Corte Suprema ordena al fisco indemnizar a víctima de torturas en unidad policial, base naval e Isla Quiriquina

En fallo unánime, Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 por concepto de daño moral a Iván Eliseo Quintana Miranda, quien fue detenido por personal militar el 28 de septiembre de 1973, y trasladado y sometido a torturas en la Tenencia de Carabineros de Bulnes, en la Base Naval de Talcahuano y, posteriormente, en la isla Quiriquina.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 por concepto de daño moral a Iván Eliseo Quintana Miranda, quien fue detenido por personal militar el 28 de septiembre de 1973, y trasladado y sometido a torturas en la Tenencia de Carabineros de Bulnes, en la Base Naval de Talcahuano y, posteriormente, en la isla Quiriquina.

En fallo unánime (causa rol 139.776-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Eliana Quezada– revocó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó la demanda al acoger la excepción de prescripción extintiva opuesta por el fisco.

“Que de lo que se ha venido señalando, se desprende que el Estado está sujeto a la regla de la responsabilidad, la que no es extraña a nuestra legislación, pues el artículo 3 del Reglamento de La Haya de 1907 señala que ‘La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento será condenada, si hubiere lugar, a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen su ejército’. Complementa lo anterior el artículo 2.3ª del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto señala que ‘Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo’, el que supone el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto encontramos también el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que ‘Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario’”, cita el fallo.

La resolución agrega que: “En el mismo sentido se ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien, haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de la Haya señaló ‘que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo el daño moral’. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria. [Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, N° 7. Párr. 25-26)”.

“En síntesis, la obligación de reparación es una obligación que pesa sobre el Estado que ha violado los Derechos Humanos, obligación que es parte del estatuto jurídico de Chile, conforme se viene señalando”, añade.

Para la Sala Penal: “(…) en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares –consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos–, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No solo por lo ya expresado, sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno”.

“En efecto –prosigue–, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3 de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4 dispone que ‘el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado’. Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado, autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”.

“Que, en esas condiciones, resulta efectivo que los jueces del grado incurrieron en un error de derecho al momento de acoger la excepción de prescripción de la demanda civil incoada en contra del Estado, yerro que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, de suerte tal que el recurso de casación en el fondo será acogido”, concluye el fallo de casación substantiva.

Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo que: “se confirma la sentencia apelada de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, con declaración que se condena al Fisco de Chile a pagar la suma de $100.000.000 (cien millones de pesos) al actor Iván Eliseo Quintana Miranda, como resarcimiento del daño moral padecido, suma que devengará reajustes e intereses a contar de que esta sentencia quede ejecutoriada”.

 Ver fallo Corte Suprema