EL ITIHUE

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal dictó hoy –lunes 28 de agosto– sentencia definitiva en contra siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado del cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y del director de prisiones, a la época de los hechos, Littré Abraham Quiroga Carvajal. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en Santiago. La Corte Suprema dictó hoy –lunes 28 de agosto– sentencia definitiva en contra siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado del cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y del director de prisiones, a la época de los hechos, Littré Abraham Quiroga Carvajal. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en Santiago. En fallo unánime (causa rol 7.885-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministro Haroldo Brito, Jorge Dahm, la ministra Eliana Quezada y las abogadas (i) Carolin

  Abogados de DDHH presentarán un recurso de nulidad por la decisión de la Corte Suprema que rechazó el requerimiento que pidió un control de convencionalidad. Además, la Defensoría Popular solicitó al TC que se pronuncie sobre la normativa. La controvertida Ley Nain Retamal no sólo ha generado preocupación en el mundo de los derechos humanos. También ha puesto en el centro del debate la decisión que debe adoptar el Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la norma y, al mismo tiempo, a la Corte Suprema que con la decisión de rechazar el requerimiento que pidió un control de convencionalidad, se expone a ser acusada de “notable abandono de deberes”. Abogados de derechos humanos trabajan en la presentación de un recurso de nulidad de orden público internacional por la decisión adoptada por el Pleno de la Corte Suprema que rechazó este control de convencionalidad presentado el 28 de abril, en el que se pidió que el máximo tribunal determinara si la normativa se ajusta a l

  En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación interpuesto por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 por concepto de daño moral, a Jaime Rodrigo Bórquez Leichtle, quien fue detenido junto a su madre cuando tenía solo 8 años de edad, por agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 12 de diciembre de 1974. La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante y, en sentencia de reemplazo, condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a Jaime Rodrigo Bórquez Leichtle, quien fue detenido junto a su madre cuando tenía solo 8 años de edad, por agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 12 de diciembre de 1974. En fallo unánime (causa rol 862-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antoni

• Sin embargo, no implica que pueda construirse, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema. Además, esta votación es apelable ante el Comité de Ministros. • En la votación se platean condiciones para aprobación definitiva. Pasando por alto los recursos de casación que están pendientes en la Corte Suprema y que podrían terminar rechazando definitivamente el proyecto, el gobierno de Sebastián Piñera dio una señal clara sobre su falta de compromiso con la protección del Archipiélago de Humboldt y aprobó con condiciones el proyecto minero portuario Dominga, de propiedad del empresario Carlos Alberto Délano. En medio de manifestaciones en contra de la empresa ocurridas en las afueras de la intendencia de Coquimbo, la Comisión de Evaluación Ambiental llevó a cabo la votación vía telemática, a pesar de que existen recursos judiciales pendientes. La instancia, conformada por diez secretarios regionales ministeriales, el delegado presidencial y la dirección regional del Servicio de

La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema ha informado a favor de dar curso al   Exhorto   Internacional No 45.128-2021 de 8 de julio que comunica la reapertura del proceso por lavado y alzamiento de bienes de Pinochet por parte del Banco de Chile. Los hechos, ocurridos entre 1998 y 2003 en las sucursales del Banco en Miami y Nueva York, consistieron en burlar la   orden de embargo   cautelar del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de España de los bienes del dictador Pinochet al día siguiente de su detención en Londres a efectos de extradición y enjuiciamiento, a fin de asegurar su responsabilidad civil por los crímenes de genocidio, terrorismo y torturas sistemáticas por los que aquel fue   declarado reo . El Banco maquinó en 2010 que los mismos hechos y personas estaban siendo investigados en Chile a fin de paralizar el proceso en España. La resolución  del Ministro de Fuero  D. Juan Manuel Valderrama de 13-07-2012  ha declarado que eran distintos. El  Auto de 13 de enero de 2021  qu

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo formalizados en contra de la sentencia que condenó a los agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) César Manríquez Bravo, Ciro Torré Sáez y Miguel Krassnoff Martchenko a 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito de secuestro calificado del contador Néstor Alfonso Gallardo Agüero, detenido el 28 de septiembre de 1974, en el marco de la denominada “Operación Colombo”. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó las causales esgrimidas por los recurrentes para invalidar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que condenó a los exagentes. ‘1.- Que la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, fue una estructura organizada, jerarquizada, con medios propios, recintos de detención, etc., a cargo de un Director General, quien ejercía el mando nacional y al cual se encontraban supeditados todos sus miembros. Las Operacion

- La Fiscalía Regional de Ñuble informa que la Fiscal Regional, doña Nayalet Mansilla Donoso, presentó ante la Excma. Corte Suprema una queja disciplinaria en contra de don Juan Pablo Nadeau Pereira, fiscal judicial subrogante de la Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán. - Dicha queja dice relación con graves faltas disciplinarias cometidas por aquel funcionario en el marco de la vista de un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marcelo Campos Henríquez, imputado formalizado por los delitos de cohecho y violación de secretos en la arista Chillán de la llamada causa Luminarias LED. - El señor Nadeau integró la sala del tribunal de alzada que conoció de dicho recurso a pesar de haber manifestado, con anterioridad, pronunciamiento sobre la cuestión pendiente en el contexto de la labor desarrollada por él como sumariante en la investigación administrativa interna seguida en contra del señor Campos, en su calidad de juez de Policía Local de Pemuco, p

El pleno de la Corte de Apelaciones de Chillán aplicó hoy –viernes 7 de mayo– la máxima sanción administrativa; es decir, la suspensión de funciones por cuatro meses, y elevó los antecedentes a la Corte Suprema para que evalúe la remoción del cargo, del juez de policía local de Pemuco, Marcelo Iván Campos Henríquez, actualmente en prisión preventiva, imputado como autor de los delitos consumados de cohecho y violación de secretos, en el denominado caso “Luminarias”. En fallo unánime (causa rol 909-2020), la Sala de Pleno del tribunal de alzada –integrado por los ministros Guillermo Arcos, Claudio Arias y Paulina Gallardo– aprobó el informe final evacuado por la fiscalía judicial y acordó sancionar Campos Henríquez por faltar gravemente al principio de integridad que debe regir la conducta del cargo de juez de policía local, afectando no solo al tribunal en el cual servía, sino que, además, a la correcta administración de justicia y a la confianza de la ciudadanía en los tribunales. “

  San José, 6 de noviembre de 2020.- En la Sentencia del Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile notificada el día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión (artículo 13), a las garantías judiciales (artículo 8.1, 8.2.b y 8.2.c), y al principio de legalidad (artículo 9), en relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos (artículo 1.1) y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2), en perjuicio del Juez Daniel David Urrutia Laubreaux.  El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí .  En el año 2004, la Corte Suprema de Justicia de Chile autorizó al señor Urrutia Laubreaux, entonces Juez de Garantía de Coquimbo, a asistir al “Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democr