No cesa la violencia y acoso policial militarizado en Tirúa: Comunidad impide detención irregular de werken

La PDI tuvo que dejar libre al dirigente y werken Víctor Mariñan tras presión de las comunidades, ya que la policía intentó llevarlo detenido sin orden escrita. Mientras eso ocurría, el Gope permanece en la ruta P-70 a la altura del sector San Ramón, estimándose en unos 100 efectivos.

La información es proporcionada por Aukin Lavken en horas de esta mañana desde el territorio de Tirúa, quien señalaba: “Comuneros de distintas comunidades impiden a la PDI llevarse a werken Víctor Mariñan. Mas de 100 efectivos del Gope rodean el sector.”

Momentos antes señalaba: “A esta hora la PDI y el Gope allanan casa del werken Victor Mariñan de la comunidad Kelgko de San Ramón, en el lago Lleu Lleu. Comuneros mantienen protegiendo al comunero debido que la policía no cuenta con la orden de detención respectiva. Militarizado el ingreso a San Ramón, a metros de la escuela.”

Cabe señalar que desde Tirúa se ha denunciado que existe un estado de excepción de facto y que los niveles de violencia y control de la plicía militarizada son extremos, a modo de ejemplo, algunos de los últimos hechos: – Emboscada armada al Lov Choque en un camino público, torturando por horas a los comuneros detenidos y quemando sus vehículos. – Emboscada armada a la Comunidad María Colipi en la propia sede comunitaria, baleando sin mediar provocación ni enfrentamiento, en presencia de niños y muchos testigos. – Controles vehiculares del GOPE en la carretera allanando vehículos, hostigando e impidiendo el paso para que las comunidades mapuche no apoyen a los comuneros detenidos en las audiencias judiciales.

Cabe señalar que recientemente: La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia Pewma Lavkenche de Tirúa, Oficina de Infancia de la Municipalidad de Tirúa, Fundación PIDEE (Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia), Hogar de Cristo, Fundación Lican y la Mesa de ONG’s Región del Bío Bío de la Red de Infancia y Juventud de Chile, pudieron en alerta por la situación que enfrenta la infancia Mapuche en esta comuna: “El último episodio de transgresión a los derechos de los niños, niñas y adolescentes aconteció el pasado jueves 3 de marzo, cuando en las cercanías de la sede de la Comunidad María Colipi Viuda de Maril de Curapaillaco, carabineros ingresó disparando al lugar donde se encontraban reunidos integrantes de la comunidad, deteniendo violentamente a dos personas. En ese momento circulaba un furgón escolar de la escuela Los Lingues que trasladaba a niños y niñas a sus respectivas casas luego del término de la jornada escolar. Estos niños y niñas presenciaron el operativo policial con altos niveles de violencia donde se vieron expuestos a un enfrentamiento donde inclusive hubo disparos de perdigones. Lamentamos que no exista la capacidad de medir los efectos que estos hechos tienen en la vida de los niños y niñas, por lo que nos preocupa enormemente que quienes tienen el deber de garantizar sus derechos como servidores públicos sean quienes los vulneran. A su vez, es necesario mencionar el trauma que se incuba en los hijos/as de los presos políticos mapuche, quienes se ven afectados directamente en este conflicto político económico.”

En otro punto señalaban: “Durante el mes de enero se tomó conocimiento de una detención a un niño de 15 años, por la supuesta quema de un predio en el Lago Lleu Lleu, denunciando tanto el adolescente como su familia, tratos indignos y agresiones racistas por parte de carabineros. Con estos antecedentes, ha quedado en evidencia el hecho recurrente que los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Tirúa son víctimas o testigos de hechos violentos, tales como enfrentamientos a mano armada, alto número de contingente policial con armamento de guerra en lugares públicos como almacenes comerciales, estigmatización por pertenecer a un pueblo originario y, en general, un tratamiento discriminatorio en los operativos policiales que generan traumas, repercutiendo negativamente en su ámbito psicológico.”

En este último tiempo el aparato represor del estado chileno ha venido intensificando una escalada de operaciones con mayor dotación de agentes policiales militarizados en zonas de conflictos de tierras, principalmente con intereses de empresas forestales como Mininco y Arauco, como también, una millonaria inversión en nuevas máquinas de guerra. Durante el 2015 el estado invirtió unos 4.000 millones de pesos para dotaciones policiales represivas principalmente en Arauco y con fuerte presencia en zonas de Malleco y Cautín, de las cuales 2.254.000 corresponden a Arauco. Hay asimismo, unos mil millones que obedecen a trabajos de inteligencia, operacionales y gastos reservados. Este 2016 las unidades represivas, la 36, se extiende hasta Lanco, Región de los Ríos.

En noviembre del 2015, el Ministerio del Interior adquirió por 4,5 millones de dólares máquinas y equipos de guerra con vehículos blindados marca Renault, modelo Panhard. Este contexto, ha generado diversas denuncias de parte de comunidades por diversos hechos de violencia, principalmente por el accionar de miembros del GOPE en la zona de Arauco y el uso de armamento de guerra para repeler movilizaciones.

Por Alfedo Seguel