Corte de Apelaciones de Santiago al margen del estado de derecho

Hoy miércoles 25 de marzo de 2020, el juez Daniel Urrutia del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 144 y 145 del Código Procesal Penal, resolvió de oficio sustituir la medida de prisión preventiva por una de arresto domiciliario para 13 imputados de delitos de desórdenes públicos. La medida fue dictada considerando el acuerdo adoptado por el Comité de Jueces del mismo tribunal en orden a revisar todas las causas con personas en prisión preventiva, a fin de reemplazarlas, cuando sea posible, por otras que garanticen tanto el éxito del procedimiento como la salud de los imputados, atendida la emergencia sanitaria. Asimismo, consideró especialmente que todos los imputados gozan de irreprochable conducta anterior, por lo que, en el peor de los casos, arriesgan una pena que será cumplida en libertad.

En una conducta absolutamente anómala, el Pleno de la Corte de Apelaciones se reunió en forma extraordinaria pocas horas después de adoptada la resolución por el juez Urrutia. Actuando de oficio, acordó en resolución de una página dejar sin efecto la decisión y en el mismo acto, abrir un sumario en contra del juez y suspenderlo de sus funciones mientras este se realice. Un grupo de ministros fue de la idea además de derivar los antecedentes al Ministerio Público estimando que los “hechos denunciados” revisten carácter de delito, sin expresar la resolución cuáles serían esos delitos ni quién los habría denunciado ante la Corte.

El actuar de la Corte de Apelaciones es de una gravedad con pocos precedentes en el país. Sin brindar fundamento alguno, ha revocado la resolución de un juez de la república y no conforme con ello, con la misma carencia de argumentos, lo ha suspendido de sus funciones. Sobre la amenaza que el juez de garantía ha señalado implica la desproporcionada prisión preventiva para la salud de los imputados involucrados, no ha dicho una sola palabra. Frente a estos antecedentes no cabe sino concluir que la Corte de Apelaciones de Santiago se ha puesto al margen del Estado de Derecho y que su actuar debe ser investigado a la luz de lo dispuesto por el artículo 223 y siguientes del Código Penal.

No se nos olvida que en las últimas semanas la misma Corte revocó la resolución de la Jueza Carolina Gajardo en el sentido de decretar la prisión preventiva de un grupo de manifestantes imputados también por desórdenes públicos. Paradójicamente, también optó por sustituir la prisión preventiva por arraigo nacional para el el mayor de Carabineros Humberto Tapia que disparó balines en contra de menores de edad al interior del Liceo 7 de Santiago. 

Las acciones recientes de la Corte de Apelaciones de Santiago, al igual que en tiempos de dictadura, es condescendiente con el Poder Ejecutivo. Tal como entonces, no ha tenido la prudencia siquiera de sostener un criterio uniforme al momento de juzgar los casos sometidos a su conocimiento a propósito de la reciente Revuelta Popular, siendo evidente una tratativa indulgente con el actuar de las fuerzas represivas del Estado, mientras ratifica cautelares desproporcionadas contra manifestantes detenidos. En síntesis: cárcel para el manifestante; libertad para los violadores de los Derechos Humanos. 

Denunciamos que la prisión preventiva está siendo utilizada en Chile como herramienta de represión y pena sin proceso contra la protesta social. Durante todos estos meses de protestas, el Poder Judicial, conforme a los deseos del Gobierno, no ha hecho otra cosa que tomar decisiones para criminalizar la protesta social y, en definitiva, reprimir a los y las manifestantes bajo una supuesta legalidad que, como denunciamos en esta declaración, no es tal, y que, por el contrario, transgrede los principios básicos de nuestro sistema penal y procesal penal, además de estándares básicos de respeto a los Derechos Humanos. 

Denunciamos el actuar de la Corte de Apelaciones de Santiago, pues en esta decisión en contra del Juez Urrutia y de los imputados en prisión preventiva actúa como institución, resolviendo en pleno. Exigimos que esta medida sea revisada por la Corte Suprema y que el Ministerio Público tome conocimiento de los delitos que puedan haberse cometido en la adopción de este acuerdo ilegal.

Finalmente,. llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a suscribir esta declaración y a repudiar el actuar completamente ilegal demostrado por la Corte de Apelaciones de Santiago y a defender la independencia del Poder Judicial que hoy se ha puesto en jaque de forma manifiesta como en los peores tiempos de la Dictadura.

Por Corporación 4 de Agosto

Fuente: Convergencia de Medios