· El senador y precandidato presidencial de partido País dijo que, “ahora sabemos que la industria pesquera no solo entregó dinero a diputados, senadores y ministros de la época, sino que también entregó 82 millones al presidente de la República, Sebastián Piñera, siendo durante su gobierno donde se tramitó la ley”.
· Asimismo fue enfático en mantener sus dichos “tal como señale cuando fui censurado de la testera del Senado: no renuncio ni me retracto. La ley de pesca es una ley espuria, es una ley que simboliza la ilegitimidad en que se encuentra el Congreso, por lo que espero en este último año que queda de Gobierno, la Nueva Mayoría anule esta ley que ha sepultado la política”.
Luego de que se diera a conocer un documento del Servel entregado al Ministerio Público en el que están los montos que recibieron 35 políticos de seis pesqueras, para las campañas electorales de 2009 y 2013, el senador y precandidato presidencial, Alejandro Navarro, insistió en que el gobierno debe dar suma urgencia al proyecto de ley que busca anular la actual ley de pesca.
Para el senador de partido País “parece increíble que a pesar de la abrumadora evidencia de corrupción, cohecho y sobornos que hubo durante el proceso de elaboración y tramitación de la ley de pesca, esta siga vigente beneficiando a la gran industria y perjudicando a los pescadores artesanales”.
“Porque junto a ser una ley corrupta desde sus bases, es también una ley que ampara la depredación de nuestros recursos pesqueros en beneficio de la gran industria, dejando a los pescadores artesanales y a la población en general, en una condición de inseguridad laboral y alimentaria”.
“Una ley que legitimó métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, priorizando las ganancias fáciles y rápidas de la pesca industrial, una ley en donde la propiedad de los peces recae en quiénes se adjudicaron el permiso para pescar durante un plazo de 20 años, renovables. Una ley que permitió a Corpesca capturar sardina española y anchoveta dentro la franja reservada a la pesca artesanal, en definitiva, una ley que está depredando el mar”, argumentó.
Respecto de los nuevos antecedentes que dan a conocer de forma explícita los montos recibidos por 35 políticos de distintos partidos, Navarro indicó que, “ahora sabemos que la industria pesquera no solo entregó dinero a diputados, senadores y ministros de la época, sino que también entregó 82 millones al presidente de la República, Sebastián Piñera, siendo durante su gobierno donde se tramitó la ley”.
Para el senador Navarro “este escenario deja en juego la legitimidad de los poderes del Estado, por lo que yo espero haya una reacción contundente, no solo del Gobierno, sino que también de los presidentes de ambas Cámaras, que de seguir haciendo oídos sordos, pasarán a la historia de Chile como cómplices de toda esta corrupción”.
Es por esto que para Navarro “anular la ley de pesca y hacer una nueva ley es un imperativo ético, moral y político, el cual el gobierno de la presidenta Bachelet debe asumir”.
Para el parlamentario “no existe diferencia entre boletas por servicios prestados, boletas ideológicamente falsas, aportes reservados y aportes irregulares, pese a ser unos legales y otros ilegales, todos son igual de inmorales”.
En este sentido agregó que “seamos francos, la donación secreta, jamás se trató de un acto de beneficencia ni de una acción desinteresada de querer aportar a la política, al contrario, su propósito era generar influencia en el Poder Legislativo, infringiendo completamente el espíritu de la democracia”.
Para el legislador “aquí el problema de fondo tiene origen el año 2003 cuando por medio de un acuerdo, se legalizaron los aportes de empresas a la política. En esa época lo dijimos: en esto está comprometido el conjunto de la clase política, este es un estigma que va a continuar mientras se permitan las donaciones anónimas de empresas a la política y no se cambie esta ley”.
“Dicho y hecho” –prosiguió- “hoy tenemos una clase política que no supera el 10% de aprobación, producto del contubernio que hay entre la política y los empresarios”.
Para el senador por la Región del Biobío “la única solución a esta crisis política, es transparentar todos los aportes reservados hechos por empresas y triangularlos con votaciones, así podremos terminar con este gota a gota que sigue sepultando la política”.
Censura de la Vicepresidencia del Senado
El senador Alejandro Navarro recordó que “cuando pedí sincerar los aportes de realizados por las pesqueras a todo el espectro político, teniendo plena conciencia que un grupo de senadores habían votado en contra de la Ley de Pesca, hubo una sobre reacción, muchos se escandalizaron, por lo que fui censurado de la Vicepresidencia del Senado”.
“Hoy los porfiados hechos me dan la razón, sacando la verdad a la luz, lo que confirma que la Ley de Pesca es una ley viciada”, agregó.
Recordemos que el senador Alejandro Navarro fue censurado de la testera del Senado el 1 de julio del año 2015, tras emplazar a senadores y diputados, tanto de oposición como de la Nueva Mayoría, ‘a que aclaren si es que fueron las pesqueras quienes financiaron sus campañas’, sustentados en que el SII dio a conocer un listado de empresas pesqueras que hicieron donaciones a la política entre las que figura Corpesca y otras’”.
En este sentido Navarro fue enfático en mantener sus dichos “tal como señale cuando fui censurado de la testera del Senado: no renuncio ni me retracto. La ley de pesca es una ley espuria, es una ley que simboliza la ilegitimidad en que se encuentra el Congreso, por lo que espero en este último año que queda de Gobierno, la Nueva Mayoría anule esta ley que ha sepultado la política”.
El forcejeo por el agua de Ñuble
ResponderEliminarSin duda el presidente de la sociedad nacional de agricultura, tiene razón al señalar que con el nuevo código de aguas lo que está en juego es la propiedad del recurso en Chile.
Declaración hecha en el encuentro realizado este viernes con canalistas de Ñuble en la media luna de Chillán. Sin embargo, donde se equivoca es en afirmar que los propietarios de las aguas son los medianos y grandes empresarios agrícolas. Pues el agua en la mayoría de los países del mundo, es un bien nacional se usó público de propiedad del estado, quién representa los intereses de toda la sociedad.
El estado puede otorgar derechos de uso a agricultores para que desarrollen sus actividades productivas, eso nadie lo puede negar. Pero lo que es inaceptable es que un pequeño grupo de empresarios se apropien de un recurso natural que nos pertenece a todos los chilenos.
En las exposiciones de los dirigentes de la sociedad nacional de agricultura, queda en evidencia que únicamente están interesados en proteger sus intereses empresariales, dejando al margen aspectos esenciales del problema como es el cambio climático, la desaparición de los glaciares, la disminución de los caudales de los ríos, la vida de la fauna que depende de estos, la vegetación nativa de las riberas de los causes, etcétera, etcétera...
Tampoco se observa preocupación por la tecnificación del riego, para hacer más eficiente el uso del agua, como se ha hecho en otros países incluso de menor desarrollo que el nuestro.
Impresiona el desconocimiento o desafección por la importancia que tiene la existencia de reservorios de agua, en el mantenimiento de ecosistemas vitales para biodiversidad, como por ejemplo las lagunas cordilleranas, y un caudal ecológico mínimo, sin el cual mucha fauna nativa desaparecerá.
Se desconocen conceptos como el desarrollo de una agricultura sustentable, o de una agricultura amigable con el medio ambiente, como la practicada en países europeos, donde los agricultores reciben protección y recursos del estado a cambio de producir con prácticas agrícolas que no contaminen ni dañen el medio ambiente.
Ninguno de los exponentes nunca mencionó a la pequeña agricultura familiar campesina, y de cómo poder incorporarla al riego, no olvidemos que ella produce alrededor de un tercio de los alimentos que consumimos en nuestro país.
Es evidente que no es suficiente con las paginas web de organismo públicos como la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego, que no han logrado comunicar a la población en general que se pretende con la redacción del nuevo código de aguas, no puede ser que el debate del futuro de un recurso fundamental para la vida de un país, se encuentre tan encapsulado en un grupo de empresarios.
Por último esperamos que los legisladores responsables de aprobar el nuevo código de aguas, lo hagan cautelando los intereses de las grandes mayorías nacionales y del bien común, no dejándose persuadir por un grupo de empresarios que hasta el momento sólo muestran preocupación por su bienestar...