

Para sumarse a la campaña que busca que el ejecutivo liquide este decreto retirándolo definitivamente del Congreso de la República, como también, el que se activen políticas públicas para restaurar territorios, ecosistemas y reforestación con biodiversidad de especies nativos, acceder al siguiente link: PONGAMOS FIN AL DECRETO LEY 701 Y AL MODELO FORESTAL

Hitos sobre el decreto ley 701

El gobierno de la dictadura militar de Pinochet dio absoluta prioridad a los intereses de Angelini y Matte con respecto a establecer políticas de estado que les otorgaran beneficios y ventajas en la instalación del modelo forestal. En efecto, en el año 1974 se establece el decreto Ley 701, que permitió acelerar el proceso de la industria y la expansión de los monocultivos, además de fomentar la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos.

Asimismo, principales empresas de este rubro del Estado, se pasaron al sector privado a manos mayoritaria de estos dos grupos. Sin embargo, se ha señalado que el mayor subsidio a estas empresas lo constituyó el traspaso de tierras y plantaciones correspondientes a propiedades estatales y terrenos expropiados durante la Reforma Agraria. Según cifras, del total de 10 millones de hectáreas expropiadas, 3 millones -ubicadas en la faja costera- fueron vendidas en licitaciones públicas. Los bajos precios y las favorables condiciones otorgadas por el Estado, generaron un rápido vuelco en la propiedad forestal.

De esta forma, el Decreto ley 701 que, además de promover la expansión forestal mediante subsidios, autorizó a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para enajenar las tierras que habían sido objeto de la contrarreforma agraria, muchas de las cuales todavía estaban ocupadas por comunidades mapuche o campesinas.

Con respecto a los subsidios, este decreto actuó bonificando el 75% de los costos de plantación, manejo y de administración, además de eliminar la tributación. El abaratamiento de la mano de obra y las economías de escala, permitieron a las grandes empresas forestales cubrir la casi totalidad de los costos de plantación con el subsidio.

En 1979 se decretó una reforma a la Ley Nº 17.7297, implementando la división de las tierras comunitarias mapuche y la entrega de títulos individuales de propiedad privada. Sin embargo, como propietario individual minifundista, el mapuche comienza a enfrentar un contexto económico competitivo tendiente a su asimilación o desaparición rural. En este tiempo comienza a proyectarse el gran territorio empresarial de las forestales.

En 1980, la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), que agrupa a los principales empresarios forestales en Chile, intervino directamente frente al gobierno de Pinochet en la confección del reglamento del DL 701 de 1974 sobre Fomento Forestal, contribuyendo a consolidar aún más al patrimonio de estas empresas y su expansión.

Desde entonces las exportaciones forestales han constituido una alta prioridad para los sucesivos gobiernos chilenos que se han denominado democráticos, desde 1989 hasta nuestros días, los cuales han seguido apoyando y promoviendo la forestación en amplias extensiones y a su vez, estableciendo diversos acuerdos multilaterales con diversas regiones y países para imponerse en el mercado, abrir y consolidar relaciones comerciales y contribuir al enorme aumento de las fortunas de sus grupos económicos.

El gobierno de Sebastián Piñera pretendió prorrogar durante el 2012 a 20 años dicho Decreto, en medio de la resistencia de diversas organizaciones. Posteriormente, el gobierno de Bachelet, silenciosamente intentó darle prorroga con un proyecto de ley durante el 2015, en medio de escándalos de corrupción que vinculan a las forestales y sectores políticos del duopolio.

En el presente, el DL 701 se mantiene estancado en el Congreso de la República el DL y se exige su liquidación así como un cambio radical en las políticas públicas, donde se termine todo subsidio tendiente a fomentar plantaciones de monocultivo.