En julio de este año, sectores de la industria salmonera venían presionando para “avanzar con urgencia en una agenda corta”, según ellos en una publicación de El Mercurio: “para reimpulsar el crecimiento de la industria acuícola, ya que de lo contrario está en juego la competitividad y futuro del sector”.
A esa fecha, la entidad gremial SalmonChile reconocía “que el futuro de la actividad deberá ser revisado en la nueva Ley de Acuicultura”, proyecto que el Ejecutivo tiene previsto presentar durante el primer semestre de 2025—, pero advertían que “en la necesidad de trabajar en paralelo para destrabar aspectos regulatorios y de permisología que permitan un mayor crecimiento de la actividad”, destacaba la publicación.
“Se lo planteamos a la autoridad. Es importante la discusión de la ley acuícola, pero mucho más importante es iniciar ahora la discusión de esa agenda corta. Tenemos que hacer las dos cosas en paralelo”, señalaba así, Arturo Clément, presidente de SalmonChile.
A inicios de septiembre, trascendió en medios de prensa, que: “Gobierno retoma acercamientos con salmoneras y prepara “agenda corta” para problemas sectoriales”, titulaba así el Diario Financiero, agregando que: “La iniciativa del Ejecutivo tiene como fin solucionar temas administrativos que no requieren cambios legislativos, en paralelo a la elaboración de la nueva Ley de Acuicultura”.
“A espalda de la ciudadanía”
Estos acercamientos público – privado, ocurren en medio de una serie de polémicas y conflictos generados por la gran industria con respecto a la ley de biodiversidad y áreas protegidas (SBAP), la Ley Lafkenche y denuncias por ilícitos e irregularidades que involucran a sectores empresariales, como también, la inacción de autoridades en materia de concesiones acuícolas en áreas protegidas.
Esta denominada “agenda corta” ha generado el cuestionamiento y desconfianzas de organizaciones. La campaña ciudadana, “Áreas Protegidas Sin Salmoneras”, señaló en una reciente publicación, con evidente molestia: “El G0BIERNO #Ecolobysta prepara otra “cocina” o #CheeseAndWine en depa de #Zalaquett “.
También agregó en su publicación: “Agenda corta le llaman, para favorecer a los industriales del salmón a espaldas de la C0MUNIDAD , buscando darles facilidades y sin pasar por el congreso. Basta de permitirles “saltarse la fila” po @nico_grau @julio_salas”, emplazando al ministro Nicolás Grau y al subsecretario de pesca, Julio Salas.
Anuncios de Chile en la ONU para liderar protección oceánica
La reacción de la campaña ciudadana “Áreas Protegidas Sin Salmoneras”, no solamente se limitó a cuestionar la denominada “Agenda Corta” sino también los anuncios presidenciales en Naciones Unidas con respecto a liderar un proceso de protección oceánica.
Durante el evento “Gobernar la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional”, organizado por Chile en la ONU el 24 de septiembre, se destacó la necesidad de proteger los océanos: “Chile organizó el evento “Gobernar la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional», para impulsar la ratificación del Acuerdo #BBNJ sobre protección de los océanos y promover la postulación de Valparaíso como sede del tratado”, se señaló desde una comunicación oficial de la presidencia.
«Hoy es tremendamente angustiante ver cómo más allá de lo que alcanza nuestra vista, estamos destruyendo lo que no alcanzamos a ver, el mar, más allá de las fronteras jurisdiccionales. Esas islas gigantes de plástico recorriendo los océanos que se pueden ver (…) es realmente un llamado a la acción», aseguró el presidente Gabriel Boric alinicio de su intervención en la sede de la ONU en Nueva York.
Ver intervención en evento: “Gobernar la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional”
El evento, fue organizado por Chile en Naciones Unidas el 24 de septiembre y, segú la presidencia: “busca preparar el terreno para la oportuna entrada en vigor del Acuerdo, así como también explorar el papel que el sector privado y otros agentes no estatales pueden y deben desempeñar en la aplicación de muchas de sus disposiciones”.
Reacción desde organizaciones: “Áreas Protegidas Sin Salmoneras”
Sin embargo, organizaciones de la Patagonia critican la falta de acción para remover la industria salmonera de áreas protegidas. “No hay conservación del océano con cultivo industrial de salmones en parques y reservas nacionales”, señaló la campaña ciudadana “Áreas Protegidas Sin Salmoneras”.
Agregó: “Lo que “se olvidaron” tratar presidente Gabriel Boric, es la salida de los industriales salmoneros de las áreas protegidas de la Patagonia”.
Mientras el presidente Gabriel Boric, en su intervención en la ONU, hizo un llamado a la acción: “Es un deber proteger los océanos más allá de las fronteras jurisdiccionales… para nuestra propia preservación y seguridad alimentaria”. Sin embargo, las críticas apuntan a una contradicción entre el discurso internacional y la realidad nacional. Las organizaciones recuerdan que Boric prometió en 2022 que “las industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas”, pero dos años después, no hay avances significativos, han denunciado.
Desde hace un tiempo, la organización Defendamos Chiloé viene advirtiendo los peligros de permitir actividades industriales en áreas protegidas: “Es un acto de inconsciencia enorme… El presidente lo sabe, por eso le pedimos que es momento de elaborar un plan de salida de todas las industrias, incluidas las salmoneras”. A pesar de las promesas, las comunidades locales ven con preocupación que el gobierno ha permitido la reubicación de concesiones salmoneras en áreas protegidas sin avances en los estudios necesarios sobre el impacto ambiental.
Un informe del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral reveló que hasta 2021, había 545 concesiones acuícolas en Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de las cuales 411 estaban activas. Las reservas de Las Guaitecas y Kawésqar fueron las más afectadas, con el 45% y 68% de concesiones en Aysén y Magallanes, respectivamente. “La potencial contribución de estas áreas a la conservación marina está siendo amenazada”, advirtió Aldo Farias, autor del informe.
A pesar de la aprobación de la Ley SBAP en 2023, la industria salmonera se opone a la regulación de sus concesiones, lo que ha generado incertidumbre en las comunidades y científicos. Los impactos ambientales incluyen la contaminación del suelo marino, la eutroficación y los escapes de salmones, afectando gravemente la biodiversidad marina. “Mejorar este escenario requiere una adecuada aplicación de la normativa actual”, destaca el informe.
Las comunidades patagónicas exigen que el gobierno cumpla con su promesa de sacar a las salmoneras de las áreas protegidas y aseguran que la presencia de estas industrias es incompatible con los objetivos de conservación de estos ecosistemas únicos.
Cabe señalar, que en la actualidad, 32 empresas de grupos empresariales y conglomerados familiares chilenos junto a transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, controlan, a lo menos, 416 concesiones industriales al interior de los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia.
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