Candidaturas presidenciales y Políticas de Comunicación

Columna escrita por Chiara Sáez y Raúl Rodríguez, académicos e integrantes del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ICEI.

Fuente http://www.icei.uchile.cl

A pocas horas de las elecciones, cuando ha sido desestimado por el Tribunal Constitucional el requerimiento de la UDI contra los (pocos) avances democráticos de la Ley de TV Digital, y el duopolio de la prensa escrita enfrenta su peor momento desde el retorno a la democracia con la crisis del grupo Saieh que, dependiendo de la reestructuración de la deuda de SMU, puede ver afectado aún más su imperio mediático tras la cancelación de 3TV, es un buen momento para revisar las propuestas de políticas de comunicación que han presentado las candidaturas presidenciales en sus programas de gobierno.

La abanderada de la Nueva Mayoría Michelle Bachelet plantea una legislación para limitar la concentración de la propiedad; ampliación de garantías constitucionales en materia de libertad de expresión, apertura plural (?) del espectro radioeléctrico y de la publicidad estatal; incorporación del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) al Ministerio de Cultura y Patrimonio; ampliación de facultades de TVN para cumplir con su función de televisión pública, lo cual incluye incorporar financiamiento del Estado y darle protagonismo en la transición del sistema a la digitalización, en tanto TV pública como prestador de servicios de transporte de contenidos de terceros. Por último, el programa de Bachelet contempla que las radios comunitarias puedan acceder al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para acelerar el proceso de transición al nuevo marco legal, que aún no entra en plena vigencia pese a haber sido promulgado hace 3 años y medio.

Mientras Alfredo Sfeir no contiene propuestas al respecto, Marcel Claude, Evelyn Matthei y Tomás Jocelyn-Holt se remiten preferentemente a televisión. Claude se centra en TV digital, en bastante semejanza con las demandas de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital en los últimos años; Matthei plantea avanzar hacia una televisión de calidad a través de la fiscalización de los programas y el aumento de fondos del CNTV para mejorar contenidos; y Jocelyn-Holt reduce su planteamiento a dotar de mayores recursos al Consejo y descentralizar la difusión del cine chileno.

Marco Enríquez Ominami, por su parte, define medios y comunicaciones como una de las 24 áreas programáticas en caso de llegar a La Moneda. Plantea una nueva política pública de comunicación desde la noción de derecho a la comunicación, entendido como un derecho que integra tanto la libertad de expresión como de información. Considera una mejor gestión del espectro radioeléctrico; reformar el CNTV con reconocimiento y apoyo del Estado para la promoción del sector social; fomento de medios públicos en el caso de TVN y del sector comunitario, tanto de intereses como territorial, en radio y TV; reconceptualización del avisaje estatal y su distribución; e internet como servicio público, apostando por la disminución de la brecha y el acceso y uso de medios y soportes.

La propuesta de Ricardo Israel se ajusta a un concepto de "política de comunicaciones", más que a una política pública, la que estará centrada en una política comunicacional de su eventual gobierno definida por su relación con los periodistas. Salvo su idea de revitalizar el Diario La Nación en clave ciudadana, su política de comunicaciones se entiende como una relación con los medios y el ejercicio del periodismo.

A su vez Roxana Miranda presenta 6 medidas: apoyo con infraestructuras al desarrollo de radios y televisiones comunitarias; distribución equitativa del avisaje estatal sólo entre medios con utilidades anuales menores a $10.000.000; distribución ecuánime del espectro en 3 tercios: pública estatal, privada comercial y social; creación de una Ley de Comunicaciones y promoción del Derecho a la Información; eliminación de derechos preferentes en el acceso a frecuencias de radio y TV abierta; y propiedad estatal sobre la producción de celulosa y papel.

Franco Parisi propone, en tanto, que el gasto total por avisaje estatal sea destinado al Fondo de Medios. Sin ninguna mención a la televisión digital o a la era digital de los medios, Parisi apuesta por una nueva institucionalidad en telecomunicaciones en Chile que garantice acceso al sector social y pueblos indígenas.

Las iniciativas presidenciales son disímiles en cuanto a la profundidad y acuciosidad con la cual se aproximan a la regulación del sistema de medios y la comunicación. En este sentido, vemos desde quien no dice nada (Sfeir) pasando por quienes tienen planteamientos muy acotados a un tema o soporte mediático (Jocelyn-Holt, Israel, Matthei y Claude), hasta quienes tienen propuestas más integradas (Bachelet, Enríquez Ominami, Miranda y Parisi).

El énfasis de algunas candidaturas en incrementar el Fondo CNTV, no resuelve el problema de fondo de la industria televisiva: los fondos concursables no ayudan por sí solos a dar sustentabilidad a la entrada de nuevos potenciales canales. La idea de Parisi de traspasar el gasto por avisaje estatal -de 33 mil millones de pesos- al Fondo de Medios es por lo menos dudosa, pues significaría que el Estado ya no emitiría publicidad estatal o sería destinada a medios independientes sin darle "ni un solo peso" a El Mercurio y La Tercera, como ha sostenido el propio candidato. Sin embargo, es el único que habla del acceso de los pueblos indígenas a frecuencias de radio y TV.

En el caso de Bachelet es destacable el rol que busca asignar a TVN en el tránsito a la TV digital. De alguna manera, eso contribuiría a "elevar el listón" para el resto de los canales. Aun cuando, por otro lado, es una medida que corre el riesgo de promover solo una dimensión estatal de lo público, en la medida que no se abra a la distribución de contenidos de canales comunitarios, de pueblos originarios y de la ciudadanía en general.

Por último, las candidaturas de MEO y Miranda son las que mejor integran las demandas de la sociedad civil y de sus medios. En el caso de MEO, articulada a su vez con una preocupación por la TV pública y por internet como servicio público garantizado.

(*) Raúl Rodríguez, Periodista y Magíster en Comunicación Política
Chiara Sáez, Socióloga y Doctora en Comunicación.
Ambos son académicos del Instituto de la Comunicación e Imagen e investigadores del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile