- El Vicepresidente del Senado informó que “Contraloría ha acreditado nombramientos de jefaturas mediante ilegalidades, discriminación, usurpación administrativa de funciones y otras perlas, lo que revela que el Ministro sigue haciendo de las suyas, esta vez en un Ministerio tan estratégico como la Defensa Nacional”.
Como “más del estilo Hinzpeter” calificó el senador del MAS, Alejandro Navarro, al dictamen de Contraloría General de la República N. 80973, de fecha 31 de diciembre de 2012, el que acreditó que el nombramiento de 13 personas como Jefes de Departamento en el Ministerio de Defensa fue hecho violando la ley, el principio de probidad, suscrito por una autoridad incompetente, y con discriminación arbitraria”.
El presidente del MAS advirtió que “con Defensa no se juega. Tenemos un Ministro que en su gestión ha dejado una estela de desaciertos, de equívocos, pero también de acciones reñidas con la prudencia y aún la moral pública. Al parecer el presente caso no es la excepción”, afirmó.
Navarro detalló que “el dictamen es lapidario, pues acredita que se realizó un concurso público para proveer cargos de jefatura de manera ilegal, sin respetar la carrera funcionaria. En vez de eso, abrieron el concurso a personas del sector privado, que manejarán complejas materias, reservadas, algunas secretas; imaginamos que serán los famosos gerentes que al día de hoy tienen a este gobierno de excelencia en la debacle de gestión, comunicacional y de imagen”.
“Más aún -señaló el Senador- el dictamen acreditó que los requisitos exigidos para postular eran sospechosamente favorables a algunos de los postulantes, por lo que señaló que el concurso violó el principio de probidad, ante la discriminación arbitraria que se produjo entre postulantes”. En suma, Navarro indicó que “el concurso del Ministerio de Defensa violó la Constitución”.
Como lo comentó el legislador, “lo peor es que la Contraloría acreditó que uno de los seleccionadores de los cargos, el jefe de la División de Presupuesto y Finanzas de la Subsecretaría de FFAA, Gustavo Arcaya, estuvo ligado laboralmente a dos de los seleccionados en una Municipalidad, por lo que el concurso, en estos casos violó nuevamente el principio de probidad, pues ese seleccionador debió haberse inhabilitado”, sostuvo.
Y agregó que "en este festival de mala gestión, debemos señalar que esta es la segunda vez que se llama a este concurso. La primera vez el concurso fue objetado por que una de las postulantes era miembro del Comité de Selección. Hoy, en este segundo concurso objetado por Contraloría, se están perdiendo 28 millones de pesos gastados en una empresa externa que organizó el proceso, más los sueldos indebidos a los jefes mal seleccionados. La pérdida estatal es cuantiosa".
Sin perjuicio de lo anterior, “Contraloría dictaminó que el Ministro Hinzpeter debió haber suscrito los nombramientos, como dispone el Estatuto Administrativo, y no el Subsecretario, lo que nos recuerda a la chambonada de la firma de la querella del caso sobreprecios por el que cayó el ex fiscal Peña, regalón de Hinzpeter; querella rechazada una y otra vez por el Tribunal Oral Criminal, porque estaba suscrita por el Subsecretario, igual que en este caso. Parece que el Ministro Hinzpeter no aprendió nada del Caso Bombas”, concluyó.
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