Día: jueves, 11 de abril
Hora: 11 horas
Lugar: Contraloría Regional, calle O’Higgins N°74, Concepción
(Se adjunta recorte de prensa de la época del anuncio. Además de la declaración de cobertura Corfo para crédito de reconstrucción)
- El presidente del MAS junto al afectado pedirán investigar “una ilegalidad en la que se ha jugado con las esperanzas de probablemente miles de pequeños empresarios”.
- Navarro particularizará el caso de Luis Ramírez, “quien desde 1986 tenía una panadería, en la que le daba trabajo a 16 personas. El terremoto y tsunami impactaron su negocio en Penco y el gobierno le entregó un crédito de reconstrucción, dinero que nunca se le entregó”.
“Necesitamos explicaciones; detalle a detalle cada peso prometido por el gobierno y que hoy no sabemos dónde están, porque ese dinero a los bolsillos de los que iban a ser beneficiados, finalmente no llegó”. Con tal ánimo llegará el senador Alejandro Navarro a las oficinas de la Contraloría, para solicitar que “tanto la CORFO, como Banco Estado y todos los administrativos involucrados en este caso respondan por el anunciado fondo de 120 millones de dólares para unas 15 mil empresas damnificadas por el terremoto, en cuyo acto público la ex intendenta, Jacqueline Van Rysselberghe y el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, entregaron la certificación”.
La cita ante Contraloría tendrá el testimonio presencial de Luis Ramírez, dueño de la Panificadora Penco, que tras el terremoto y tsunami, sufrió pérdidas por 70 millones de pesos. “A Luis lo llamaron a participar en este acto oficial como microempresario. Fue declarado beneficiario del millonario crédito. Pero lamentablemente terminó siendo víctima de la maquinaria propagandística del gobierno en el plano de la reconstrucción, pues no recibió dinero alguno y, peor aún, tuvo que endeudarse para salvar el negocio”, afirmó Navarro.
La invitación
El 29 de abril del año 2010, comentó el senador del MAS, ejecutivos de CORFO se contactaron con Luís Ramírez. “Por teléfono, lo invitaron a una actividad de prensa en Talcahuano en la cual se le otorgó un certificado que indicaba que era el primer favorecido por el Banco Estado con cobertura Corfo para volver a levantar su negocio dañado por el terremoto y tsunami”.
El Gobierno representado en ese entonces por la ex Intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, junto al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter le entregaron a Luis un documento titulado “DECLARACIÓN” el que señala lo siguiente:
‘En el marco de la puesta en marcha del instrumento de cobertura o subsidio contingente denominado COBERTURA CORFO PARA CREDITOS DE RECONSTRUCCION, aprobado por Acuerdo de Consejo de dicha Corporación Nº 2606, de 2010, operación que será acogida a la cobertura Corfo señalada. La puesta en marcha de esta nueva cobertura de Corfo establece un hito relevante respecto de las acciones de financiamiento orientadas a la reparación o reposición de activos fijos no cubiertos por seguros, en el caso de que estos existiesen, a capital de trabajo y a reprogramación de pasivos, que se requieren para la reconstrucción del país’.
“Esta carta contó con la firma de Hernán Cheyre, vicepresidente ejecutivo de Corfo y la Soledad Ovando, en representación de Banco Estado Microempresas”, informó el Senador, quien a su vez agregó que “éste es un engaño por donde se le mire. Hubo dolo de prometer y no cumplir. Pues bien, una vez más vemos cómo este gobierno suma otro anuncio que, en un principio, son con celebraciones bombásticas, vía satélite, y que finalmente no se cumplen”.
Responsables en las faltas
De acuerdo al líder del MAS, “lo que hay es un sentimiento de engaño, pues ese dinero en ayuda para los comerciantes damnificados por el terremoto nunca se materializó y el gobierno ha querido pasar desapercibido, pero no lo toleraremos”, aseveró fundamentando que “haremos esta presentación en Contraloría para que ésta proceda a investigar administrativamente faltas al principio de probidad, constituidas por el eventual engaño a cientos de pymes afectadas por el terremoto, prometiéndoles créditos de reconstrucción Corfo que nunca llegaron a destino”.
Navarro especificó que “la denuncia está basada en el artículo 53 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, modificada por la ley de probidad administrativa, que dispone que el interés general que compone la probidad está constituido por ‘una gestión eficiente y eficaz, el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa’".
En continuidad a lo anterior, el parlamentario del Biobío señaló que “ninguno de estos estándares normativos de la probidad administrativa se ha cumplido en el caso concreto de Luis. Asimismo, la presentación solicitará a Contraloría si ella determina la existencia de un delito criminal, como la distracción o malversación de los caudales públicos, en caso de que el dinero comprometido se hubiere utilizado en fines distintos a los establecidos por la ley, se oficie al Ministerio Público para el ejercicio de las correspondientes sanciones penales. Lo mismo en el caso de que se hubiere cometido el delito de fraude al Fisco”, adelantó Navarro.
Finalmente, el congresista lamentó “cómo se ha enlodado, por irresponsabilidades las autoridades políticas, la imagen de una institución seria como CORFO. Espero que esta presentación contribuya a suprimir este tipo de personajes del servicio público”.
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