Operación Huracán y Operación Paciencia, la Opción de Chile por el Terrorismo de Estado

Este 23 de septiembre el Estado de Chile, a través del ministerio del interior, la corte de apelaciones de Concepción, Valdivia y Temuco, en conjunto con la dirección de inteligencia de carabineros, desataron una cacería a destacados militantes del movimiento mapuche del Ngulumapu[1] denominada “Operación Huracán”. Al más puro estilo de las series policiacas de Hollywood y claramente influidos (podría pensarse) por las recientes catástrofes socio naturales que han dejado el paso por Estados Unidos del huracán Irma y en Puerto Rico del Huracán María. Con todo el despliegue que un buen top show estilo “133” o “Alerta Máxima” dispondría, policías de civil, camionetas blindadas, armamento de guerra, trajes de camuflaje y una gran cuota de violencia descontrolada, fueron allanadas viviendas, se efectuaron detenciones callejeras y nuevamente la presencia de niñxs mapuche no fue motivo para menguar la violencia ni menos evitar gases lacrimógeno. [2]

El Contexto de las detenciones:

El día de las detenciones, el sábado 23 de septiembre los PPM (Presos Políticos Mapuche) del Caso Iglesias Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo cumplían 109 días en huelga de hambre líquida, exceptuando a Benito quién estuvo una semana en huelga seca, lo cual le ha generado ser el más complicado de los cuatro huelguistas. La operación huracán y el show mediático ha querido invisibilizar la que quizás sea la huelga de hambre mapuche más larga de la democracia, la más reprimida, perseguida y machacada por el Estado de Chile, de la mano en esta ocasión del segundo gobierno socialista de Michelle Bachelet.

En condiciones sumamente críticas, con dos visitas e informes de salud por parte del colegio médico a partir del día 100[3] con informes médicos periódicos y diarios de la médica Aylin Curihual, con la visita del sacerdote jesuita Felipe Berríos, visita del candidato a la presidencia Alejandro Navarro ya en el día 112, emplazamientos desde Amnistía Internacional, desde la comunidad de historia mapuche, desde la agrupación de académicos(as) de Chile, una solicitud de solución en conferencia de prensa desde la catedral de Concepción por monseñor Fernando Chomalí, petición a la que se ha sumado el obispo de Temuco Hector Vargas, emplazamientos y muestras de solidaridad desde parlamentarios de Podemos en España, muestras de solidaridad desde distintos pueblos originarios de Abya Yala y, en suma, una preocupación generalizada al rededor del mundo en total rechazo a la utilización de Ley Antiterrorista en contra de personas mapuche, cómo ha sido la tónica en más de 20 años de gobiernos post dictatoriales. En medio de esta batalla político-carcelaria entre gobierno y huelguistas mapuche, en medio de una lucha titánica por visibilizar la ocultada huelga por los medios de comunicación oficiales, una lucha contra el tiempo y con un aumento constante y acelerado del deterioro de salud de los cuatro mapuche procesados ocurre la denominada por las policías y el gobierno como “operación huracán”.

¿Por qué en este momento? La evidente respuesta a esta pregunta es que esta acción represiva se realiza para golpear al movimiento mapuche que en constante alza comienza a convulsionar diferentes territorios y ciudades en solidaridad con los huelguistas del caso iglesias: Toma a la sede de la CONADI en Santiago, toma de la cátedral de Concepción, toma de la catedral de Cañete, encadenamiento en la catedral de Temuco, barricadas a diario y en distintos lugares del Wallmapu, y visitas desde todos los rincones al campamento montado por el movimiento de estudiantes secundarios mapuche a las afueras de la cárcel de Temuco, lugar que se convirtió en una especie de centro de articulaciones y comunicaciones para los familiares, dónde se acumulaba el newen (fuerza) y el apoyo constante a los huelguistas, finalmente éste lugar que fue testigo de un gran trawün (encuentro) el 20 de septiembre a 106 días de la huelga de hambre, fue desalojado por FFEE la madrugada del 23 de septiembre, comenzando así el golpe desde el estado a la huelga. Lo cierto es que a pesar del duro golpe represivo el movimiento y la solidaridad estuvo lejos de menguar, concentrándose una vez más la fuerza en apoyar a los huelguistas, sumándose ya desde la cárcel los detenidos de la operación huracán a la huelga de hambre, tres de los presos del caso Luchsinger Mackay y los presos de la cárcel de Lebu, dándose a entender de esta manera que las acciones policiales represivas y comunicacionales del gobierno no hacen más que apagar el fuego con bencina y acrecentar la rabia organizada contra estas maniobras contrainsurgentes.

La operación huracán por dentro

El 25 de septiembre, dos días después de la ejecución de “inteligencia” efectuada por carabineros el canal estatal TVN en su noticiero central difunde un reportaje llamado “la operación huracán por dentro”, contando con grabaciones policiales de cada una de las detenciones realizadas tanto en Concepción, Temuco y Los Ángeles[4], dando a conocer a toda la opinión pública el éxito de meses de investigación y peritaje a conversaciones de Whatsapp y Telegram, entendiéndose esta acción como el arduo y efectivo trabajo de la dirección de inteligencia de carabineros y la limpia ejecución de las detenciones. Carabineros cumpliendo con uno de los anhelos más grandes de los dueños de transportes y la multigremial de la Araucanía. El mensaje desde el gobierno es claro: se ha desarticulado las cúpulas de la CAM y Weichan Auka Mapu. Una operación comandada desde la ANI y amparada en la ley de inteligencia[5] que faculta a jueces para entregar órdenes directas de detención a carabineros.

Se detuvo selectivamente a ocho personas, en su mayoría, destacados militantes de la causa mapuche vinculadas a la recuperación de cultura y territorio, personas politizadas y preparadas con una fuerte convicción respecto de las demandas que ha levantado el pueblo mapuche desde el fin de la dictadura. Se les detuvo tras una investigación de seis meses donde la prueba principal son conversaciones vía whatsapp y han sido formalizados por asociación ilícita y delitos de carácter terrorista (Ley Antiterrorista 18.314). El objetivo es detener los ataques incendiarios a maquinaria forestal y camiones en el Biobío, la Araucanía y la región de Los Ríos como han señalado las autoridades. En este marco la dirección de inteligencia de carabineros actuó el día 23 de septiembre amparados en la ley de inteligencia y bajo las órdenes de la ANI.

Esta es la segunda vez que el gobierno de Chile declara públicamente la ejecución y autoría de una operación de inteligencia en contra de personas ligadas al movimiento mapuche. La primera de estas maniobras es conocida como “Operación Paciencia” y fue ejecutada entre los años 2002 y 2004 por el gobierno de Ricardo Lagos, siendo importante aclarar las diferencias y similitudes de esta operación con la actual, en primer lugar ambas declaradas de manera pública a la sociedad civil, con amplia movilización de contingente policial y una cobertura especialmente mediática en torno a un discurso antiterrorista. Lo concreto es que esta acción fue realizada para desarticular a la C.A.M. y a su militancia más activa, ya siendo encarcelado y procesado bajo la Ley antiterrorista uno de los nuevamente apresados en la operación huracán sindicado como líder de la misma organización, sumando hoy la supuesta desarticulación del grupo Weichan Auka Mapu, sin embargo donde no hay datos ni pruebas que demuestren aún personas relacionadas con este grupo.

