Punilla: Diputada Carvajal invita a gobernador Martínez a escuchar a los afectados y así entre todos apoyar una real y justa solución

En septiembre a poco de haber asumido, el gobernador del Punilla, Cristobal Martínez, por iniciativa de la diputada Loreto Carvajal fue gestionada una entrevista con éste y vecinos de San Fabián, por estos últimos asistieron entre otros, el concejal de esa comuna Fernando Jiménez, el abogado Francisco Astorga de la ONG Defensa Ambiental y además, los vecinos Aliro López y Enrique Caro, los cuales expusieron a esa autoridad provincial, los problemas arrastrados con el proyecto Embalse Punilla, así como los incumplimientos relacionados con el “mal Plan de Desarrollo Social”, también en la ocasión consultaron a éste, si había una fecha para el desalojo de los vecinos. Al respecto, el gobernador conmovido con la declaración de los afectados, tomó nota y se comprometió a indagar sobre lo expuesto para así darles una oportuna respuesta. A posteriores, transcurrido casi dos meses, sin previa contestación ni aviso a los miembros de la comitiva antes mencionada, el gobernador autorizó el desalojo y destrucción de 7 viviendas, entre las cuales casualmente estaban las de con quienes había conversado, como son los ya mencionados Aliro López y Enrique Caro. 

Así como dice la declaración del gobernador, respecto de las 7 familias desalojadas, a las cuales demolieron sus viviendas y que hoy están en condición de erradicados involuntarios en carpas a orillas de camino, en el sector La Punilla, en San Fabián, en cuanto que, estas estarían recibiendo cheques, aclarar que, lo a percibir son vale vista, así también que no es en todos los casos, tal cual se ha comentado por diversos medios de opinión pública, es sólo a quienes son titulares del terreno expropiado, lo que por ejemplo, en el caso del vecino Aliro López, dado que, éste y su familia residen en el sector en condición de allegados, para su caso una vez expropiado el terreno al propietario, procede al nuevo dueño, el fisco, iniciar un juicio de comodato precario, para así pactar su salida y otros, tramite que no se ha cumplido. Quedando por tanto pendiente el íntegro cumplimiento de las medidas socio-ambientales del PDS, que es el que realmente aborda las necesidades de la relocalización de los vecinos. 

A la propuesta que, como gobierno se está disponible a escuchar y corregir los errores del proceso: la vivienda que estaba ubicada en el lote 29 propiedad de Enrique Caro, se constató que “a la fecha nunca ha tenido orden de demolición” no obstante lo cual fue destruida; las de los lotes 26, 27 y 28, recién el 7 de este mes fueron notificados, habiendo sido estas demolidas el 22 de noviembre” es decir, la notificación se formalizó 15 días después; queda preguntar a quienes lideraron este “operativo” en que documentación se respaldaron para autorizarlo. 

Cuando se hace referencia que, se han entregado todas las facilidades para que las familias desalojadas se reubiquen en cabañas, y no sigan haciéndolo a la intemperie, -como acontece desde hace más de un mes-, de igual manera para que arrienden talaje para el pastoreo de sus animales, estas medidas y otras dentro del Plan Desarrollo Social son inapropiadas, así lo ha dicho el Tribunal de Valdivia, por lo mismo, la empresa concesionaría es quien debiera preocuparse de solucionar el conflicto con los afectados, en tanto que el estado chileno ocuparse del drama humano, garantizando el bienestar y tranquilidad de las familias mediante el imperio del derecho en todo este proceso. 

Lamentamos que, se diga es un hito muy importante el que se esté avanzando en beneficio de este mega proyecto producto de supuestos pagos, ya que la situación de los pagos está en el mismo punto que desde hace 5 meses, sin existir nuevos avances luego de los desalojos. Favor entender que el bien mayor son las personas, como así lo ha entendido el Tercer Tribunal Medioambiental, que ordenó la paralización de dichos desalojos e inmediata devolución de los bienes retenidos; a lo cual suman demandas tanto criminal como civil emprendidas por los afectados; varias otras por impugnación en el Tribunal donde se generó la expropiación, por cuanto producto que, los predios a inundar por el embalse, en el entendimiento que como ya se dijo serán “inundados” fueron devaluados, fijándose su valor entre los 200 a 800 pesos el metro cuadrado, muy por bajo el precio de mercado. Sumar que, la concesionaria Astaldi actualmente niega haber participado directamente en los desalojos y destrucción de las viviendas, no obstante que su participación nos fuera corroborada y justificada por el Inspector Fiscal del proyecto, sobre lo cual, dicha empresa cae en contradicción al interponer una demanda contra un vecino del sector por daños a un vehículo de su propiedad, hecho ocurrido en circunstancias que esta participaba en tan lamentables y cuestionados hechos. No es que, sea una idea antojadiza de los afectados las irregularidades existentes, y no es que, la gente no éste aceptando los supuestos “beneficios” por mitigación o compensación, es que estos no son tales, invitamos a escuchar a las personas y dada nuestra cercanía con estos, si es necesario acompañaremos a las autoridades al sector a recoger de parte de los afectados sus planteamientos y así entre todos apoyar una real y justa solución.

Oficina Parlamentaria Diputada Loreto Carvajal