San Fabián de Alico, Ñuble: Desalojados por embalse Punilla consiguen apoyo de diputados

En una sesión extraordinaria para tratar el problema que vive un grupo de vecinos de San Fabián, forzado a dejar sus hogares por la construcción de este proyecto hidroeléctrico, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara se comprometieron a indagar más y citar al ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.

El anuncio se confirmó tras la visita de los vecinos a diputados miembros de esta comisión el miércoles 12 de diciembre, ocasión en la que denunciaron el forzado desplazamiento del que fueron víctimas por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros el pasado 21 de noviembre, desalojo que los tiene durmiendo, desde entonces, en un improvisado campamento a orillas de la carretera.

Durante el encuentro con los 13 diputados que conforman esta comisión presidida por la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática), los parlamentarios se comprometieron, además, a consultar a organismos como el MOP, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Contraloría General de la República, para que respondan una serie de inquietudes relacionadas con el proyecto. Así como también citar a los encargados de la construcción del embalse para que aclaren los últimos eventos ocurridos en esta comuna ubicada en la Provincia de Ñuble.

Acompañados de Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental y representantes de la organización Ñuble Libre, los afectados hicieron presente a los parlamentarios la difícil situación por la que atraviesan desde el 21 de noviembre pasado, cuando se produjo el desalojo y también para compartir lo que para ellos constituye una serie de irregularidades que, históricamente, ha presentado el proyecto Embalse Punilla en la comuna.

“Se debe aclarar el actuar del Estado y los responsables. Pedimos, además, que se revise el rol del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de las autoridades locales, que hasta la fecha no han tenido ningún acercamiento a las familias, explicó a INTERFERENCIA el abogado Frez.

“Sabemos que el MOP, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado, solicitó a los tribunales civiles de Chillán que autorizaran el desalojo. Pero ahora hay que saber qué autoridad en específico es la que solicitó este procedimiento policial”, agregó el profesional", explica abogado de las familias.

“Sabemos que el MOP, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado, solicitó a los tribunales civiles de Chillán que autorizaran el desalojo. Pero ahora hay que saber qué autoridad en específico es la que solicitó este procedimiento policial”, agregó el profesional.

La noche del 21 de noviembre fue larga para las cinco familias en la cordillera de San Fabián de Alico. Durante dos días, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros los desalojaron, prohibiéndoles el paso a sus terrenos que habían sido expropiados para los inicios de faena de la construcción del embalse Punilla. Con tres personas detenidas, se inició la demolición de sus casas.

En señal de protesta, marcharon por las calles de la comuna, rayaron las dependencias del municipio en contra del alcalde y su radical cambio de postura (ver reportaje de INTERFERENCIA) y levantaron un campamento donde siguen durmiendo hasta el día de hoy.

Ordenan suspender desalojos

El inicio de las obras parecía ir por un buen camino para la empresa italiana Astaldi, encargada del proyecto y que enfrenta una crisis económica en su país de origen, con una deuda de 2.000 millones de euros (cerca de US$ 2.300 millones), según cifras dadas a conocer por Diario Financiero. Sin embargo, el pasado viernes 7 de diciembre el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia ordenó suspender los desalojos. En forma unánime, el órgano acogió la medida cautelar prejudicial solicitada el día anterior, por 10 de los vecinos afectados, por no cumplir los acuerdos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El tribunal detalla que no se pueden realizar desplazamientos de futuros demandantes o posibles desalojados, sin dar cumplimiento antes a las medidas de mitigación, reparación y compensación contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En la determinación, el tribunal detalla que no se pueden realizar desplazamientos de futuros demandantes o posibles desalojados, sin dar cumplimiento antes a las medidas de mitigación, reparación y compensación contempladas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

“Para este Tribunal, el componente humano es uno de los más sensibles dentro de los impactos que pueden generarse con la ejecución del proyecto, por lo que el titular debe necesariamente actuar con la prudencia y mesura necesaria para no generar los efectos que el SEIA trató de evitar, mitigar o compensar, especialmente en el cumplimiento de las medidas dispuestas en la RCA. Esto es particularmente relevante cuando existe presencia de niños, adultos mayores y en general de grupos con fuertes vínculos territoriales”, se lee en su declaración.

Animales abandonados

Uno de los mayores problemas de no poder ingresar a sus terrenos se relacionaba con sus animales de las familias, que durante más de 20 días quedaron bajo responsabilidad de la empresa Astaldi.  

Si bien se presentó una querella por abandono animal, recién el pasado martes 12 de diciembre se obtuvo el permiso por parte del fiscal a cargo para acceder a uno de los terrenos. Ante esto, un equipo de veterinarios de la Clínica Integral de Chillán visitó el predio de Aliro López, uno de los afectados. El panorama que encontraron fue desolador.

Murieron casi 200 gallinas. De los 11 gansos que ingresaron, quedan sólo cinco adultos más uno pequeño. Diez vacas se encontraron en evidente estado de desnutrición, además de presentar diferentes enfermedades como resfrío, cataratas y diarrea, según un comunicado de la organización Ñuble Libre.

“La empresa Astaldi se comprometió a llevarse a los animales, a mantenerlos con los cuidados básicos y ayer nos encontramos con un informe totalmente contrario”, dice Frez.

Publicado por interferencia.cl