La operación paciencia significó una gran inyección de dinero en materia represiva para carabineros y el aparato judicial de la zona dónde han resurgido las reivindicaciones territoriales, siendo en ese entonces jefe de inteligencia el general Bruno Villalobos, hoy actual director nacional de dicha institución. Llegando con una inusitada cantidad de proyectos sociales canalizados a través de MIDEPLAN y la CONADI, en colaboración con grupos mapuche de gobierno y comunidades generalmente más empobrecidas que eran ayudadas con diversos programas de asistencia englobados en el conocido “Programa Orígenes”, destinado a revertir la completa situación de pobreza en la cual se encontraba y encuentra la población de pueblos originarios del país, en donde los mapuche son el porcentaje más elevado según censo del año 2002 alcanzando un 87%. “El instrumento legal que dio origen al Programa es el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda (D.S.) N° 237, del 13 de marzo de 2001, en que se autoriza la contratación de Crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de US$ 34.800.000 dólares”.[6] Coincidiendo Programa Orígenes y Operación Paciencia desde el año 2002 al 2004 aproximadamente bajo el gobierno de Lagos, implementando programas sociales en comunidades pro gobierno y aplicando allanamientos, procesos y ley antiterrorista en las comunidades en resistencia y recuperaciones territoriales autónomas, enfrentadas en gran medida contra los dueños de fundos y las forestales presentes en la zona. Se deja entrever los intereses políticos y económicos colonizadores por parte del estado de Chile, cuestión que se ha mantenido y que hoy con la Operación Huracán vemos aún más lejos su retirada.

A comienzos de la segunda administración Bachelett se dio a conocer por la CIDH el fallo condenatorio en contra del estado de Chile por la violación a los derechos humanos en los casos de detenciones y aplicación de ley antiterrorista en los mapuche encarcelados producto de la Operación Paciencia. El historiador Fernando Pairicán aclaraba que “La totalidad de los acusados en estos tres juicios[7] eran importantes actores políticos del movimiento mapuche y específicamente integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). En el caso particular de Aniceto Norin, Pascual Pichun y Juan Ciriaco Millacheo, Longko de sus respectivas comunidades, es decir, autoridades tradicionales que según la declaración de los derechos de los pueblos de la ONU, tiene una consideración particular al ser representantes de una nación originaria. En el caso de Víctor Ancalaf y José Huenchunao, emblemáticos voceros de la CAM y de sus comunidades particulares. En ese sentido, la criminalización a la protesta mapuche es, desde la perspectiva del CIDH, una persecución política abierta a los integrantes del movimiento mapuche”.[8]

Hoy vemos como nuevamente son perseguidos y encarcelados integrantes destacados del movimiento mapuche, dejando en evidencia las mismas lógicas de la operación paciencia, más no sabemos los alcances de esta arremetida y el financiamiento con el cual contará, las facultades que logrará carabineros donde quieren equiparar niveles de impunidad vía legislación de protección de identidades como la división especial de carabineros antinarcóticos OS7, operación que se entrecruza con el proceso de consulta indígena, que por lo demás bajo este contexto represivo no es posible vaticinar buenos resultados, en tanto que como estrategia para dividir a las comunidades en conflictivas y pacíficas no importaría demasiado la masividad sino el levantamiento de agentes claros a los cuales financiar, y de tal manera aislar a aquellas que reclaman y ejercen con total autonomía del gobierno sus procesos reivindicatorios, dejando en claro el rechazo a las forestales, centrales de paso, proyectos mineros, embalses y cuanta propuesta destructora de la tierra que pretenda instalarse en territorio mapuche.

Los efectos de este ataque represivo aún están por verse, mientras podemos relevar que según datos de un informe requerido por el senador Alejandro Navarro, desde el estreno de la Ley de Inteligencia, la creación de la ANI y la Operación Paciencia han sido 65 los PPM procesados y secuestrados preventivamente bajo ley antiterrorista que en los retardados juicios han sido completamente absueltos. Se destaca “el llamado “caso lonkos”. Víctor Ancalaf, José Huenchunao, Jaime Marileo, Patricio Marileo, Ciriaco Millacheo, Aniceto Norín, Pascual Pichún y Patricia Troncoso fueron condenados por la ley antiterorrista y terminaron siendo absueltos luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anulara las condenas por violación a los derechos humanos por parte del Estado de Chile”.[9]

