“Ley Antiterrorista no ha contribuido a la paz por lo que debe ser derogada”

El candidato presidencial, Alejandro Navarro, llamó al Ejecutivo “a entrar en razón antes que muera un preso político mapuche y retirar la querella por ley antiterrorista presentada por el ex Intendente de la Araucanía, Andrés Joannet, por el caso ‘incendio’, para recalificar esta a delito común, a fin de que se investigue con todas las garantías que brinda el derecho penal”.

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Asimismo informó que “la ocupación de la catedral de Concepción se mantiene con la autorización del monseñor Chomalí, quien ha hecho un llamado al entendimiento y al diálogo tanto al Ejecutivo como al Ministerio Público”.

El miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y candidato presidencial, Alejandro Navarro, tomó contacto esta mañana con Juan Carlos Tralcan, sobrino del Lonco Alfredo Tralcal, para solidarizar con la huelga de hambre que mantienen hace 107 días, junto a los hermanos Pablo, Benito y Ariel Trangol.

Asimismo informó que “la ocupación de la catedral de Concepción se mantiene con la autorización del monseñor Chomalí, quien ha hecho un llamado al entendimiento y al diálogo tanto al Ejecutivo como al Ministerio Público”.

El abanderado presidencial señaló que “el Lonco Alfredo Tralcan y los hermanos Trangol, enfrentan un delicado estado de salud con riesgo de vida, tal como lo diagnosticó el Colegio Médico, tras recurrir a una huelga de hambre desde la cárcel de Temuco que ya se extiende por 107 días, como forma de visibilizar su lucha para evitar la aplicación de la ley antiterrorista y todo lo que esta conlleva, como el uso de testigos sin rostro, la restricción de las medidas cautelares y la extensión de la prisión preventiva sin antecedentes fundados.”

Alejandro Navarro recordó que “la Presidenta Michelle Bachelet, antes de ser electa, se comprometió a no aplicar la Ley Antiterrorista a miembros de pueblos indígenas, lo que no se ha cumplido en el ejercicio de su mandato, por lo que existe una deuda que debe ser saldada”.

Además, aseguró que “la Ley Antiterrorista no ha contribuido a la paz en la Araucanía, al contrario, solo ha provocado huelgas, presos políticos mapuche con testigos sin rostro que luego salen absueltos, por lo que debe ser derogada, adecuándola el derecho a los estándares internacionales, tal como le han recomendado al Estado de Chile los órganos internacionales de protección de los derechos”.

Para Navarro “el gobierno no puede seguir con esta actitud de desidia y silencio frente a una huelga que se arrastra por más de cien días. Los familiares de los huelguistas ya entregaron una carta al Ministerio del Interior, a la que aun no tiene respuesta, a pesar del compromiso de responder en dos semanas”.

Alejandro Navarro llamó al Ejecutivo “a entrar en razón antes que muera un preso político mapuche y retirar la querella por ley antiterrorista presentada por el ex Intendente de la Araucanía, Andrés Joannet, por el caso “incendios”, para recalificar esta a delito común, a fin de que se investigue con todas las garantías que brinda el derecho penal”.

Respecto a los últimos hechos ocurridos en la Araucanía, Navarro fue enfático señalar que “en la Araucanía no hay terrorismo, así lo ha ratificado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo de la ONU, Ben Emmerson, quien llegó a Chile el año 2013 a elaborar un informe sobre la situación de violación a los Derechos Humanos que hay en las comunidades mapuche y solo vio a gente humilde, indígena, protestando por la pobreza, el abuso, la falta de agua yla usurpación de tierra de parte del Estado y las forestales”.

En esta linea, Navarro afirmó que “los mapuche no queman iglesias, su lucha es contra las forestales que usurparon sus tierras y contra el capitalismo que intervino su cosmovisión y cultura de vida, para arrinconarlos y someterlos a prácticas represivas dignas del colonialismo”.

Finalmente el candidato a la presidencial de Chile, conminó al gobierno a “dar una solución definitiva al Pueblo Mapuche, para lo que se requiere no solo de la voluntad del Estado y las comunidades, sino que de un tercer actor que son las forestales, a fin de devolver las tierras usurpadas, dar autonomía territorial y reconocimiento constitucional”.