En más detalles el estreno de la operación paciencia en ese entonces significó la intervención de escuchas telefónicas, la utilización de testigos sin rostro y la implementación de informantes e infiltrados, siendo el más conocido Raúl Castro Antipán en el conocido caso Peaje Quino donde confesó “que le entregaba información a Carabineros más de una vez por semana desde febrero de 2009, que le informó a la institución el atentado a un Tur Bus antes de que ocurriera y que se convirtió en infiltrado a los 18 años, después de ser descubierto por robo de armamento mientras hacía el servicio militar en Coyhaique”.[10] El hostigamiento y ataque a medios de comunicación independientes, la persecución de redes de apoyo y la sofisticación de los equipamientos de las fuerzas especiales militarizadas que se apostaron en las forestales y en los caminos hacia las comunidades, casetas de carabineros en sectores rurales, instalación de campamentos policiales e incluso bases altamente equipadas como el ex recinto escolar de Pailahueque[11].

En la operación huracán se ha realizado casi a calco la misma lógica de persecución a mapuche que han hecho de la recuperación de tierra y cultura una lucha política organizada, con una fuerza y rebeldía jamás asimilada por el estado de Chile. Hoy encarcelan a 8 personas en un intento judicial y mediático por opacar la huelga de hambre del Lonko Alfredo Tralcal, Pablo, Ariel y Benito Trangol en el llamado caso iglesia, en dónde el gobierno ha anunciado la modificación de la ley antiterrorista bajo los parámetros de la legislación internacional y convenida en el respeto a los derechos humanos, ha retirado su participación como querellante en este caso y los PPM Alfredo Tralcal, Pablo y Benito Trangol han depuesto la radical medida a 116 días, continuando en huelga de hambre Ariel Trangol por desconfiar de las palabras del ejecutivo. Esperando así ratificación en el cambio de las medidas cautelares por tribunales de garantía de Temuco en audiencia preparatoria el próximo 10 de octubre. La pregunta que nos cabe enfatizar es ¿De qué manera se va reformular la ley antiterrorista al código procesal penal actual? ¿Serán las mismas disposiciones de la ley antiterrorista ahora con otro nombre que desmarque su origen pinochetista? ¿Cuál será la estrategia del Estado?

Ante lo cual sólo podemos concluir que tanto con la operación paciencia como ahora con la operación huracán el Estado de Chile ha optado por el terrorismo estatal.

Por anónimx.  

Referencias

Nuevamente represión policial termina por agredir a infancia y adolescencia mapuche http://www.mapuexpress.org/?p=20746

[Video Conferencia] Colegio Médico da a conocer informe de la grave situación de los PPM en huelga de hambre.   https://radiokurruf.wordpress.com/2017/09/14/video-conferencia-colegio-medico-da-a-conocer-informe-de-situacion-ppm-en-huelga-de-hambre/

Así fue la “operación huracán” por dentro  http://www.24horas.cl/nacional/asi-fue-la-operacion-huracan-por-dentro--2514600

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PROGRAMA ORÍGENES MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN http://www.dipres.gob.cl/595/articles-139541_informe_final.pdf

El fallo de la CIDH y la deuda pendiente: libertad a los presos políticos mapuche https://www.mapunet.org/editorial/index.html

65 comuneros mapuche han sido absueltos de casos de “violencia rural” en los últimos 12 años  http://www.eldesconcierto.cl/2017/09/27/65-comuneros-mapuche-han-sido-absueltos-de-casos-de-violencia-rural-en-los-ultimos-12-anos/

Nueva base en Pailahueque: Refuerzan militarización de La Araucanía para asegurar proyectos energéticos  http://www.mapuexpress.org/?p=7396

Publicado por https://radiokurruf.wordpress.com